El conflicto entre Israel y el grupo HAMAS, nuevamente movilizó la opinión pública internacional, incluyendo las Naciones Unidas, declaraciones de líderes políticos, de la necesidad de establecer un acuerdo de paz duradero en el marco del conflicto palestino israelí, así como la movilización de importantes recursos en materia de ayuda humanitaria para los palestinos en la Franja de Gaza. Mientras el mundo se moviliza ante las consecuencias del conflicto armado citado, observamos una casi absoluta indiferencia al drama que viven los saharauis hace décadas, agregándose que están en un conflicto armado, tras la violación de los acuerdos de paz de 1991, por parte de Marruecos.
Por Jorge Alejandro Suárez Saponaro
Madrid (ESC).- En noviembre de 2020, fuerzas marroquíes, con la finalidad de terminar con una protesta pacífica por parte de los saharauis en el paso ilegal de Guerguerat, violaron el Acuerdo Militar Nro. 1 del Plan de Arreglo de 1991. En el seno del Consejo de Seguridad, gracias a la protección de Francia y Estados Unidos, Marruecos, no sufrió ningún tipo de sanción por violar el acuerdo de paz citado.
Los saharauis hace largo tiempo que sufren verdaderos desaires y un comportamiento cómplice ante los abusos de la potencia ocupante hace décadas. Vemos a España, potencia administradora de iure y desde los acuerdos de Madrid de 1975, se ha desentendido de los saharauis y del conflicto, en el marco de una política de contención de su vecino marroquí, con un resultado. A nuestro entender, que perjudican seriamente los intereses españoles en el Norte de África y en la seguridad de su “flanco sur”.
La justicia de la Unión Europea se pronunció en reiteradas oportunidades, dejando en claro que los recursos naturales son propiedad del pueblo saharaui, titular del derecho de autodeterminación. Vale la pena recordar 1992 y 1994 la Asamblea en sucesivas resoluciones (resoluciones 48/46, de 10 de diciembre de 1992, y 49/40, de 9 de diciembre de 1994) señaló que el saqueo y explotación de los recursos naturales de los TNA constituyen una amenaza a la integridad y prosperidad de dichos territorios, además de Sahara Occidental conformar graves violaciones a las obligaciones adquiridas a la luz de la Carta de las Naciones Unidas.
El antecedente jurídico a la cuestión, lo entramos en a través de la Res 46/64 de la Asamblea General que regula concretamente el principio de soberanía de los pueblos coloniales sobre sus recursos naturales. La resolución reitera que la explotación y el saqueo de los recursos marinos y demás recursos naturales de los territorios coloniales y no autónomos por parte de intereses económicos extranjeros, en violación de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, constituyen una grave amenaza a la integridad y prosperidad de esos territorios.
Mientras que miles de saharauis sobreviven como pueden en los campos de refugiados y en las zonas liberadas, agregándose que otros miles viven como ciudadanos de segunda en la zona ocupada, las riquezas de su patria, son objeto del expolio por parte de la potencia ocupante, con clara complicidad de los “paladines” de la democracia en Occidente. Dichos gobiernos, son los que poco o nada hacen, para que la MINURSO, la misión de paz de Naciones Unidas, tenga facultades de monitoreo de derechos humanos. La indiferencia de la comunidad internacional, o por lo menos gran parte de ella, permitió que la desaparición forzada de cientos de saharauis, en las zonas ocupadas, las torturas, la existencia de presos políticos, como conocer el destino de los soldados saharauis que cayeron prisioneros, quedaran sin respuesta, y menos una sanción.
