Por Lehbib Abdelhay /ECS
El régimen marroquí continúa con su política de violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y niega al pueblo saharaui su derecho a la autodeterminación, mientras el proceso de negociación liderado por la ONU entre Marruecos y el Frente Polisario sigue estancado tras la dimisión del enviado de la ONU para el Sáhara Occidental, Horst Kohler, según denunció un informe de la ONG estadounidense Human Right Watch en su informe anual para 2020.
"El proceso de negociaciones bajo los auspicios de Naciones Unidas entre Marruecos y el Frente Polisario (...), quedó suspendido tras la dimisión en mayo de 2019 del representante especial del secretario general de la ONU para esta región, Horst Kohler", señala la ONG.
El informe sostiene que Marruecos "rechaza tajantemente la idea de un referéndum sobre la independencia en el Sáhara Occidental, que las partes en el conflicto habían aceptado en el contexto de un acuerdo de alto el fuego celebrado bajo la égida de la ONU en 1991", precisando que "las autoridades marroquíes impiden sistemáticamente la celebración en el Sáhara Occidental de reuniones de apoyo a la autodeterminación de pueblo saharaui, obstaculizan la labor de determinadas organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, en particular bloqueando su acreditación y, de vez en cuando, reprimen a activistas y periodistas bajo custodia policial o en las calles”.
Prueba de ello, Rabat abrió inmediatamente una investigación judicial por parte de un fiscal de El Aaiún tras la creación, el 29 de septiembre, de la “Instancia saharaui contra la ocupación marroquí”, una nueva organización pro saharaui creada por la famosa activista saharaui Aminatou Haidar.
El fiscal en cuestión, según denunció HRW, había publicado un comunicado de prensa en el que anunciaba la apertura de una investigación judicial por "actividades destinadas a atentar la integridad territorial del reino" una nueva organización independentista creada por la famosa activista saharaui Aminatou Haidar".
El mismo día, la policía cercó las casas de cinco miembros de este nuevo grupo, incluida la propia Haidar.
Uno de este grupo declaró, el 5 de octubre, a Human Rights Watch que fueron seguidos por vehículos policiales tan pronto como salieron de sus hogares por cualquier motivo y que el acceso a sus hogares estaba prohibido a los visitantes.
HRW recuerda que “Walid El Batal, activista saharaui que defiende que la autodeterminación en el Sáhara Occidental, permanece en prisión tras ser condenado en octubre de 2019 por un Tribunal de Apelación en El Aaiún, a dos años de prisión por rebelión e insultos a agentes de policía".
El informe señala además que “el 25 de febrero, las autoridades dijeron a Human Rights Watch que habían abierto una investigación tras la publicación en YouTube nueve meses antes de un video que mostraba a agentes de la policía golpeando brutalmente a El Batal y a otra persona en el momento de su detención”.
Además, “19 saharauis (…) seguían encarcelados en 2020, tras haber sido condenados en 2013 y 2017, tras juicios injustos, por los asesinatos de 11 miembros de las fuerzas de seguridad cometidos en 2010, durante el "los enfrentamientos que se produjeron cuando las autoridades desmantelaron por la fuerza un gran campamento de manifestantes en Gdeim Izik, Sahara Occidental". El informe señala que "en su veredicto de culpabilidad, los dos tribunales se basaron casi en su totalidad en las confesiones obtenidas por parte de la policía, sin investigar seriamente las denuncias de que los acusados firmaron sus confesiones bajo tortura”. También llama a que "el 25 de noviembre, el Tribunal de Casación, máximo órgano judicial de Marruecos, confirmó el veredicto del Tribunal de Apelación".
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