Sidi Maatala.
ECS. Madrid. | Tras cumplirse un año desde la reanudación de hostilidades en el Sáhara Occidental entre el Frente Polisario y la potencia ocupante: el Reino de Marruecos, la represión contra civiles saharauis ejercida por las fuerzas de ocupación de las ciudades saharauis se ha visto incrementada dramáticamente, con horribles casos como el de la activista Sultana Jaya y su familia, el periodista Mohamed Lamin Haddi, los presos políticos de Gdeim Izik..e.t.c. Una investigación elaborada por este medio y publicada a los seis meses de iniciarse la guerra, reveló que la escalada bélica era análoga a la escalada represiva marroquí, ahora, otro informe elaborado por organizaciones no gubernamentales en cooperación con activistas saharauis corrobora y reafirma la brutal represión que Marruecos sigue practicando contra civiles saharauis en los territorios que ocupa únicamente por su pensamiento político.
El citado informe, realizado recientemente por la federación ACAPS, AFAPREDESA, el Instituto Internacional para la Acción No Violenta (NOVACT) y el Grupo de Apoyo de Ginebra para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental ha cuantificado 160 casos de violaciones de derechos humanos y políticos, arrojando luz sobre los mismo y enfatizando las de la población bajo protección específica como las mujeres y los menores. El documento investigativo señala que la cifra no es absoluta debido a la estricta red represiva marroquí, que impide en gran medida recoger, documentar o denunciar con detalle los incesantes ataques que se producen bajo un clima de ausencia de libertad de expresión e información. No obstante evidencia la gran ''cárcel al aire libre'' que son las ciudades saharauis ocupadas por Marruecos, pretendiendo con ello romper el silencio mediático y movilizar acciones respecto a la necesaria protección de los derechos civiles y políticos en los territorios saharauis ocupados.
El informe indica que las violaciones marroquíes no serían posibles sin la complicidad de los sucesivos gobiernos de Francia y de EE.UU y su ayuda diplomática y financiera. La ola de represión desatada, que incluso viola la constitución marroquí, infringe numerosos artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 del que Marruecos es signatario desde 1979, la IV Convención de Ginebra, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, la Convención por los Derechos de la Infancia de la Organización para la Cooperación Islámica, la Convención por los derechos de la infancia así como la Convención para la Eliminación de Todas las formas de discriminación contra las mujeres, cuya violación puede considerarse crímenes de guerra y de lesa humanidad.
''En el marco del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las vulneraciones más frecuentes se producen con respecto al derecho a circulación y movimiento, derecho a la vida y a la integridad física y moral, la libertad de expresión y reunión pacífica, derecho a la información, derecho a un juicio justo y con las debidas garantías, derechos de las personas presas, derechos de la infancia y derechos de las mujeres. Estas se dan a través de detenciones arbitrarias —incluyendo el arresto domiciliario— que suponen cerca de 1/3 del total de vulneraciones; el allanamiento e injerencia ilegal en domicilio; las torturas y agresiones físicas; violencia sexual en forma de acoso, amenazas, agresión y violación; el trato degradante a personas detenidas y presas; condenas judiciales sin las debidas garantías; disolución sistemática de cualquier reunión o acto de protesta pacífica; ataques sistemáticos a medios de comunicación y periodistas; abandono de personas detenidas en zonas remotas y destrucción de bienes e incluso desalojo y destrucción de viviendas. Se han reportado, también, ataques militares contra civiles y masacre de ganado en las zonas donde tienen lugar las hostilidades, así como cerca del muro que separa los Territorios Ocupados por el Reino de Marruecos del resto del territorio saharaui.'' subraya el informe.
Tras detallar la letanía de violaciones cuantificadas, el informe termina con una serie de conclusiones acerca de la situación, centrándose en la protección de civiles y sus derechos. Asimismo concluye ofreciendo una serie de recomendaciones a los organismos gubernamentales como la ONU, la Unión Africana, la Unión Europea, a estados que propician la represión marroquí como Francia, EE.UU y España e incluso a la Cruz Roja Internacional.
El informe se puede leer completo AQUÍ.
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