La violencia contra la mujer saharaui
Los saharauis, en las zonas ocupadas, llevan a cabo acciones de resistencia pacífica, siendo objeto de una dura represión, siendo el ejemplo más evidente, el desmantelamiento del Campamento de Gdeim Izik. Mientras que los dirigentes europeos, nos hablan de derechos de la mujer, en los hechos, poco y nada hacen. Así observamos con estupor, el caso de Sultana Jaya, en noviembre de 2021, su vivienda fue allanada sin orden judicial por parte de paramilitares marroquíes, agregándose un hecho gravísimo, la violación, junto a su hermana y los violentos golpes contra su madre de ochenta años. Fue un verdadero escándalo internacional. La jurisprudencia internacional, ha sido muy clara en los casos de violación en los países u/o territorios sujetos a ocupación militar, los han reconocido como “tratos crueles, inhumanos o degradantes” y por ende punibles, como crímenes de guerra.
El Sáhara Occidental, es un territorio sujeto a ocupación y por ende le son aplicables las reglas de los Convenios de Ginebra. Finalmente cabe agregar: La violación como tortura es aquella infligida intencionadamente sobre una persona por un funcionario público u otra persona provocando dolores y sufrimientos graves, por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. (Crímenes de género en el derecho penal internacional. Buenos Aires, 2010).
El caso de Aminetu Haidar, es otro ejemplo, de violencia de género, contra la mujer saharaui. Padeció ser presa política, por su activismo a favor de los derechos humanos y ahora el estado español, luego de dieciséis años de residencia en España, a sabiendas que la potencia ocupante marroquí, la expulsó del Sáhara Occidental, en abierta violación a los derechos humanos. El gobierno del Dr. Pedro Sánchez, olvida que, para Naciones Unidas, el Sahara Occidental, es un territorio sujeto a un proceso de descolonización, donde España, es la potencia administradora de iure. Por ende, la Sra. Haidar, merece la protección del estado español. No es un pedido antojadizo, sino que forma parte de las responsabilidades que tiene España como potencia administradora.
Presos políticos. Un drama silenciado
La violación a los derechos humanos de los saharauis, están a la orden del día. Brahim Ismaili, preso y juzgado por un tribunal militar marroquí, por ser parte de las protestas de Gdeim Izik, padece de un tumor, está detenido en condiciones deplorables, agregándose la falta de atención médica adecuada. La lista es larga de los detenidos por participar en una protesta social, siendo juzgados de manera ilegal, por tribunales ad hoc, fuera del territorio saharaui ocupado.
El Derecho Internacional reconoce que el territorio ocupado no tiene ningún deber legal de obediencia al Estado ocupante, si bien dicho Estado puede establecer algunas normas que permitan cierta subordinación, en el marco de las Convenciones de Ginebra, y deben ser distintas a las normas vigentes al territorio ocupado. El Estado ocupante es responsable de garantizar el bienestar de la población del territorio ocupado, mantener los servicios públicos esenciales, la educación y la salud de la población. Las obligaciones del Estado ocupante incluyen la imposibilidad de modificar el estatuto de los funcionarios, respetar la legislación vigente, garantizar el funcionamiento de la Cruz Roja y sus sociedades, y los organismos de protección civil. Marruecos, desmanteló las instituciones existentes en el Sahara Español.
El activismo saharaui, en las zonas ocupadas, a través de distintos mecanismos de protesta, está claramente legitimada por el Derecho Internacional. Recordemos que los métodos empleados por los activistas son todos pacíficos, pero la respuesta siempre es la misma, con una dura represión, la prohibición de organizar asociaciones pro derechos humanos, condenar a los barrios poblados por saharauis, a vivir bajo un estado policial.
La Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes, ha realizado constantes denuncias en los últimos meses, sobre malos tratos, torturas, falta de atención médica, agregándose las constantes huelgas de hambre, la única arma que tienen los presos políticos saharauis para hacer oír su voz. El gobierno de Pedro Sánchez, teóricamente progresista y sensible a la temática de los derechos humanos, guarda silencio sobre lo que pasa en tierras saharauis. En este contexto de contradicciones, si muestra especial preocupación por el conflicto palestino israelí, más precisamente sobre la guerra desatada entre el grupo Hamás e Israel el pasado mes de octubre de 2023. Realmente difícil de comprender.
