Crisis migratoria hispano marroquí en Ceuta. ¿Nueva Marcha Verde?

La crisis migratoria desatada en estos días en la ciudad española de Ceuta, puso en evidencia, que Marruecos emplea a los movimientos migratorios como mecanismo de presión, manejando hábilmente la escalada y sorprendiendo una vez más a España. Pero esta vez, la apuesta ha sido mucho mayor, y con toda probabilidad tarde o temprano Rabat busque por medio de hechos consumados, ir más allá y ocupar los enclaves de Ceuta y Melilla. 

Por Jorge Alejandro Suárez Saponaro/ECS 

Buenos Aires (ECS). - En estos días fue noticia el aluvión de inmigrantes ilegales asaltaron literalmente el vallado de seguridad que separa el enclave español de Ceuta con Marruecos. Los enclaves de Ceuta y Melilla, son una vieja aspiración de la monarquía alauita, como parte del proyecto del Gran Marruecos. La pretensión carece de sustento histórico – jurídico. Sino responde a intereses geopolíticos, que tiene que ver con proyectar el país como un actor clave en un área de alto valor estratégico, próximo al Estrecho de Gibraltar. 

Marruecos desde hace unos años ha llevado una estrategia bien definida para dinamitar el agonizante Plan de Arreglo de 1991. Es sabido que es letra muerta y gracias al apoyo de Francia, cualquier iniciativa en cuestiones de derechos humanos, sufre el veto de París en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Rabat se ha mostrado como un aliado confiable para los intereses Occidentales, en estrecha alianza con las monarquías conservadoras del Golfo. Los hitos en esta materia es ser considerado, aliado Extra OTAN, con una excelente relación con Estados Unidos, que le ha permitido, gracias a la chequera saudita y de otros aliados árabes, pagar importantes contratos para la compra de equipamiento militar puntero. Especial atención ha merecido la política en relación a las fuerzas navales y aéreas. A través de una política de hechos consumados, escaladas de conflictos muy bien pensados y planeados, con un claro objetivo de erosionar a su adversario geopolítico, España, además de aprovechar los embates internos de Argelia, que impiden que reaccione de manera más contundente a la activa diplomacia alauita en África Occidental. 

En esto tiempos observamos una serie de maniobras, destinadas de alguna manera de materializar la idea del Gran Marruecos, ya no por medio de la ocupación territorial, sino creando un esfera de influencia política y económica. La construcción de la carretera que atraviesa la zona controlada por la RASD en el puesto fronterizo de Guerguerat, tiene que ver con generar un polo de atracción geopolítica, que incida en la economía mauritana, e indirectamente avanzar en el plano político, a través de maniobras de riesgo calculado, que permitió por la vía de los hechos, consolidar dicho paso ilegal, romper con el Acuerdo Militar nro 1, de respetar las zonas militarizadas, ante las Naciones Unidas completamente inermes. El tráfico comercial vía Guerguerat, genera una alternativa la economía del Sahara ocupado. 

En este marco, observamos como diversos países africanos, seguramente permeables a lobby marroquí, que implica mucho dinero, presiones diversas, siempre con aval francés, para la instalación de consulados en la ciudad de El Aaiún. El afán de Rabat, es buscar por todos los medios el reconocimiento de sus presuntos derechos sobre el Sáhara. Incluso la maquinaria de propaganda de Rabat, ha buscado siempre desvirtuar el célebre dictamen de la Corte Internacional de La Haya de 1975, donde claramente indicó que el Sahara Español, nunca fue parte de Marruecos. Pero el intento de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sahara,  no tuvo éxito, ni siquiera en su aliado francés. 

La activa política marroquí en el plano exterior, no obstante ello, permite que su presencia en el Sáhara Occidental, no se vea casi perturbada. El estatuto del territorio, genera sea como fuere, un impacto en la economía. Marruecos sabe que llegado el caso que la presunta marroquinidad del Sáhara se hiciera realidad, el potencial económico del territorio, se incrementaría sustancialmente, especialmente por el fosfato, la pesca y el potencial minero que existe, especulándose con el petróleo. 

Esto financiaría los sueños de un Marruecos potencia regional que opaque a su vecino argelino, La batalla legal que viene desde hace años que libra el Frente POLISARIO en tribunales europeos, siendo la última iniciada en marzo de 2021, ha sido desfavorables a Marruecos, generando perjuicios a lucrativos negocios especialmente ligados a la pesca, fosfatos y la exportación de productos agrícolas, producidos en invernaderos en el Sahara ocupado. 

La esperanza para Rabat, vino de la mano de Donald Trump, un miope en política exterior y geopolítica, en diciembre de 2020, cuando prometió en redes sociales,  propuso a Marruecos, a cambio del reconocimiento de la soberanía sobre el Sahara, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Subordinó intereses de Estados Unidos, a la política israelí, seguramente influido por el lobby existente en su círculo cercano. 

