Madrid, 12/01/2017 - El Confidencial Saharaui.
Ante la pasividad de España y complicidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en relación a los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental ocupado, el pueblo saharaui denuncia la ilegalidad de este juicio contra los defensores de los Derechos Humanos.
El próximo lunes 23 de enero se celebrará en Rabat otro juicio farsa, tras el aplazamiento del juicio del pasado 26 de diciembre, contra 24 saharauis que fueron detenidos durante el campamento de Gdeim Izik, así como después de su desmantelamiento por parte de Marruecos el 8 de noviembre de 2010.
Este campamento se levantó a las afueras de El Aaiun ocupado, capital del Sahara Occidental, por más de 20.000 saharauis para reclamar sus derechos sociales, civiles y políticos y tras 2 meses fue brutal y violentamente desmantelado por las fuerzas de ocupación marroquís.
Tras décadas de brutal ocupación por parte de Marruecos, el Pueblo Saharaui sigue viendo vulnerados sus más elementales derechos y este juicio es una prueba más de ello.
En este juicio, se solicitan penas de hasta 30 años para estos 24 saharauis que llevan ya 6 años en prisión y que fueron juzgados por un tribunal militar marroquí en 2013, tras 3 aplazamientos anteriores.
Este juicio fue denunciado por observadores internacionales y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos por irregularidades en el proceso y falta de garantías procesales para los acusados, denunciando la ausencia de pruebas incriminatorias y que la obtención de las confesiones se produjo bajo tortura. En resumen, se trató de un procedimiento nulo de pleno derecho y sin garantías.
Tal y como dicta la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Sahara Occidental no forma parte del Reino de Marruecos por lo que este país no tiene ninguna soberanía sobre el territorio, de ahí la ilegalidad de juzgar a ciudadanos saharauis por algo que ocurrió en el Sahara Occidental, fuera de territorio marroquí.
Tras la presión internacional, el Tribunal de Casación marroquí declaró nulo el juicio militar y remitió el procedimiento a la jurisdicción ordinaria que señaló el juicio civil contra los presos políticos saharauis para el pasado 26 de diciembre, fecha que fue conscientemente elegida para evitar la presencia de observadores y juristas internacionales, así como personas del movimiento de solidaridad con el Pueblo Saharaui por tratarse del día siguiente a la fiesta de Navidad.
Vulnerando una vez más la legalidad internacional, Marruecos aplazó dicho juicio hasta el próximo 23 de enero y denegó la solicitud de libertad provisional para las presos, cuyo único delito ha sido ser saharauis y defender los derechos de su pueblo en su propio territorio, pueblo que lleva más de 40 años luchando por volver a su tierra y por conseguir que se celebre finalmente el referéndum de autodeterminación mediante el que las y los saharauis puedan decidir libremente su futuro.
Marruecos demuestra una vez más que su única razón es la fuerza y adopta una nueva decisión política represiva, utilizando los tribunales como un instrumento más en la acción sistemática de vulneración de los derechos de la población saharaui que lo único que hace es luchar contra la ilegal ocupación de su País.
Sáhara Occidental.
Con motivo del juicio a los presos políticos saharauis del grupo Gdeim Izik. La coordinadora estatal de asociaciones de amigos del pueblo saharaui ha convocado para el lunes 23 de enero una concentración ante la embajada de Marruecos en Madrid (Calle Serrano, 179).
Mujeres saharauis manifestación en Madrid/Archivo
Redacción de Ceas-Sahara.
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El próximo lunes 23 de enero se celebrará en Rabat otro juicio farsa, tras el aplazamiento del juicio del pasado 26 de diciembre, contra 24 saharauis que fueron detenidos durante el campamento de Gdeim Izik, así como después de su desmantelamiento por parte de Marruecos el 8 de noviembre de 2010.
Este campamento se levantó a las afueras de El Aaiun ocupado, capital del Sahara Occidental, por más de 20.000 saharauis para reclamar sus derechos sociales, civiles y políticos y tras 2 meses fue brutal y violentamente desmantelado por las fuerzas de ocupación marroquís.
Tras décadas de brutal ocupación por parte de Marruecos, el Pueblo Saharaui sigue viendo vulnerados sus más elementales derechos y este juicio es una prueba más de ello.
En este juicio, se solicitan penas de hasta 30 años para estos 24 saharauis que llevan ya 6 años en prisión y que fueron juzgados por un tribunal militar marroquí en 2013, tras 3 aplazamientos anteriores.
Este juicio fue denunciado por observadores internacionales y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos por irregularidades en el proceso y falta de garantías procesales para los acusados, denunciando la ausencia de pruebas incriminatorias y que la obtención de las confesiones se produjo bajo tortura. En resumen, se trató de un procedimiento nulo de pleno derecho y sin garantías.
Tal y como dicta la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Sahara Occidental no forma parte del Reino de Marruecos por lo que este país no tiene ninguna soberanía sobre el territorio, de ahí la ilegalidad de juzgar a ciudadanos saharauis por algo que ocurrió en el Sahara Occidental, fuera de territorio marroquí.
Tras la presión internacional, el Tribunal de Casación marroquí declaró nulo el juicio militar y remitió el procedimiento a la jurisdicción ordinaria que señaló el juicio civil contra los presos políticos saharauis para el pasado 26 de diciembre, fecha que fue conscientemente elegida para evitar la presencia de observadores y juristas internacionales, así como personas del movimiento de solidaridad con el Pueblo Saharaui por tratarse del día siguiente a la fiesta de Navidad.
Vulnerando una vez más la legalidad internacional, Marruecos aplazó dicho juicio hasta el próximo 23 de enero y denegó la solicitud de libertad provisional para las presos, cuyo único delito ha sido ser saharauis y defender los derechos de su pueblo en su propio territorio, pueblo que lleva más de 40 años luchando por volver a su tierra y por conseguir que se celebre finalmente el referéndum de autodeterminación mediante el que las y los saharauis puedan decidir libremente su futuro.
Marruecos demuestra una vez más que su única razón es la fuerza y adopta una nueva decisión política represiva, utilizando los tribunales como un instrumento más en la acción sistemática de vulneración de los derechos de la población saharaui que lo único que hace es luchar contra la ilegal ocupación de su País.
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