El chantaje y las maniobras comerciales ilegales que Marruecos hace con el negocio del fosfato saharaui.

Duplicidad y acrobacias del Majzen.

Madrid, 30 agosto de 2019.- (ECSaharaui)

Por H. Mohamed y Lehbib Abdelhay/ECS

Carguero lleno de fosfatos saharauis


Gran parte del enfoque en el negocio mundial del fosfato se relaciona con el status geopolítico del Sáhara Occidental y sus beneficios a la población local de dicha región. Lo primero, es complicado, y el debate general de lo segundo pasa por alto la mayor parte de la evidencia.

La Corte Internacional de Justicia declara al Sáhara Occidental un estado no autónomo pendiente de descolonización mediante la celebración de un referéndum. De esta forma, la explotación y venta de recursos naturales en este territorio no compete a Marruecos.







Sin embargo, una compañía del estado, el grupo OCP marroquí es el mayor proveedor de fosfato y sus derivados en términos de exportación mundial, una subsidiaria de Fousboucraa, que explota el fosfato de la región del Sáhara de Boucraa, cercana a la capital del Aaiun y mantiene una política de poco consenso y de vaivén en torno a la cuestión política saharaui. Esta empresa, también hace de agente patrocinador para los fertilizantes de Nueva Zelanda ya que el fosfato saharaui es el único viable para las condiciones climáticas de la región oceánica. 

El papel controvertido que juega Nueva Zelanda apuntala los objetivos del régimen marroquí de expropiar un recurso saharaui a sus habitantes locales, mientras mantiene y aviva el status quo que se ha creado en torno a la región y a la opinión pública e internacional, que clama por un debate serio, justo y donde los saharauis sean protagonistas.

Las contradicciones del Mjazén

En una columna en el diario neocelandés, nzherald, el jefe de la Oficina de Fosfatos (OCP), una empresa minera de propiedad del gobierno marroquí que controla una de las minas de fosfatos más grandes del mundo en el Sáhara Occidental ocupado, Maoulainine Maoulainine, afirma que las Naciones Unidas han clasificado el Sáhara Occidental como un territorio no autónomo, uno de los 17 en todo el mundo. Los territorios no autónomos son territorios cuyo estatus político final aún no ha sido determinado por el derecho internacional, por lo tanto la explotación de sus recursos naturales es totalmente ilegal.

Pero el titular de este infestado artículo de contradicciones compara la ocupación marroquí de la colonia española con el paraíso que funciona con energía solar, Tokelau, un territorio administrado actualmente por Nueva Zelanda. Pero el ridículo del jefe de la compañía patrocinadora de Fosbucraa se olvida de que Tokelau celebró en el año 2006, de forma libre, su referéndum de autodeterminación, supervisado por las Naciones Unidas. Fue celebrado del 11 de febrero al 15 de febrero de 2006. Estaba destinado a determinar el futuro de Tokelau, archipiélago actualmente bajo soberanía de Nueva Zelanda. A pesar de que la propuesta destinada a hacer evolucionar el archipiélago hacia la soberanía consiguió el 60% de los votos, el referéndum no pudo conseguir los dos tercios requeridos para su aprobación.

Contrariamente a lo que afirma el titular del artículo, el comercio en el territorio no solo es ilegal, sino que es denunciado por la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas y las cortes de la UE, porque entienden el impacto que este comercio tiene en el futuro del pueblo saharaui.

A principios de este año, la Corte de Justicia de la Unión Europea dictaminó, en una opinión, que está totalmente prohibido el comercio con los recursos naturales del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui. Aun así, el Parlamento Europeo, alentado por la Comisión Europea y sus 28 Estados miembros, aprobó la aplicación de las preferencias comerciales entre Marruecos y Europa a los productos procedentes del Sáhara Occidental.

OCP Group en jaque

Fosboucraa exporta no menos de 2 millones de toneladas de rocas de fosfato anualmente. Con más de 218 millones de dólares de ganancias en el año. Estas ganancias están dirigidas a consolidar la ocupación, para la compra de armamentos y para la represión brutal contra la población civil saharaui que se manifiesta por su derecho a la autodeterminación.

Fosboucraa se encuentra actualmente en medio de un programa de desarrollo de $ 3 mil millones para expandir el valor de sus operaciones desde la exportación de rocas de fosfato hasta la producción de ácido fosfórico y productos fertilizantes derivados.

El gobierno marroquí y sus partidarios apuntan a ambiciosos proyectos de desarrollo a gran escala del reino en el Sáhara Occidental, en particular en las zonas urbanas. Más de 2.5 mil millones de dólares han sido derramados en la infraestructura del territorio del Sáhara Occidental, significativamente más de lo que Marruecos haya adquirido por los recursos naturales del Sáhara Occidental y más de lo que es probable que obtenga en el futuro previsible. Por esta razón, los partidarios del régimen afirman que han cumplido con los requisitos relativos a los intereses, el bienestar y las necesidades de desarrollo de la población.

