Eurodiputados exigen a la UE reconocer la ocupación marroquí del Sáhara Occidental e impedir acuerdos que favorezcan anexión ilegal.

Ali Brahim Mohamed.

ECS. Bruselas. | Eurodiputados instan a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los Estados miembros de la UE a tomar medidas inmediatas para garantizar que la UE reconozca plena y eficazmente la anexión ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, tanto en el ámbito de la cooperación sectorial, incluido el comercio, pesca, energía y asistencia técnica de conformidad con el Derecho internacional y comunitario.

En una carta enviada ayer a la que ECSAHARAUI ha tenido acceso, los eurodiputados exigieron el compromiso con el Frente Polisario como representante único, legítimo e internacionalmente reconocido del pueblo saharaui, concretamente necesario para obtener la aprobación de este último en cualquier trato de la UE que afecte al territorio saharaui.

En este sentido, la carta destacó la importancia y la necesidad de realizar una revisión integral del alcance regional de las transacciones entre la Unión Europea y Marruecos para asegurar que estén limitadas a las fronteras de Marruecos internacionalmente reconocidas, recalcando que las entidades y actividades marroquíes relacionadas con el Sáhara Occidental deben estar total y efectivamente excluidas.

🔴 في رسالة موجهة إلى المفوضية الأوروبية ودائرة عملها الخارجي ورئاسة مجلس الإتحاد الأوروبي، نواب من مختلف الأحزاب الأوروبية يطالبون بإتخاذ إجراءات تضمن عدم الإعتراف بأية من الأنشطة المشتركة التي تدعم الضم غير القانوني للصحراء الغربية من طرف المغرب. pic.twitter.com/OKIUBizxRC

— Ali B. MOHAMED (@RoubiouAli) October 21, 2021

Asimismo, pidieron a los agentes financieros y económicos de la UE, en particular en los sectores de la pesca, la energía, la aviación y las industrias extractivas, que detuvieran sus actividades en curso en el Sáhara Occidental, la emisión de avisos comerciales a nivel de la UE y de los Estados miembros advirtiendo a las empresas europeas sobre los riesgos legales, financieros y de reputación en caso de ejercer cualquier actividad comercial en el Sáhara Occidental ocupado.

Además, los firmantes de la carta ven la necesidad de adoptar un documento estratégico ambicioso para promover la acción de la Unión Europea para apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas para alcanzar una solución justa y sostenible al conflicto saharaui así como para apoyar las labores del recién nombrado Enviado Personal del Secretario General de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, y para garantizar que la misión de la MINURSO tenga un mandato que supervise los derechos humanos.

Respecto a la situación humanitaria, la carta pedía el establecimiento de un fondo fiduciario para el Sáhara Occidental para mejorar la asistencia brindada por la Unión Europea y la asistencia internacional al pueblo del Sáhara Occidental, así como para garantizar su derecho a la autodeterminación, ya sea dentro de los territorios ocupados o en los campamentos de refugiados.

En relación a los acuerdos anulados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, los eurodiputados solicitaron a la Comisión que proporcione una valoración de las implicaciones financieras de la decisión del tribunal, centrándose en las posibles reclamaciones de indemnización que el pueblo saharaui podría iniciar, así como una evaluación de las costas judiciales a lo largo de los cinco años de largos y extenuantes procedimientos judiciales en los tribunales, desde la primera sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en 2015 hasta la última el pasado Septiembre.

En su carta, los diputados europeos concluyeron que estos pasos están destinados a crear un marco político nuevo, jurídicamente sólido y positivo para el Sáhara Occidental, proporcionando las medidas necesarias para permitir la estabilidad y previsibilidad de la importante relación de la UE con su socio marroquí, garantizar que las instituciones comunitarias y los Estados miembros no estén por encima de la ley e imponer su cumplimiento basado en el principio fundamental del sistema europeo; el principio del Estado de derecho.