Washington, 11 Marzo de 2020.-(ECSAHARAUI)
Por Lehbib Abdelhay/ECS.
Hoy miércoles 11 de marzo de 2020, el Departamento de Estado de EE. UU. emitió un informe detallado sobre la situación general de los Derechos Humanos en Marruecos y el Sáhara Occidental para el año 2020.
A pesar de que el Departamento de Estado de EE.UU hizo algunos cambios en la lista a finales de 2016, ha mantenido su posición sobre el territorio saharaui, afirmando y dejando claro una vez más que su soberanía es aún está por determinar. No mencionando en ningún momento las pretensiones marroquíes sobre el territorio.
Este informe, que este medio tiene acceso, analiza la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, el encarcelamiento de activistas, juicios políticos contra los jóvenes saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.
En la sección titulada "Juicios, torturas y encarcelamiento", el informe revisó la situación en el Sáhara Occidental, señalando que:
Marruecos reclama la soberanía sobre el Sáhara Occidental, vigila y controla de cerca el acceso al territorio. El informe señaló que el estatus legal del Sáhara Occidental y la cuestión de la soberanía siguen sin resolverse. Añadiendo además que la región siempre ha sido escenario de un conflicto armado entre las fuerzas del gobierno marroquí y el Frente Polisario, que continúa buscando la independencia de la región.
El informe apuntó, sin embargo, que desde 1991 el alto el fuego sigue en vigor y está supervisado por las Naciones Unidas. Y que hay miles de municiones sin explotar en las zonas del Sáhara Occidental y Mauritania a lo largo de la frontera y la explosión de estos artefactos, a veces, causa la muerte y lesiones graves entre la población local saharaui.
El informe aborda la expulsión de observadores internacionales del Sáhara Occidental, la detención de la activista saharaui, de Equipe Media, Nezha Khalidi. También habla de la situación de las asociaciones saharauis en el territorio.
La ONU (ACNUDH) no reportó casos de detenciones en el territorio durante 2019, denuncia el informe.
La ausencia de informes de investigaciones o enjuiciamientos por violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios marroquíes en el Sáhara Occidental, ya sea en los servicios de seguridad o en otras partes del gobierno, ha contribuido a una conciencia generalizada de los ataques de impunidad.
No se reportaron desapariciones por o en nombre de las autoridades del gobierno marroquí durante el año. Según el informe anual del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, de mayo de 2018 a mayo de 2019, Marruecos tenía 153 casos pendientes, siete menos que al comienzo del período del informe.
El informe señala que ciudadanos estadounidenses con intención de apoyar a las ONG que critican la política marroquí en el territorio, fueron expulsados o se les negó el acceso al Sáhara Occidental.
"Según el informe del Secretario General de las Naciones Unidas en octubre, ACNUR recibió varios informes de que los presos en Gdeim Izik habían sido sometidos a malos tratos y negligencia médica", denuncia el informe.
"La Dirección General de Lucha contra la Pobreza indicó que estos presos estaban recluidos en celdas individuales de prisión de acuerdo con las normas y estándares internacionales y tenían derecho a participar en actividades sociales colectivas con otros presos. Para obtener más información, consulte los informes nacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de 2019 sobre prácticas de derechos humanos en Marruecos", añade el informe del Departamento de Estado de EE.UU.
"Amnistía Internacional y otras ONG informaron que el 11 de abril, las fuerzas de seguridad marroquíes detuvieron al activista saharaui Ali Saadouni después de que lanzó en Facebook un video con banderas de la RASD durante una manifestación el día anterior", denuncia el informe.
"El 29 de abril, el Tribunal de Primera Instancia de El Aaiún condenó a Saadouni a siete meses de prisión y una multa de 5,000 dirhams ($ 500). La ONG AdalaUK dijo que el fiscal no había aportado pruebas para respaldar los cargos. El 13 de junio, el Tribunal de Apelaciones de El Aaiún redujo la pena de prisión a cinco meses", recalca el informe.
"La prensa y los medios, incluidos los medios digitales: las prácticas del gobierno marroquí con respecto a la prensa, la libertad de los medios, la violencia, el acoso, la difamación o la propaganda, y los problemas de seguridad nacional, son los mismos que los de Marruecos internacionalmente reconocidos", dijo
El 16 de febrero, Ana Cortés, una periodista que trabajaba para los medios españoles, fue expulsada del Sáhara Occidental a Agadir después de que la policía interrumpió una reunión con miembros de la Asociación Qassam en El Aaiún, según RSF.
Nezha El-Khaldi, una periodista de Equipe Media, una ONG saharaui no registrada en el gobierno marroquí, fue arrestada en diciembre de 2018 mientras intentaba transmitir en vivo por Facebook una manifestación en El Aaiún.
La policía confiscó el teléfono celular que Khalidi usó para grabar las fotos. Human Rights Watch condenó los cargos contra Khalidi de falsificar títulos profesionales mediante la práctica de actividades periodísticas sin acreditar al estado como periodista.
El 19 de mayo, las autoridades marroquíes impidieron a cinco abogados españoles y activistas de derechos humanos noruegos presenciar la audiencia en el tribunal de primera instancia, originalmente programado para el 20 de mayo. 8 de julio.
El informe aborda en general la situación de los DD.HH en el Sáhara Occidental, pero pone de fuente de su información para el informe, las instituciones marroquíes que gestienan el territorio.
El informe oficial publicado por el Departamento de Estado de EE.UU puede verse pinchando.
