Denuncian la insensibilidad del ministro de Exteriores ante la gravedad de Sultana Jaya, enferma de COVID.

El Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) denuncia el “nulo interés” de Exteriores por Sultana Jaya, enferma grave de COVID-19 y sin atención medica.

La familia Jaya lleva 299 días confinada en su casa sin orden judicial y asediada por agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Por Alfonso Lafarga.- Contramutis

Madrid (ECS).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha mostrado un “nulo interés” por la situación que padece la activista saharaui de derechos humanos Sultana Jaya, en grave estado tras resultar infectada por COVID-19 en un ataque a su casa por agentes marroquíes.

En el ataque perpetrado el 22 de agosto a su domicilio, uno de los múltiples que ha sufrido la familia Jaya, las hermanas Sultana, Um-Almumnin y Louaara fueron restregadas en boca y nariz con un trapo impregnado de sustancias desconocidas, tras lo que fueron advertidas de que no iban a durar ni diez días. Días después, las dos primeras dieron positivo en la prueba del coronavirus.

Desde entonces, Sultana y Um-Almumnin continúan recluidas en la casa, en Bojador, en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, desde hace 299 días, sin tratamiento médico y asediadas por agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes, aunque no hay orden judicial alguna que imponga el arresto domiciliario.

La situación de la familia Jaya, y en especial la de Sultana, la que más grave se encuentra, ha sido expuesta al ministro de Asuntos Exteriores en varias cartas entregadas por el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS), que se concentra todos los lunes por la mañana ante la sede del Ministerio, en la plaza de la Provincia de Madrid, para denunciar la situación que viven los presos saharauis en cárceles marroquíes, “con juicios farsa, largas e injustas condenas y torturas”, y pedir su libertad.

En una de las cartas se pidió “encarecidamente” al ministro que rescatase a las dos hermanas con COVID-19 y que las trajese urgentemente a España para recibir la atención médica necesaria.

Se relató al ministro que sistemáticamente la casa de la familia Jaya aparece con heces, residuos podridos o productos tóxicos vertidos por la policía en la fachada, la puerta o por las ventanas al interior de la vivienda: “Con las incursiones de la policía en la casa para destruir todos los enseres, robar, violarlas en una ocasión y abusar sexualmente de ellas en otra, también han aprovechado los agentes para infectar todo el interior de la casa con esos productos tóxicos y aguas residuales que podrían ser motivo de enfermedad”.

España dice que defiende los derechos humanos

En la carta entregada el 13 de septiembre se dice a José Manuel Albares que es decepcionante “el nulo interés” de su Ministerio por Sultana Jaya, “una mujer muy enferma y desatendida”, víctima, lo mismo que su familia, de “ataques salvajes de las fuerzas de ocupación marroquíes”.

Se agrega que el Gobierno de Pedro Sánchez “dice que defiende los derechos humanos y suele denunciar su vulneración”, o trae a refugiados como ha hecho recientemente, “pero no consta ni un solo gesto por el que España haya denunciado o intentado suavizar la situación de los presos políticos saharauis. Es un tabú”.

El MPPS empezó a acudir ante el Ministerio el 1 de marzo para denunciar la situación del preso Mohamed Lamin Haddi -que mantuvo una huelga de hambre de 69 días, estuvo después un largo tiempo desaparecido,y del que la familia no tiene noticias desde el 16 de julio-, y la situación de otros presos, como es el caso de El Bachir Khadda, Abdellahi Abhah y el propio Mohamed Lamin Haddi, que sufren aislamiento desde septiembre de 2017.

También se ha destacado el caso de Yahya Mohamed el Hafed Iaaza, culpado en 2008 tras acudir a una manifestación en Tan Tan para celebrar el aniversario de la RASD y fue acusado de un homicidio y condenado a 15 años: “Ha pasado por torturas, aislamientos, desatención médica a pesar de su asma y anemia crónicas. Protagonizó varias huelgas de hambre, la última desde el 3 de julio hasta el 18 de agosto por el maltrato que soporta y por un nuevo traslado de prisión, más lejos de su familia”.

El MPPS considera que España tiene un doble compromiso: “con los derechos humanos allá donde se conculquen, como aseguran nuestros propios gobernantes; y con el Sáhara Occidental por seguir siendo España, de iure, la potencia administradora”, por lo que “debe mediar ante Marruecos para que cese la vulneración de los derechos humanos”.