Madrid, 24 Enero de 2020.-(ECSAHARAUI)
Redacción ODHE/ECS
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| Muro marroquí construido en el Sáhara Occidental/Agencias |
La UE y sus Estados miembros tienen una responsabilidad sobre la ampliación de la ZEE de Marruecos, al haber legitimado y haberse beneficiado -a través de los Acuerdos pesqueros UE-Marruecos- de la inclusión de recursos marinos de un territorio pendiente de descolonización, por parte de las potencias ocupantes de iure, España, y de facto, Marruecos.
Cuestionar la ampliación de la ZEE marroquí a aguas españolas conllevaría cuestionar también la propia legitimidad de los barcos españoles a faenar en aguas saharauis a través del acuerdo de pesca UE-Marruecos.
El Parlamento Marroquí aprobó ayer las leyes 37.17 y 38.17 que amplían la ‘Zona Económica Exclusiva’ ZEE y la delimitación de su frontera marítima con España y Mauritania. Esta ampliación incluye las aguas adyacentes del Sáhara Occidental, un Estado No Autónomo pendiente de descolonización, lo que supone una flagrante vulneración del derecho internacional.
El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE) y el observatorio Shock Monitor denuncian el intento de anexión de las aguas territoriales del Sáhara Occidental por parte de Marruecos porque vulnera uno de los pilares jurídicos básicos del Derecho Internacional, la Carta de Magna de la Descolonización, con el objetivo de mantener una ocupación basado en la explotación ilegal de los recursos naturales del territorio saharauí a expensas de los derechos del pueblo saharauí a su territorio y sus recursos.
Naciones Unidas ha declarado a través de múltiples resoluciones que el Sáhara Occidental es un Territorio No Autónomo pendiente de descolonización y que por tanto, las potencias ocupantes de iure, España, y de facto, Marruecos, no tienen jurídiscción sobre el territorios y sus recursos naturales.
Naciones Unidas ha declarado a través de múltiples resoluciones que el Sáhara Occidental es un Territorio No Autónomo pendiente de descolonización y que por tanto, las potencias ocupantes de iure, España, y de facto, Marruecos, no tienen jurídiscción sobre el territorios y sus recursos naturales.
En base a la Carta y las resoluciones de Naciones Unidas, se han pronunciado también organismos internacionales como la Unión Africa (Resolución AHG.92 (XV) de 1979) y el Tribunal de Justicia Europeo (C-104/16P de 2016; C-266/16 de 2018; T-180/14 de 2018) que no reconocen la soberanía de Marruecos sobre el territorio saharauí ocupado.
El Derecho Internacional Humanitario (Regulaciones de La Haya de 1907; IV Convención de Ginebra de 1949, Protocolo Adicional I de 1977) prohíbe el saqueo y explotación de los recursos naturales para la obtención de beneficio económico, así como la destrucción del entorno medioambiental en contextos de ocupación militar, especificando que el Estado ocupante no adquiere soberanía sobre el territorio ocupado.
Pese a tener toda la legalidad internacional en contra, el Estado Español, todavía potencia administradora del Sáhara Occidental según Naciones Unidas, y la Unión Europea firmaron el 2018 un acuerdo pesquero con Marruecos, a través del cual 90 barcos españoles pueden faenar en aguas adyacentes al Sahara Occidental Ocupado a cambio de una contrapartida económica de 52 millones de euros anuales.
De esta manera, España y la UE contribuyen a la vulneración del Derecho Internacional y los derechos del pueblo saharauí sobre sus recursos naturales. La explotación ilegal de los recursos pesqueros por parte de Marruecos, España, la UE y otras potencias internacionales, supone además un obstáculo a la solución política del conflicto del Sáhara Occidental.
Cuestionar la ampliación de la ZEE marroquí a aguas españolas implicaría cuestionar la propia legitimidad de los barcos españoles a faenar en aguas saharauis a través del acuerdo de pesca UE-Marruecos.
Esta anexión, además de ser ilegal, pone en peligro los sobreexplotados ecosistemas marinos, así como la existencia de determinadas especies marinas en aguas Adyacentes al Sahara Occidental. Supone un golpe a los esfuerzos de la comunidad internacional y de la ONU en resolver pacíficamente el conflicto.
Compartimos dos informes recientes del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo que amplian la información aportada:
La dimensión legal de la ocupación del Sahara Occidental y sus recursos naturales.
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