Por Lehbib Abdelhay/ECS.
Hoy miércoles 11 de marzo de 2020, el Departamento de Estado de EE. UU. emitió un informe detallado sobre la situación general de los Derechos Humanos en Marruecos y el Sáhara Occidental para el año 2020.
A pesar de que el Departamento de Estado de EE.UU hizo algunos cambios en la lista a finales de 2016, ha mantenido su posición sobre el territorio saharaui, afirmando y dejando claro una vez más que su soberanía es aún está por determinar. No mencionando en ningún momento las pretensiones marroquíes sobre el territorio.
Este informe, que este medio tiene acceso, analiza la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, el encarcelamiento de activistas, juicios políticos contra los jóvenes saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.
En la sección titulada "Juicios, torturas y encarcelamiento", el informe revisó la situación en el Sáhara Occidental, señalando que:
Marruecos reclama la soberanía sobre el Sáhara Occidental, vigila y controla de cerca el acceso al territorio. El informe señaló que el estatus legal del Sáhara Occidental y la cuestión de la soberanía siguen sin resolverse. Añadiendo además que la región siempre ha sido escenario de un conflicto armado entre las fuerzas del gobierno marroquí y el Frente Polisario, que continúa buscando la independencia de la región.
El informe apuntó, sin embargo, que desde 1991 el alto el fuego sigue en vigor y está supervisado por las Naciones Unidas. Y que hay miles de municiones sin explotar en las zonas del Sáhara Occidental y Mauritania a lo largo de la frontera y la explosión de estos artefactos, a veces, causa la muerte y lesiones graves entre la población local saharaui.
El informe aborda la expulsión de observadores internacionales del Sáhara Occidental, la detención de la activista saharaui, de Equipe Media, Nezha Khalidi. También habla de la situación de las asociaciones saharauis en el territorio.
La ONU (ACNUDH) no reportó casos de detenciones en el territorio durante 2019, denuncia el informe.
La ausencia de informes de investigaciones o enjuiciamientos por violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios marroquíes en el Sáhara Occidental, ya sea en los servicios de seguridad o en otras partes del gobierno, ha contribuido a una conciencia generalizada de los ataques de impunidad.
No se reportaron desapariciones por o en nombre de las autoridades del gobierno marroquí durante el año. Según el informe anual del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, de mayo de 2018 a mayo de 2019, Marruecos tenía 153 casos pendientes, siete menos que al comienzo del período del informe.
El informe señala que ciudadanos estadounidenses con intención de apoyar a las ONG que critican la política marroquí en el territorio, fueron expulsados o se les negó el acceso al Sáhara Occidental.
"Según el informe del Secretario General de las Naciones Unidas en octubre, ACNUR recibió varios informes de que los presos en Gdeim Izik habían sido sometidos a malos tratos y negligencia médica", denuncia el informe.
"La Dirección General de Lucha contra la Pobreza indicó que estos presos estaban recluidos en celdas individuales de prisión de acuerdo con las normas y estándares internacionales y tenían derecho a participar en actividades sociales colectivas con otros presos. Para obtener más información, consulte los informes nacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de 2019 sobre prácticas de derechos humanos en Marruecos", añade el informe del Departamento de Estado de EE.UU.
"Amnistía Internacional y otras ONG informaron que el 11 de abril, las fuerzas de seguridad marroquíes detuvieron al activista saharaui Ali Saadouni después de que lanzó en Facebook un video con banderas de la RASD durante una manifestación el día anterior", denuncia el informe.
"El 29 de abril, el Tribunal de Primera Instancia de El Aaiún condenó a Saadouni a siete meses de prisión y una multa de 5,000 dirhams ($ 500). La ONG AdalaUK dijo que el fiscal no había aportado pruebas para respaldar los cargos. El 13 de junio, el Tribunal de Apelaciones de El Aaiún redujo la pena de prisión a cinco meses", recalca el informe.
"La prensa y los medios, incluidos los medios digitales: las prácticas del gobierno marroquí con respecto a la prensa, la libertad de los medios, la violencia, el acoso, la difamación o la propaganda, y los problemas de seguridad nacional, son los mismos que los de Marruecos internacionalmente reconocidos", dijo
El 16 de febrero, Ana Cortés, una periodista que trabajaba para los medios españoles, fue expulsada del Sáhara Occidental a Agadir después de que la policía interrumpió una reunión con miembros de la Asociación Qassam en El Aaiún, según RSF.
Nezha El-Khaldi, una periodista de Equipe Media, una ONG saharaui no registrada en el gobierno marroquí, fue arrestada en diciembre de 2018 mientras intentaba transmitir en vivo por Facebook una manifestación en El Aaiún.
La policía confiscó el teléfono celular que Khalidi usó para grabar las fotos. Human Rights Watch condenó los cargos contra Khalidi de falsificar títulos profesionales mediante la práctica de actividades periodísticas sin acreditar al estado como periodista.
El 19 de mayo, las autoridades marroquíes impidieron a cinco abogados españoles y activistas de derechos humanos noruegos presenciar la audiencia en el tribunal de primera instancia, originalmente programado para el 20 de mayo. 8 de julio.
El informe aborda en general la situación de los DD.HH en el Sáhara Occidental, pero pone de fuente de su información para el informe, las instituciones marroquíes que gestienan el territorio.
El informe oficial publicado por el Departamento de Estado de EE.UU puede verse pinchando.
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