Alemania, planteó su postura ajustada a derecho, a la cual adhirió la Unión Europea, lo que provocó la ira de Rabat, y el correspondiente incidente diplomático, Seguramente para la opinión pública marroquí, para mostrar la firmeza del rey y su gobierno. En la sesión del citado mes de 2020, Berlín sentó su postura, tirando por tierra, el intento marroquí que la UE, apoyara la idea de reconocimiento de la soberanía sobre el Sáhara Occidental. 

Marruecos en el marco del riesgo calculado, campo que maneja con suma habilidad, en diciembre de 2020, el primer ministro Saadeddín El Othmani, volvió a cargar tintas sobre el dossier Ceuta y Melilla, exigiendo su devolución. Este tipo amenazas no es algo nuevo, por ejemplo en febrero de  2017, el ministro marroquí de Agricultura, Aziz Ajanuch, por medio de un comunicado, advertía que cualquier impedimento que surgiera en relación a los acuerdos de pesca y agrícolas entre la UE y Marruecos, tendría consecuencias con el incremento del flujo migratorio.  Una amenaza velada, que afectaba especialmente a España.

Lamentablemente en dicho país, las estructuras de defensa y seguridad, están influidas por think thank abiertamente favorables a Marruecos. Incluso observamos como medios especializados de defensa, publicados en España, no muestran sorpresa, ni observan el impacto del enorme esfuerzo en la modernización del Instrumento Militar marroquí. El objetivo es sin ninguna duda presionar a España, incluso provocando un incidente que derive una crisis realmente severa, para que Madrid, en el marco de su fracasada política de apaciguamiento, reconozca la soberanía marroquí sobre el Sahara ocupado. Sería todo un símbolo, dado que España es la potencia administradora de iure, dado por el golpe político y psicológico que significaría para la opinión doméstica y para el Frente POLISARIO. 

España se encuentra seriamente afectada por la crisis del COVID, imponiendo restricciones a las libertades públicas, con dudoso resultado positivo, pero un duro impacto en la economía nacional. En el plano política la coalición de izquierda liderada por el Dr. Pedro Sánchez, ha tenido una agenda sesgada por cuestiones ideológicas, y las pugnas con su aliado, “Unidas Podemos”. Los gobiernos españoles, hace rato que se han olvidado de los intereses nacionales, ello puede observarse en los documentos oficiales sobre defensa, donde prevalece más la UE, la OTAN, que los intereses propios. Esto lo observamos claramente con la política exterior hacia el Magreb, la negativa española de ver la dura realidad saharaui y asumir lo que la historia le demanda a los gobiernos españoles. 

La política de acercamiento que ha tenido España, es leída claramente por Marruecos como signo de debilidad. Es algo que los expertos en seguridad y política exterior españoles, en gran parte, se niegan a ver. Cuando Marruecos no consigue algo, los mares se llenan de “pateras” cargadas de inmigrantes ilegales, la presión fronteriza sobre Ceuta y Melilla, se hace insostenible. Ello se frena cuando la UE, por medio de ayudas millonarias, busca en Marruecos un socio para frenar la cuestión migratoria, cuando en verdad, Rabat no es la solución, sino forma parte del problema. El país funciona como regulador del problema, cuando ve la oportunidad favorable, emplea la situación de las migraciones, como arma de presión. 

Los documentos y trabajos académicos de instituciones especializadas en temas de defensa y seguridad, en España, han publicado mucho sobre los conflictos híbridos, o como situaciones de crisis de gravedad, no son consecuencia de una agresión armada, sino por otros medios, que encubre operaciones militares. La famosa Marcha Verde de 1975, fue una combinación de acción psicológica, política, para encubrir la invasión marroquí del Sahara. Mientras que las fuerzas españolas eran aferradas para evitar males mayores, en el sector noroeste del territorio, desde el sector oriental, fuerza marroquíes invadieron tierras saharauis, encontrando la tenaz oposición del Frente POLISARIO. Durante años, el poderoso lobby pro marroquí, ha venido anestesiando a la opinión pública, dirigentes políticos, expertos en defensa, sobre la amenaza del flanco sur español, que es Marruecos. 

