ECSAHARAUI/APS
RABAT - Sacudido por escándalos de espionaje, una retahíla de reveses diplomáticos a nivel internacional y una grave crisis socioeconómica a nivel interno, Marruecos está cosechando los frutos de sus propias políticas basadas en el engaño, la deslealtad y la precipitación.
El despido, en los últimos días, de Wafa Beraichi, jefa de una unidad administrativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por su implicación con los servicios de inteligencia marroquíes, es un escándalo. Un precedente que pesará muy fuerte sobre las espaldas de todos los funcionarios del reino que trabajan dentro de las instituciones internacionales.
Wafa Beraichi ha sido objeto de procedimientos disciplinarios internos por un acto de espionaje en relación con el caso Pegasus. Este escándalo llega en un momento en que la comisión europea de investigación sobre software espía pide una moratoria inmediata sobre el uso de este tipo de programas. La información fue desvelada en el informe preliminar del Parlamento Europeo que reveló nuevas informaciones sobre los nombres de las víctimas de esta operación de espionaje como Pedro Sánchez, jefe del gobierno español y sus ministros de Defensa e Interior.
Sobre el Sáhara Occidental, Marruecos, que creía haber cerrado el acuerdo del siglo basándose en un mensaje escrito por el expresidente estadounidense Donald Trump, en una red social, se despierta por la magnitud de los acontecimientos. El 10 de diciembre de 2020, Trump anunció en Twitter que Marruecos se comprometía a normalizar sus relaciones diplomáticas con la entidad sionista, a cambio, Washington apoyaría el siniestro “plan de autonomía” para el Sáhara Occidental presentado por Rabat en 2007.
El Májzen (Poder del Palacio Real en Marruecos) creía que esta posición es suficiente para obligar a los estados occidentales y a las instituciones internacionales a seguir los pasos de Donald Trump. Pero los caminos de la diplomacia son demasiado serios como para conformarse con un simple mensaje en una red social.
Así, el 14 de octubre, la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas encargada de cuestiones políticas especiales y descolonización adoptó una resolución, sin votación, reafirmando el marco jurídico del conflicto del Sáhara Occidental como una cuestión de descolonización señalando la responsabilidad de Naciones Unidas hacia el pueblo saharaui.
Sobre el mismo tema, el 9 de noviembre, los representantes de varios países en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como Sudáfrica, Luxemburgo, Noruega, Timor Oriental e Irlanda, denunciaron la ocupación ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos durante el Examen Periódico Universal de ese país.
Estos países pidieron la organización de un referéndum de autodeterminación en este territorio no autónomo al tiempo que cuestionaron a Marruecos sobre la necesidad de "facilitar urgentemente el acceso del Alto Comisionado para los Derechos Humanos al Sáhara Occidental y respetar los derechos humanos de los saharauis, incluidos su derecho a la libre determinación".
Un gobierno inerte
También en Ginebra, una coalición de abogados y ONG acaba de presentar seis nuevas denuncias contra Marruecos ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) en las que exige en particular la liberación de todos los presos saharauis condenados sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura.
Por otra parte, parlamentarios austriacos han pedido a la Comisión Europea y al Consejo de Europa que respeten las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que considera nulo cualquier acuerdo económico o comercial entre el Bloque Europeo y Marruecos que incluye el Sáhara Occidental.
A nivel continental, Marruecos recibió un batacazo por parte de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que dictó una sentencia en septiembre en la que llama a todos los estados miembros de la Unión Africana (UA) a encontrar una solución permanente a la ocupación marroquí del Sáhara Occidental y garantizar el disfrute del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui.
Destaca que la continuación de la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos es "incompatible" con el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, consagrado en el artículo 20 de la Carta de la UA, y constituye una "violación" de este derecho, advirtiendo que la admisión de Marruecos "es probable que sea impugnada por incompatibilidad con el Acta Constitutiva de la UA".
Acorralado en la escena internacional, Marruecos sufre una aguda crisis socioeconómica que amenaza con un estallido social. Así, la Confederación Democrática del Trabajo organizó este domingo manifestaciones en varias regiones del reino bajo el lema: "Un día de huelga de la Confederación contra el gobierno de Ajanuch".
Con esta acción, el sindicato denuncia, tal y como señala su nota de prensa, la inacción del gobierno marroquí ante la subida de precios y el deterioro del poder adquisitivo de amplios sectores de la sociedad.
En el sector de la educación, la situación es aún más complicada. Ante la incapacidad del gobierno para asumir las demandas de los empleados, relativas a la mejora de las condiciones socioeconómicas, la Federación marroquí de funcionarios del sector de la educación decidió elaborar un programa de lucha consistente en la organización de varias protestas, incluida una sentada programada hoy martes frente a la sede del Ministerio de Educación, así como manifestación frente a las academias regionales el 29 de noviembre en todo el país.
Además, varios otros sectores, como el del transporte, han convocado huelgas generales para denunciar la subida del precio de los productos hidrocarburos que ha alcanzado niveles sin precedentes, lo que ha llevado a varias empresas a cerrar.
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