ECSAHARAUI
Madrid (ECS).- En diciembre pasado, cuando las fuerzas rusas se preparan para invadir a Ucrania, la administración Biden y sus aliados emitieron una dura advertencia a Vladimir Putin: “Cualquier uso de la fuerza para cambiar las fronteras está estrictamente prohibido por el derecho internacional”. Un mes después, en enero, cuando las tropas rusas ya se concentraron incluso en números aún mayores, el secretario de Estado de EE.UU, Antony Blinken, advirtió que “la inviolabilidad de las fronteras” se encontraba entre los “principios rectores del comportamiento internacional”. En febrero, después de que el parlamento ruso reconociera la independencia de dos repúblicas autoproclamadas que Moscú había separado del este de Ucrania, Blinken calificó esta violación de la “soberanía e integridad territorial de Ucrania” como una “violación grave del derecho internacional”.
Todo esto es indiscutiblemente cierto. Cambiar las fronteras por la fuerza viola un principio fundamental del derecho internacional. Es por eso que la administración Biden debe hacer más que resistir a la agresión de Rusia en Ucrania. Debe dejar de violar ese mismo principio en otros países como Palestina y el Sáhara Occidental.
En 2019, la administración Trump convirtió a EE.UU en el único país en reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, que Israel arrebató a Siria en la Guerra de 1967. El profesor de derecho de la Universidad de Tel Aviv, Eliav Lieblich, señaló que la decisión, que contradecía una resolución unánime del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apoyada por los propios EE.UU., constituía una “desviación significativa de la prohibición de la anexión unilateral”. Oona Hathaway, de la Facultad de Derecho de Yale, calificó la decisión como “escandalosa y potencialmente desestabilizadora para el orden internacional de la posguerra”. El gobierno ruso lo calificó como una “indicación del desprecio que muestra Washington por las normas del derecho internacional”.
¿Cómo debería Estados Unidos abordar la invasión rusa de Ucrania?
Después de la decisión de Trump, el senador de Illinois, Richard Durbin, le pidió al entonces secretario de Estado de EE.UU, Mike Pompeo, que explicara la diferencia legal entre la anexión del Golán por parte de Israel y la anexión de Crimea por parte de Moscú en 2014, que llevó a Estados Unidos a imponer sanciones contra Moscú. Pompeo respondió que “hay doctrina del derecho internacional sobre este mismo punto. No tenemos tiempo para comenzar a abordarlo hoy. Pero [estoy] feliz de tener un equipo que lo acompañe y lo guíe”. Cuando los periodistas dieron seguimiento, el Departamento de Estado de EE.UU no citó ninguna doctrina de derecho internacional. Por el contrario, una vocera del departamento norteamericano declaró, sin sentido, que “la política de Estados Unidos sigue siendo que ningún país puede cambiar las fronteras de otro por la fuerza”.
Un año después, en 2020, la administración Trump siguió convirtiendo a Estados Unidos en el único país que reconoció la anexión del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, un territorio que Marruecos invadió en 1975 y ocupó después de que la potencia administradora del territorio (España) se retiró unilateralmente. El exsecretario de Estado de EE.UU James Baker III calificó la decisión como un “retroceso grave de los principios del derecho internacional”. Una vez más, Estados Unidos ha violado las resoluciones del Consejo de Seguridad que ella misma había redactado y respaldado. Una vez más, Rusia criticó a los EE.UU. por transgredir un principio "legal internacional universalmente reconocido".
Desde que asumió el cargo, la administración Biden no ha revocado ninguna de estas dos decisiones de Trump. Al contrario, EE.UU. sigue proporcionando a Israel casi 4.000 millones de dólares en ayuda militar al año sin ninguna condición de derechos humanos, incluso cuando Human Rights Watch y Amnistía Internacional denuncian que Tel Aviv está practicando el apartheid. La administración Biden también ha impulsado la venta de armas a Marruecos a pesar de que Freedom House, el organismo que conduce investigaciones y promociona la democracia con sede en EE.UU., informa que los habitantes en el Sáhara Occidental disfrutan de menos libertades que los ciudadanos en China o Irán.
La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia le da a la administración Biden la oportunidad de reconsiderar este peligroso camino. Puede aprovechar la repulsión mundial actual contra la agresión de Putin para reconstruir el principio de que ningún país debe volver a invadir las fronteras de otro por la fuerza. EE.UU debe revertir las decisiones de Trump y demostrar que actúa de acuerdo con los estándares que exige de Moscú. Políticamente, eso no será fácil ya que Israel, que cuenta con un fuerte apoyo en Washington, se benefició de las dos decisiones de Trump: su decisión sobre los Altos del Golán y su decisión sobre el Sáhara Occidental, que ayudó a convencer a Marruecos de normalizar las relaciones diplomáticas con el estado judío. Pero las normas internacionales solo se mantienen fuertes si los países las cumplen cuando son inconvenientes.
Después de que el ex secretario de Estado Pompeo defendiera el reconocimiento de Trump de la anexión de los Altos del Golán por parte de Israel, el senador Durbin advirtió; “no creo que la administración esté pensando claramente en cómo terminará esto bien”. Él estaba en lo correcto. La continua erosión de la norma contra la agresión internacional no terminará bien. El ataque de Rusia a Ucrania es solo la última señal. La administración Biden puede detener esa erosión ahora. Pero además de la batalla militar destinada a ayudar a Ucrania en la guerra, debe librar otra batalla política en casa.
NOTA: Artículo escrito por Peter Beinart es profesor de periodismo y ciencias políticas en The Newmark School of Journalism de la City University of New York. También es editor general de Jewish Currents y escribe The Beinart Notebook , un boletín semanal.
Este artículo se publicó el 26 de abril de 2022 en The Guardian (en inglés) para demostrar que Estados Unidos se convirtió en el único país extranjero en reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
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