La crisis de Ceuta, con 8.000 inmigrantes, cuyo traslado fue facilitado por las autoridades marroquíes, es prueba de la existencia de una clara intensión de Rabat de impulsar un conflicto o escalada, con el objetivo de obligar a España, aceptar cambios en su posición oficial respecto al Sahara Occidental. Las fuerzas marroquíes libran una serie de choques armados a lo largo de los muros defensivos contra fuerzas saharauis. Esto ha sido silenciado por Rabat, y la situación no debe ser muy halagüeña si vemos como ha buscado generar un nuevo frente externo, orientado claramente a legitimar al gobierno frente a la opinión doméstica.  Esta crisis ha sido, a nuestro entender, una prueba para medir las reacciones del gobierno español como de sus socios europeos, lecciones que serán empleadas para el próximo movimiento (¿Presionar por la cuestión Saharaui? ¿Obligar a España a ceder sus territorios en el Norte de África? ¿Generar una crisis de gobernabilidad en las ciudades autónomas que obligue a España abandonar dichos territorios?). 

Ceuta, no es una colonia, sino parte de España. 

La ciudad de Ceuta, a principios del siglo XV, parte de Portugal, conquistando la plaza a los moros. La unión de las coronas de Portugal y España, significó en el siglo XVI, que la plaza de Ceuta tuviera un gobernador español, desde 1580. En 1609, el sultán marroquí reconoció el dominio español en la plaza. En 1668 por el Tratado de Lisboa, el territorio quedó en manos españolas definitivamente. 

El reconocimiento marroquí a la soberanía española de las llamadas “plazas de soberanía”. En 1767, el sultán de Marruecos suscribió un tratado, en el cual en su artículo 10 decía: Los españoles que deserten de los presidios de Ceuta, Melilla, Peñón y Alhucemas, y los moros que en ellos se refugien serán inmediatamente y sin la menor demora restituidos por los primeros alcaldes o gobernadores que los aprendan, a menos que no muden de religión. En 1774, el sultán Sidi Mohammed ben- Abdalah, en una carta al rey Carlos III, señalaba que los efectos del tratado de 1767, eran aplicables al ámbito marítimo, no tolerando la presencia de establecimientos cristianos en tierras del Norte de África. La respuesta fue la guerra, que derivó en el pedido de paz del sultán en 1775. Una serie de tratados fueron firmados entre las partes, destacándose el de paz y amistad de 1780, y el de paz, amistad y navegación, comercio y pesca, firmado en 1799, donde Marruecos reconoció la plena vigencia de lo estipulado en 1767. 

En el siglo XIX, Marruecos suscribe nuevos tratados con España, donde nuevamente reconoce la soberanía española de Ceuta, Melilla y un grupo de islotes cercanos a las costas marroquíes, siguiendo las líneas fijadas en los tratados del siglo XVIII. El tratado de 1845, fue consecuencia del avance de grupos tribales sobre territorios de la plaza de Ceuta y nuevamente el sultán se compromete a impedir acciones hostiles de las tribus rifeñas contra Ceuta, Melilla, Alhucemas. En 1859, Marruecos cede territorio, para la seguridad de la Plaza de Melilla, creando una zona de amortiguación entre la citada ciudad y las poblaciones fronterizas bajo soberanía marroquí. En el artículo 1º del Convenio de Tetuán dice claramente" (…) queriendo contribuir en lo que de él dependa al resguardo y seguridad de las plazas españolas en la costa de África, conviene en ceder a Su Majestad Católica en pleno dominio y soberanía, el territorio próximo a la plaza española de Melilla hasta los puntos más adecuados para la defensa y tranquilidad de aquel Presidio”. Posterior a la guerra hispano marroquí de 1860, nuevamente Marruecos reconoció la soberanía de las plazas de Ceuta, Melilla, Alhucemas. Posteriormente hubo una serie de tratados y convenios, hasta 1911, donde Marruecos siguió reconociendo la soberanía española, de los citados territorios. Desde 1912 hasta 1956, Marruecos estuvo sujeto al régimen de protectorado, con una soberanía limitada. Proclamada la independencia de Rabat, España suscribió los Acuerdos de Cintra de 1958, donde Madrid entregó el área de Tarfaya y Ued Draa, pero los derechos españoles sobre Ceuta y Melilla, no fueron cuestionados. En 1969, el enclave de Sidi Ifni es cedido a Marruecos, 

En los años 50, con la crisis de los imperios ultramarinos, en el seno de Naciones Unidas, comenzó el proceso para instar a la descolonización de vastos territorios de Asia y África. El 15 de diciembre de 1960, la Asamblea General de Naciones Unidas elaboró una lista de territorios a descolonizar, que en el caso español, incluía Fernando Poo, Río Muni, Sidi Ifni y el Sahara Español. Las ciudades de Melilla y Ceuta, no fueron incluidas, ni tampoco los islotes del Perejil, Peñón de Vélez de la Gomera, Alhucemas, y las islas Chafarinas. En esos años, el régimen marroquí adoptó como base ideológica la idea del Gran Marruecos, impulsado por al Fassi, dirigente nacionalista. Esta construcción, basada en la tergiversación de la historia de país, al tomar como referencia al imperio almorávide en tiempos de la Edad Media, plantea una suerte de “Marruecos histórico”, lo que permitió establecer un elemento de cohesión nacional, y fundamento para la concentración del poder en manos del monarca alauita. Esto abrió las puertas para una serie de conflictos con los vecinos e incluso una fuerte diferencia con Francia, relativo a Mauritania, donde ironías del destino, la diplomacia gala hizo una excelente defensa, ante la oposición marroquí de que el flamante estado, ingresara a Naciones Unidas, desarticuló el concepto del “Gran Marruecos”. 

