● El 70% de los productos de los Territorios del Sáhara Occidental se venden en España pese a que cuenta con el mayor movimiento solidario con el pueblo saharaui.
● Marruecos vende a España productos agrícolas, pesca, fosfatos, sal, arena..ect del pueblo saharaui, a pesar de la Sentencia del Tribunal.
● Marruecos vende a España productos agrícolas, pesca, fosfatos, sal, arena..ect del pueblo saharaui, a pesar de la Sentencia del Tribunal.
Sáhara Occidental: acuerdos ilegales UE-Marruecos
Por Lehbib Abdelhay/ECS
Se estima que Marruecos exporta ilegalmente alrededor de 700.000 toneladas de arena del desierto Sáhara Occidental al año. Obteniendo cuantiosos beneficios. La mayor parte, el 70% de ella va dirigido hacia España. Según el Observatorio español de Complejidad Económica, el 70% de la arena expoliada por Marruecos de los territorios saharauis ocupados, acaba en España. Obteniendo Marruecos unas ganancias de 3 millones.
Varias playas y zonas costeras españolas han sido erigidas con arena saharaui. Entre ellas está la Playa de las Teresitas, situada en Santa Cruz de Tenerife, que fue edificada gracias a un total de 270.000 toneladas de arena procedentes de las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. A Formentera y Palma de Mallorca fueron exportados 35.000 toneladas. Playas de la provincia de Málaga, en Andalucía también se vieron beneficiadas del expolio de arena saharaui.
Otros países europeos también se han aprovechado de este salvaje expolio, ejemplo de ello es Portugal. En la isla de Madeira se encuentra la playa artificial de la Calheta, edificada íntegramente con arena saharaui. Un total de 2800 toneladas de arena fueron suficientes para construirla.
- Según el Observatorio de Complejidad Económica, la arena es un producto muy solicitado por distintos sectores y se prevé que en el futuro, el comercio de arena mueva miles de millones de euros.
El Parlamento Europeo ha aprobado el año pasado un acuerdo comercial entre la UE y Marruecos contrario al Derecho europeo e internacional. En la práctica, el acuerdo sirve para ampliar las ventajas comerciales para exportaciones a la UE desde el Sáhara Occidental, territorio ocupado ilegalmente por Marruecos desde 1975.
El contravetido acuerdo se negoció sin el consentimiento del pueblo saharaui y se aprueba tras un grave escándalo de conflicto de intereses en el que están implicados, entre otros, la antigua ponente Patricia Lalonde, del grupo de los liberales europeos (ALDE), y Gilles Pargneaux, del grupo socialdemócrata (S&D). Tal y como se ha aprobado, el acuerdo entorpece el proceso de autodeterminación del pueblo saharaui, que tiene lugar en el marco de las Naciones Unida, y contribuye a que 176.000 el pueblo saharaui sigue en campamentos como refugiado mientras la UE expolia sus recursos.
El grupo Verdes/ALE, que ha votado en contra del acuerdo, había solicitado que se enviara el texto del mismo al Tribunal de Justicia de la UE para que se pronunciara sobre su legalidad, pero esta propuesta ha sido rechazada. Esta decisión tan solo significará inseguridad jurídica para los ciudadanos, consumidores y operadores económicos europeos, ya que con toda probabilidad la Corte de Justicia Europea volverá a declarar ilegal esta extensión del acuerdo al territorio del Sáhara Occidental.
PP, PSOE y C's apoyaron la inclusión del Sáhara Occidental en dichos acuerdos ilegales.
El gobierno de España es uno de los pocos Estados miembro de la UE que intervino en los procesos de votación a favor de Marruecos, solicitando a sus diputados votar a favor del tratado.
En diciembre de 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicó una sentencia anulando el Tratado de Libre Comercio que incluye productos agrícolas o pesqueros siempre que se aplicara al Sáhara Occidental.
En la sentencia, el Tribunal afirma que el Sáhara Occidental “no está incluido en las fronteras internacionalmente reconocidas de [Marruecos] (punto 232), y que “el Reino de Marruecos no tiene ningún mandato concedido por la ONU o por otra institución internacional para administrar el [Sáhara Occidental]” (punto 233).
Enfrentado a un furioso Marruecos, que amenaza con poner fin a toda cooperación con la Unión, el Consejo de la Unión Europea se apresuró a recurrir la sentencia.
Ahora parece que un puñado de Estados miembro de la UE intervinieron hoy en el proceso de votación en el Parlamento Europeo, por tanto a favor de la posición de Marruecos. La intervención tuvo lugar durante una audiencia plenaria, que se llevó a cabo hoy en Estrasburgo.
Fuentes diplomáticas oficiales han indicado que España, junto a Francia, intervinieron hoy el Parlamento Europeo. Esto también lo confirmó la prensa española.
El hecho de que España declare a favor de la posición de Marruecos es asombroso. El 4 de julio de 2014, el Tribunal Superior de Justicia Español, la Audiencia Nacional, confirmó que España, no Marruecos, es la potencia administradora del Sáhara Occidental, y que el territorio “no puede ser considerado marroquí”.
La sentencia afirma literalmente que los Acuerdos de Madrid de 1975 que repartían el por entonces Sáhara Español entre Marruecos y Mauritania “es nulo y sin efecto legal”.
