Kamal Fadel. - Representante del Frente Polisario Nueva Zelanda y Australia.
El 15 de marzo de 2021, el Tribunal Superior de Nueva Zelanda dictó sentencia para el caso de Kamel Mohamed & Barton contra Guardians of New Zealand Superannuation, que se refiere a solicitud de revisión judicial de las inversiones del New Zealand Superannuation Fund en el Sáhara Occidental.
La solicitud de revisión judicial argumentó que la política de inversión ética de Guardians era ilegal y que habían incumplido su obligación de evitar perjuicios a la reputación de Nueva Zelanda, ya que no había tenido debidamente en cuenta la cuestión de si debería retener las inversiones del fondo en el Sáhara Occidental. Los demandantes solicitaron órdenes del Tribunal Superior que exige a los Guardians que reconsideren sus inversiones en el Sáhara Occidental, así como dejar de comercializar con fosfato saharaui para las granjas que financia el fondo.
El 15 de marzo de 2021, el Tribunal Superior de Nueva Zelanda dictó sentencia para el caso de Kamel Mohamed & Barton contra Guardians of New Zealand Superannuation, que se refiere a solicitud de revisión judicial de las inversiones del New Zealand Superannuation Fund en el Sáhara Occidental.
Una solicitud de revisión judicial relacionada con las inversiones del fondo asociadas al "fosfato de sangre" saharaui, que se extrae del Sáhara Occidental y se exporta por una empresa de propiedad marroquí, en contra de los deseos del pueblo saharaui. El fondo incluye una serie de inversiones en empresas que operan en el Sáhara Occidental, implicadas en la extracción de fosfato. El Fondo también posee una número de granjas que utilizan superfosfato suministrado por Ballance Agri-Nutrients Limited.
El Tribunal desestimó la solicitud de revisión judicial sobre la base de que la toma de decisiones de Guardians of New Zealand Superannuation estaba dentro del alcance de una amplia discreción que le otorgó Parlamento, y que la consideración de invertir en territorios saharauis es una cuestión de juicio de expertos en la que el Tribunal no interferiría. Sin embargo, el Tribunal aceptó que la importación de fosfato del Sáhara Occidental a Nueva Zelanda planteó un riesgo para la reputación de los intereses más amplios del país. Kamal Fadel, Representante del Polisario en Australia y Nueva Zelanda, dijo: ''Dado que El Tribunal Superior ha reconocido que la importación en curso de fosfato del Sáhara Occidental a Nueva Zelanda representa un riesgo para la reputación de los intereses de Nueva Zelanda, instamos a las empresas de fertilizantes de Nueva Zelanda y a todos los involucrados en el saqueo del fosfato del Sáhara Occidental a cesar el comercio''. Y añadió ''Seguimos animando al gobierno de Nueva Zelanda, a los inversores, a las empresas de fertilizantes y agricultores a reconocer los problemas éticos relacionados con la extracción de recursos del territorio ocupado del Sáhara Occidental, adoptar sin demora fuentes alternativas y detener cualquier actividad que apoye la ocupación ilegal de Marruecos''. Fadel solicitó una revisión judicial junto con Michael Barton, coordinador de Western Sahara Campaign New Zealand, una organización de voluntarios que aboga por temas relacionados con el Sáhara Occidental. La solicitud, que se oyó en octubre de 2020, es el primer reclamo de revisión judicial relacionada con el fondo de pensiones.
Guardians of New Zealand Superannuation es el organismo legal establecido para administrar y gestionar el fondo. El mandato legal de Guardians requiere que inviertan el fondo de una manera
que ''evita perjudicar la reputación de Nueva Zelanda como miembro responsable de la comunidad internacional'', así como desarrollar y adherirse a las políticas relacionadas con la inversión ética.
El Tribunal desestimó la solicitud de revisión judicial sobre la base de que la toma de decisiones de Guardians of New Zealand Superannuation estaba dentro del alcance de una amplia discreción que le otorgó Parlamento, y que la consideración de invertir en territorios saharauis es una cuestión de juicio de expertos en la que el Tribunal no interferiría. Sin embargo, el Tribunal aceptó que la importación de fosfato del Sáhara Occidental a Nueva Zelanda planteó un riesgo para la reputación de los intereses más amplios del país. Kamal Fadel, Representante del Polisario en Australia y Nueva Zelanda, dijo: ''Dado que El Tribunal Superior ha reconocido que la importación en curso de fosfato del Sáhara Occidental a Nueva Zelanda representa un riesgo para la reputación de los intereses de Nueva Zelanda, instamos a las empresas de fertilizantes de Nueva Zelanda y a todos los involucrados en el saqueo del fosfato del Sáhara Occidental a cesar el comercio''. Y añadió ''Seguimos animando al gobierno de Nueva Zelanda, a los inversores, a las empresas de fertilizantes y agricultores a reconocer los problemas éticos relacionados con la extracción de recursos del territorio ocupado del Sáhara Occidental, adoptar sin demora fuentes alternativas y detener cualquier actividad que apoye la ocupación ilegal de Marruecos''. Fadel solicitó una revisión judicial junto con Michael Barton, coordinador de Western Sahara Campaign New Zealand, una organización de voluntarios que aboga por temas relacionados con el Sáhara Occidental. La solicitud, que se oyó en octubre de 2020, es el primer reclamo de revisión judicial relacionada con el fondo de pensiones.
Guardians of New Zealand Superannuation es el organismo legal establecido para administrar y gestionar el fondo. El mandato legal de Guardians requiere que inviertan el fondo de una manera
que ''evita perjudicar la reputación de Nueva Zelanda como miembro responsable de la comunidad internacional'', así como desarrollar y adherirse a las políticas relacionadas con la inversión ética.
La solicitud de revisión judicial argumentó que la política de inversión ética de Guardians era ilegal y que habían incumplido su obligación de evitar perjuicios a la reputación de Nueva Zelanda, ya que no había tenido debidamente en cuenta la cuestión de si debería retener las inversiones del fondo en el Sáhara Occidental. Los demandantes solicitaron órdenes del Tribunal Superior que exige a los Guardians que reconsideren sus inversiones en el Sáhara Occidental, así como dejar de comercializar con fosfato saharaui para las granjas que financia el fondo.
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