Sin embargo, la mayor parte del desarrollo de la infraestructura en el territorio ocupado no ha sido diseñada para mejorar el nivel de vida del pueblo del Sáhara Occidental, sino que ha implicado elaborar sistemas de seguridad interna en las bases militares, instalaciones de la policía, prisiones, aumentar la vigilancia, y todo lo relacionado con la represión y control de la población.

La construcción de viviendas, subsidios y otros apoyos para los colonos marroquíes así como terminales aeroportuarias y otras instalaciones de transporte diseñadas para acelerar la extracción de recursos. Más fundamentalmente, las decisiones sobre el uso de los ingresos procedentes de las minas y la pesca se están haciendo por el gobierno marroquí en la capital Rabat y no por la población subyugada.





En 2002, luego de que las Naciones Unidas y su Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos, Hans Corell, determinaron que la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental es una "violación de los principios de derecho internacional aplicables a las actividades de recursos minerales en los territorios no autónomos". Por desgracia, esto no impidió que las empresas mineras, petroleras, y las flotas pesqueras de Marruecos, Europa y Nueva Zelanda dejen de expoliar al pueblo del Sáhara Occidental.

Por ejemplo, la Oficina marroquí de Fosfatos (OCP) bajo el mando de Moulainin Moulainin, una empresa minera de propiedad del gobierno marroquí que controla una de las minas de fosfatos más grandes del mundo en el Sáhara Occidental ocupado, es la principal donante a las firmas de los lobbies en Estados Unidos y Europa.

Esto y otras formas de apoyo proporcionado a las fundaciones de cabildeo por OCP - ya suman tanto como 250.000.000 millones de dólares - ha levantado algunas cejas, dados los esfuerzos de estas firmas lobistas para impulsar a la administración de los EE.UU a reconocer la anexión de Marruecos del territorio a través de un plan de dudosa "autonomía", promovido por el rey Mohamed VI que negaría al pueblo del Sáhara Occidental la opción de la independencia como el derecho internacional exige.



Nueva Zelanda es el único país en el mundo que compra el fosfato saharaui a Marruecos.

Nueva Zelanda es el único país que queda en el mundo que todavía financia la ocupación ilegal del Sáhara Occidental. La compañia Ravensdown y Balance Agri-Nutrients son los únicos dos clientes que aún continúan comprando el fosfato robado de la colonia española, informa el digital neozelandés Scoop.

Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica e incluso Australia han dejado de comprar este 'fosfato de sangre' debido a las violaciones de derechos humanos causadas por esta brutal y horrible ocupación.

"Nos estamos reuniendo en el puerto de Lyttelton para protestar contra el barco de transporte Amoy Dream, que transporta miles de toneladas de fosfato robado. Exigimos que Ravensdown y Balance Agri Nutrients dejen de importar fosfatos de una mina operada por la empresa marroquí OCP en el territorio ilegalmente ocupado del Sáhara Occidental", dijo Josie Butler, portavoz del grupo Otautahi.

El año pasado, un barco que transportaba fosfatos con destino a Nueva Zelanda fue detenido en Sudáfrica, ya que sus tribunales dictaminaron que la carga fue robada al pueblo del Sáhara Occidental. Un barco también fue detenido en Panamá por la misma razón.






El Sáhara Occidental fue invadido por Marruecos en 1975. Debido a esta ocupación, alrededor de 165,000 personas aún viven en un campamento de refugiados en la vecina Argelia a pesar de un plan de paz de la ONU que propuso un referéndum para la independencia del Sáhara Occidental en 1991. El pueblo saharaui está separado de su tierra natal por un muro de arena de 2700 km personificado por 120,000 soldados. "La ocupación es brutal", dijo Josie Butler, portavoz del grupo Otautahi, "creo que la gente de Christchurch estaría horrorizada si saben que una empresa local está financiando tal injusticia".

Las autoridades saharauis piden a las agroalimentarias Ravensdown LTD y Ballance "dejar de robarles su futuro". Las dos cooperativas de fertilizantes de Nueva Zelanda son las dos últimas compañías que todavía importan de la región ocupada, aparte de una compañía india parcialmente propiedad de la familia real marroquí. El representante del Frente Polisario en Nueva Zelanda, Kamal Fadel afirma que el comercio de fosfatos financia la ocupación y también significa "reconocimiento de facto" del reclamo de Marruecos sobre el territorio.

"Ravensdown Take Em Down Otautahi apoya el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui", dijo Butler, "Ravensdown y Ballance deberían dejar de comerciar con "fosfato de sangre" hasta que los saharauis consigan un referéndum para su independencia".


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