Por Dr. Jorge Alejandro Suárez Saponaro
Madrid (ESC).- Los saharauis, en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, llevan a cabo acciones de resistencia pacífica, siendo objeto de una dura represión marroquí, siendo el ejemplo más evidente, y reciente; el arresto domicialdo de la activista Sultana Jaya.
Mientras que los dirigentes europeos, nos hablan de derechos de la mujer, en los hechos, poco y nada hacen. Así observamos con estupor, el caso de Sultana Jaya, en noviembre de 2021, su vivienda fue allanada sin orden judicial por parte de paramilitares marroquíes, agregándose un hecho gravísimo, la violación, junto a su hermana y los violentos golpes contra su madre de ochenta años.
Fue un verdadero escándalo internacional. La jurisprudencia internacional, ha sido muy clara en los casos de violación en los países u/o territorios sujetos a ocupación militar, los han reconocido como “tratos crueles, inhumanos o degradantes” y por ende punibles, como crímenes de guerra. Cabe destacar que el Sáhara Occidental, es un territorio sujeto a ocupación y por ende le son aplicables las reglas de los Convenios de Ginebra.
Finalmente cabe agregar: La violación como tortura es aquella infligida intencionadamente sobre una persona por un funcionario público u otra persona provocando dolores y sufrimientos graves, por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. (Crímenes de género en el derecho penal internacional. Buenos Aires, 2010).
El caso de Aminetu Haidar, es otro ejemplo, de violencia de género, contra la mujer saharaui. Padeció ser presa política, por su activismo a favor de los derechos humanos y ahora el estado español, luego de dieciséis años de residencia en España, a sabiendas que la potencia ocupante marroquí, la expulsó del Sáhara Occidental, en abierta violación a los derechos humanos.
El gobierno de Pedro Sánchez, olvida que, para Naciones Unidas, el Sáhara Occidental, es un territorio sujeto a un proceso de descolonización, donde España, es la potencia administradora de iure. Por ende, la Sra. Haidar, merece la protección del estado español. No es un pedido antojadizo, sino que forma parte de las responsabilidades que tiene España como potencia administradora.
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