La guerra silenciada
En noviembre de 2020, las fuerzas saharauis, luego que Marruecos violara el acuerdo de paz, con el desmantelamiento de la protesta de Guerguerat, “manu militari”, estallaron las hostilidades, reconocidas desde la misma Secretaría General de Naciones Unidas. Las fuerzas saharauis, se limitan acciones de pequeña escala, con duelos de artillería, golpes con fuerzas móviles y fuego de mortero. El estado de movilización, le permitió al gobierno saharaui, alinear a la población en una causa nacional.
La respuesta de Rabat ha sido también limitada, a fin de no entrar en una escalada con Argelia. La guerra de Ucrania, llevó a países europeos, acercarse con el régimen de Argel, para buscar fuentes alternativas de energía. Esto refuerza el papel de Argelia en el Norte de África, como factor de estabilidad. Una guerra abierta entre Marruecos y Argelia, perjudica los intereses occidentales en el área.
Rabat, buscaría escalar el conflicto, especialmente para que Mauritania reaccione, y quite el apoyo, no oficial a la República Saharaui. No en vano por medio del uso de drones, atacó blancos civiles, donde argelinos y mauritanos perdieron la vida. La escalada hacia una guerra abierta, por ahora queda descartado. Los cambios geopolíticos llegaron al África, y Marruecos se convierte en un bastión de intereses occidentales. Los golpes de Estado en Malí, Guinea, Burkina y Níger, alejaron a dichos países de sus lazos con Francia y en menor medida con Estados Unidos.
En este panorama, Mauritania, tiene un rol relevante, por su papel en el conflicto saharaui. Neutral, controla de facto la localidad de La Güera, con anuencia de la República Saharaui, a los fines de crear un “cordón” de seguridad. El paso ilegal de Guerguerat juega un papel de “polo de atracción geopolítica” para incrementar la dependencia económica de Mauritania respecto a Marruecos. Nuakchot, consciente de su debilidad, encontró en China un socio ideal, tanto en el plano económico, como militar, dado que las modestas fuerzas mauritanas han recibido material chino, especialmente para su pequeña fuerza naval. El mantenimiento del control de las zonas liberadas por parte de la República Saharaui, se vincula con la propia seguridad de Mauritania, de mantener alejado a Marruecos, que mantiene un claro interés expansionista.
Argelia, apoya a los saharauis, con el mismo motivo, de mantener lejos a Rabat del área cercana a Tinduf, donde se encuentra la mina Gara Djebile. El gobierno plantea no solo construir un centro minero, sino también industrial, con una red ferroviaria, que posiblemente se conecte con puertos mediterráneos. Quienes llevaron a cabo las obras, es un consorcio chino, formado por China International Water&Electric, Heyday Solar y Metallurgical Of China, y la empresa pública argelina Feraal. Los intereses de Argel, indican que es preciso impedir que Marruecos ocupe las zonas liberadas, intención que tenía antes de 2020, cuando comenzó a cuestionar el estatus de dichas zonas, respecto al Plan de Arreglo de 1991, con el objetivo de mantener alejadas las fuerzas de Rabat de un área estratégica como Tinduf. Por otro lado, la liberación de las zonas ocupadas, abre perspectivas muy alentadoras para los argelinos, teniendo una vía de salida para la producción minera de Tinduf, que beneficiaría ampliamente a la República Saharaui. Por ende, es muy poco probable que Argelia, le retire el apoyo al Frente Polisario/ República Saharaui.