Es más que vergonzoso que España, con la responsabilidad histórica que tiene con el pueblo del Sáhara Occidental, elija ponerse del lado de Marruecos, que invadió brutalmente y se anexó el país de los saharauis.
España tiene la obligación de ayudar a la descolonización del Sáhara Occidental, pero parece que el gobierno de Pedro Sánchez pretende hacer exactamente lo contrario.
Debido a las vagas especificaciones territoriales, el acuerdo no sólo permite la entrada de grandes volúmenes de frutas, verduras y productos pesqueros de Marruecos en el Mercado de la UE, sino también de partes del Sáhara Occidental que Marruecos lleva ocupando desde 1975.
Los acontecimientos de tensión permanente entre España y Marruecos no han dejado nunca de ser los dos mismos de siempre que han marcado la compleja relación bilateral durante las últimas décadas, con lo de la integridad territorial como "Point Chaud": el conflicto de la antigua colonia española del Sáhara Occidental y la presencia española en las ciudades de Ceuta y Melilla.
La diferencia y la paradoja es que, hoy, estos dos asuntos, por una parte, la cuestión del Sáhara Occidental y las gestiones en las fronteras entre España y Marruecos, funcionan ante todo como focos de entendimiento y cooperación fluida entre los dos “vecinos” que ocuparon ilegalmente la franja del Sáhara.
En relación con en el Sáhara Occidental, "el gran quebradero de cabeza actual de las autoridades marroquíes son las sucesivas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)", que desde 2015 vienen estableciendo que los acuerdos de cooperación bilateral UE-Marruecos no pueden aplicarse al territorio del Sáhara Occidental ya que no forma parte del Reino de Marruecos. Esto ha hecho temblar los cimientos mismos de la política exterior de Marruecos e incluso de España, así ha analizado Irene Fernández Molina profesora de relaciones internacionales en la universidad de Exeter.
La Comisión Europea (CE) y el Reino de Marruecos buscaron una base "no legal" para renegociar acuerdos comerciales y de pesca entre Rabat y Bruselas sin excluir al territorio del Sáhara Occidental ocupado –posibilidad inaceptable para Marruecos– pero evitando que los echen abajo en los tribunales. España desempeña un papel directo y vital en esta batalla, y Marruecos espera que sigue actuando como aliada en Bruselas, y así lo ha hecho hasta ahora.
Por otra parte, la reacción amenazadora del ministerio de Agricultura marroquí, Aziz Akhnouch, a la sentencia del TJUE de 2016 dejó claro el "issue linkage" que las autoridades de este país establecen entre la comprensión europea hacia su “cuestión nacional” y la continuidad de su papel de “gendarme” de la frontera y las migraciones con destino al resto de Europa.
En este segundo asunto, Marruecos ha visto cómo aumentaba su influencia a medida que crecía el tránsito migratorio por su territorio hacia Europa y el nerviosismo de las autoridades españolas. Un papel de presión y chantaje hacia España en el tema del Sáhara Occidental, tal y como lo afirmaba el ex ministro de exteriores de España, Manuel García Margallo.
Por otra parte, la sentencia emitida el 16 de febrero de 2019, el TJUE subraya que el acuerdo entre Marruecos y la UE únicamente es aplicable a las aguas bajo soberanía o jurisdicción de Marruecos, que están limitadas a las adyacentes a su territorio y comprendidas en su mar territorial o su zona económica exclusiva.
Por tanto, la Justicia europea declara que, dado que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte del Reino de Marruecos, las aguas adyacentes al Sáhara Occidental "no están comprendidas en la zona de pesca marroquí".
Para evitar cualquier interpretación sesgada de esta sentencia, el Tribunal Europeo estipuló desde el primer párrafo que "el Sahara Occidental es un territorio registrado por las Naciones Unidas (ONU) en 1963 como un territorio no Autónomo de acuerdo con el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas y en el que sigue apareciendo en la actualidad: territorio pendiente de descolonización.
De manera similar, la orden judicial declaró en su párrafo 30 que "se debe considerar que el pueblo saharaui goza del derecho a la libre determinación" y como un "tercero" en el sentido del principio de efecto. Tratado (sentencia de 21 de diciembre de 2016, Consejo / Frente Polisario, C-104/16 P).
Al examinar el propósito de la decisión del Consejo de la UE impugnada por el Frente Polisario, a saber, la renegociación del acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, el Tribunal recordó en este contexto el contenido de su orden del 19 de julio de 2018.
Este ámbito geográfico limitado ha llevado al Tribunal a aceptar el "motivo de inadmisibilidad", invocado por el Consejo de la UE y apoyado por Francia y la Comisión Europea, en la medida en que la decisión impugnada no está dirigida a nombrar al negociador de la Unión Europea, a saber, la Comisión Europea, sin producir efectos, directos e individualmente, sobre la situación legal del solicitante, en este caso el Frente Polisario.
La orden de la Corte Suprema da una clara señal de cuáles serán las próximas batallas legales, y en su párrafo 30 se establece que "el hecho es que cualquier posible asignación de la situación legal del solicitante debe evaluarse a la luz del contenido del acuerdo en el que se basarán las negociaciones iniciadas en virtud de la Decisión impugnada.
0 Comentarios