Los argumentos de considerar que Ceuta y Melilla, son enclaves coloniales, carece de sustento, dado que sus poblaciones son españolas, con una presencia interrumpida desde hace siglos, agregándose que siempre fueron gobernadas como parte del estado español, obteniendo en 1978, por la Constitución, la posibilidad de alcanzar mayor grado de autonomía, al conformarse como Comunidades Autónomas, con sus estatutos. Los intentos de Marruecos de llevar el caso al Comité de Descolonización, naufragaron. Ceuta y Melilla, no son colonias, sino partes integrantes del Reino de España desde hace siglos, reconocido por el mismo Marruecos por una sucesión de tratados. La Resolución 1541 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 15 de diciembre de 1960, concretó en qué casos los Estados deben estar obligados a transmitir la información a que se refiere el ya citado art. 73, apartado e) de la Carta de las Naciones Unidas, a saber señala el principio IV: cuando un territorio está separado geográficamente del país que lo administra y además es distinto de éste en sus aspectos étnicos o culturales, es decir, posea un pueblo distinto. Al mismo tiempo el principio V indica que podrán tenerse en cuenta otros factores de carácter administrativo, político, jurídico, económico o histórico “si influyen en las relaciones entre el Estado metropolitano y el territorio de modo que éste se encuentre colocado arbitrariamente en una situación o en estado de subordinación (ver ORTIZ de la TORRE, José Antonio Tomás: “La Ciudad Autónoma de Ceuta ante el Derecho Internacional y el Derecho Español” en An. Real. Acad. Doct. Vol 2, (2017) pp. 248-285). 

Desde Rabat se intenta borrar de un plumazo, la legitimidad de la larga lista de tratados, especialmente que datan del siglo XVIII y XIX, incluso Marruecos formuló una reserva en la Convención de Viena sobre Tratados Internacionales, en particular sobre el art. art. 62. 2, a) :“Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar por terminado un tratado o retirarse de él: a) si el tratado establece una frontera.  Rabat formuló la siguiente reserva Marruecos interpreta que el párrafo 2 a) del artículo 62 (cambio fundamental en las circunstancias) no es aplicable a los tratados ilícitos o desiguales, o a cualquier tratado contrario al principio de autodeterminación. El Dr. Ortiz de la Torre, explica de manera clara porque este reserva no es aplicable a caso de Ceuta en particular, como de los otros enclaves españoles en el Norte de África Marruecos interpreta que el párrafo 2 a) del artículo 62 (cambio fundamental en las circunstancias) no es aplicable a los tratados ilícitos o desiguales, o a cualquier tratado contrario al principio de autodeterminación. Otros argumentos, son que las citadas ciudades españolas, afectan a la continuidad del territorio marroquí. La jurisprudencia internacional de la Corte Internacional de Justicia ha dejado valiosas pautas, como cita el citado jurista español, como de la doctrina al decirnos que un importante sector, muy cualificado, de los internacionalistas contemporáneos sostiene que la contigüidad territorial no confiere un título autónomo a la soberanía territorial del Estado limítrofe. Incluso cita un fallo de la Corte Internacional de noviembre de 1953, “Minquiers et Ecréhous” objeto de litigio entre Francia y Gran Bretaña en relación a la soberanía de los islotes citados, ubicados próximos a la costa francesa., donde el concepto de continuidad territorial del estado, como argumento para reclamo de soberanía queda sin sustento. En dicho fallo, quedó en evidencia que el Reino Unido ejerció de manera efectiva soberanía sobre los islotes en cuestión, mientras que Francia nunca tuvo acciones concretas para mostrar su presencia o ejercicio de derechos soberanos.

Los argumentos en contra de los tratados suscriptos con anterioridad a 1911, choca con el principio del derecho internacional de irretroactividad de las normas, consagrado por las mismas Naciones Unidas, en la resolución 2625 (XXV) de 1970, donde señala en una de sus partes que “Nada de lo dispuesto anteriormente se interpretará en el sentido que afecte: a) las disposiciones de la Carta o a cualquier acuerdo internacional anterior al régimen de la Carta y que sea válido según el derecho internacional.