La República Saharaui, precisa que dos actores claves como Mauritania y Argelia, mantengan su apoyo. A fin de cuentas, le proveen “profundidad estratégica”. Es posible que el liderazgo del Polisario, apueste a los cambios geopolíticos, donde claramente las potencias occidentales, están en pleno retroceso en África. Los cambios políticos en la región de la franja del Sahel, abrieron las puertas a una creciente presencia rusa y china. En el seno de los BRICS, el foro que aglutina a China, Rusia, Brasil, India y Sudáfrica, este último país, es especialmente crítico con la ocupación marroquí, lo que permitió en la cumbre de agosto de 2023, que se aprobara un comunicado, muy moderado, pero por lo menos, colocó en agenda la crisis del Sáhara Occidental, exigiendo una solución de la controversia. El ingreso de Etiopía, a los BRICS, abre nuevas perspectivas para los saharauis, dado que Addis Abeba, reconoció la República Saharaui en 1979 y ambos estados forman parte de la Unión Africana.
Marruecos se aferra a la ocupación, por muchos motivos, entre ellos el factor interno, dado que el conflicto justifica la represión interna, la exaltación nacionalista y refuerza el rol del rey, distrae a la opinión pública de la pobreza y corrupción, y además el expolio de los recursos pesqueros y mineros, financian la economía marroquí. España apoya la ocupación veladamente, a sabiendas que la pérdida del Sahara, significará un conflicto abierto por Canarias, Ceuta y Melilla.
Rabat precisa los conflictos externos como válvula de escape, ante una situación doméstica no muy halagüeña. Los intereses de Francia y Estados Unidos, están vinculados también a intereses económicos, y dado que Marruecos, es uno de los últimos países pro occidentales en África. La pérdida del Sáhara Occidental, incidiría directamente en la estabilidad de la monarquía y su peculiar régimen de equilibrios internos. Razones políticas lo llevan a no reconocer los combates en los muros defensivos, por lo menos abiertamente. Mantiene una postura defensiva y en el plano internacional busca el reconocimiento de la ocupación e imponer el plan de autonomía como única solución.
La única opción que queda es seguir manteniendo la presión militar, que permita que el conflicto del Sáhara Occidental, para que no caiga completamente en el olvido. La pregunta del millón, hasta cuándo durará esta situación.
La deuda con los saharauis
Los saharauis, no recurrieron al terrorismo. La República Saharaui, libró una guerra de liberación por más de una década, con un ejército regular. En las zonas ocupadas, a pesar de la violencia de la ocupación, los movimientos saharauis, siempre se manifestaron pacíficamente. La respuesta siempre ha sido la indiferencia y un proceso de paz congelado por más de dos décadas. España que tiene un rol central en la resolución del conflicto, es rehén de la presión marroquí, como también indirectamente de Francia, aliado de Rabat. Estados Unidos, busca mantener como pueda aliados en África, que cada vez son menos. Egipto, viejo aliado de Washington, mantiene sus vínculos, pero con una visión de mayor autonomía, incorporándose al espacio BRICS en agosto de 2023. Francia, el gran perdedor, tuvo que replegarse del Sahel, y veremos por cuánto tiempo más, mantendrá su influencia en Senegal, Costa de Marfil, Togo, Camerún, por citar los países de la Françafrique.
El desarrollo económico a futuro del área de Tinduf, alimentará el interés de un Sahara Occidental unificado e independiente, agregándose el interés mauritano, de mantener lejos a Rabat de sus fronteras.
El resultado de la guerra de Ucrania, incidirá en el tablero global. África tomó nota de su papel en el mundo que se viene, de carácter multipolar, y ello abre una tímida luz de esperanza para el conflicto saharaui, y Rabat deberá tener en cuenta, que no puede vivir eternamente aislado de sus vecinos y ser funcional a la política “divide y reinarás” en la Unión Africana, funcional a los intereses franceses.
La comunidad internacional está en deuda con los saharauis, por tantos años de olvido, complicidad con el expolio de sus riquezas y las violaciones a los derechos humanos. La devolución de los territorios ocupados a la República Saharaui, sin ninguna duda será parte de la reparación histórica, que Occidente, le debe al pueblo saharaui desde hace cinco décadas.
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