El Ministro de Agricultura español anuncia que recurrirá la anulación de los acuerdos UE-Marruecos que arruinaron al sector agrícola español debido a la competencia desleal ejercida por Marruecos rebasando las cifras de exportación.
H. Mohamed.
ECS. Madrid. | El ministro español de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado el pasado miércoles que España recurrirá la sentencia del TUE que anula los acuerdos comerciales UE-Marruecos que incluyen el Sáhara occidental. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, lo dejó claro con más claridad el pasado domingo al afirmar que "España va a recurrir las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que invalidan los acuerdos de asociación y pesca entre la UE y Marruecos, según recoge El Confidencial en un extenso artículo del especialista en el Magreb Ignacio Cembrero. Unas declaraciones que también fueron confirmadas de nuevo este martes por el Ministro de Agricultura, Luis Planas, ignorando que en virtud del acuerdo cancelado, Marruecos rebasaba las cifras de comercio permitidas y hundía el mercado europeo dañando severamente al sector hortofrutícola español, que lleva meses solicitando la intervención de su gobierno para proteger sus intereses y beneficios.
No obstante, el Ministro de Agricultura se encuentra ante un conflicto de intereses y de lealtades, no sabe si debe representar y proteger los intereses de los agricultores y ciudadanos españoles o su documentada lealtad e inclinación a favor de Marruecos, como ya filtró Wikileaks cuando éste ejercía de embajador en Rabat donde intentó ayudar al régimen marroquí a presentar su pseudo Plan de Autonomía. Incluso desde un punto de vista económico, las pérdidas son mucho más cuantiosas por el exceso de tomate saharaui etiquetado como marroquí en el mercado español que las posibles pérdidas derivadas de la pesca. Una posición española que tendrá poco recorrido judicial y que solo se puede entender en el marco de complacer a Marruecos dadas las tensiones reinantes.
El Gobierno de Pedro Sánchez pedirá además a las instituciones europeas que recurran ante el Tribunal de Justicia de la UE la sentencia del Tribunal General que anula los acuerdos comercial y pesquero con Marruecos, según fuentes diplomáticas citadas por El País y confirmadas posteriormente por los ministros de exteriores y agricultura. En otras palabras, España se ha convertido en el defensor de quien incumple un tratado de comercio internacional que afecta directamente a los intereses españoles, aunque dado que se trata de la monarquía marroquí, la violación de las leyes y acuerdos es su seña de identidad. Cabe destacar que la sentencia fue celebrada y acogida con satisfacción por las organizaciones del gremio agricultor español como COAG y la UPA, que han observado como su sector era perjudicado por la competencia desleal desarrollada por Marruecos y abandonados indefensos ante la indiferencia y rechazo de sus razonables reivindicaciones por parte de España y la UE.
La propia sentencia, que da la razón al Frente Polisario y al pueblo saharaui, suspende por un plazo máximo de dos meses su aplicación, con el argumento de que la anulación de los acuerdos con Marruecos “con efectos inmediatos podría tener graves consecuencias sobre la acción exterior de la Unión y poner en cuestión la seguridad jurídica de los compromisos internacionales asumidos por esta”, según El País.
España quiere que el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros, aproveche esta moratoria de dos meses para presentar un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE, que es la instancia superior al Tribunal General, con sede en Luxemburgo. El objetivo es que, una vez admitido a trámite el recurso, el Tribunal de Justicia suspenda cautelarmente la sentencia hasta su pronunciamiento definitivo, que podría demorarse al menos un año, según las fuentes consultadas.
La anulación de los acuerdos entre la UE y Marruecos tiene una incidencia directa para España, que es el primer socio comercial del país vecino y cuya bandera enarbolan 91 de los 128 barcos europeos que faenan en aguas del Sahara Occidental. La decisión judicial se produce además en un momento crítico para las relaciones entre Madrid y Rabat, cuando aún no se ha cerrado definitivamente la crisis diplomática que se desencadenó a raíz de la acogida en España por razones humanitarias (sufría una afección grave por coronavirus) del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, y del permiso de entrada irregular por parte de Marruecos de más de 10.000 inmigrantes en Ceuta a partir del 17 de mayo.
El objetivo de Exteriores es convencer a las autoridades marroquíes de que se trata de una decisión de las instancias judiciales europeas a la que el Gobierno español no solo es absolutamente ajeno sino que, además, está en desacuerdo con la misma; e intentar que este revés no perjudique el proceso de normalización diplomática entre los dos países tras las amenazas de Marruecos.
El recién ministro español José Manuel Albares y su homólogo marroquí Nasser Burita tenían previsto una reunión la semana pasada con motivo de la celebración de la Asamblea General de la ONU, pero finalmente el segundo no viajó a Nueva York y ambos hablaron por teléfono, quedando en verse personalmente en una cita que aún no se ha anunciado.
La cuestión del Sáhara Occidental continúa siendo el núcleo de la desestabilización de las relaciones diplomáticas de Marruecos con España, cuyo gobierno del PSOE, con notoria falta de voluntad y acción política, juega a limitarse alejado mientras Rabat presiona a éste último y a la UE con el fin de consolidar su ilegal ocupación.
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