- Han pasado diez años desde el inicio de las protestas lideradas por el Movimiento 20 de Febrero en Marruecos. Como un fénix, podría resurgir de sus cenizas para sacudir un régimen políticamente frágil.
ECS/MEE. Madrid | Por A.C.
En 2011, el reino de Marruecos se vio sacudido por una ola de protestas a raíz de la Primavera Árabe. Los manifestantes pidieron el fin del autoritarismo y el establecimiento de un sistema democrático capaz de garantizar plenamente los derechos y libertades de los ciudadanos.
Liderado principalmente por activistas apartidistas, en su mayoría jóvenes sedientos de modernidad, el Movimiento 20 de Febrero (M20F) había roto el silencio ensordecedor de una población fagocitada, durante mucho tiempo, por un Estado centralizador que intenta reconectarse con el planteamiento estatal del "Completamente seguro", adoptado durante los "años de plomo" durante el reinado despótico del rey Hassan II.
En un contexto de crisis pandémica, los partidarios acérrimos del M20F han intentado en vano celebrar el aniversario de este movimiento. Pero allí estaba la policía, dispuesta a enfrentarse a decenas de manifestantes que no tenían posibilidades frente a un impresionante sistema de seguridad, reforzado por medidas restrictivas vinculadas al estado de emergencia sanitaria.
Del lado del poder oficial, cada vez más febril ante cualquier forma de protesta, el Reino se presenta como un remanso de paz y libertad donde las reformas políticas, económicas y sociales llevadas a cabo por la monarquía están en pleno apogeo, haciendo de Marruecos un "modelo" a seguir en la región. De hecho, la propaganda mediática, a menudo transmitida por pseudointelectuales de servicio, no pierde la oportunidad de destacar los "grandes proyectos" lanzados por el régimen, comenzando por las infraestructuras urbanas, cuando bastaba con unas pocas horas de lluvia para inundar las calles del país y cortar varias ciudades del reino, como recientemente ocurrió en Casablanca.
Para disgusto de la población, la capital económica se transformó en poco tiempo en una piscina de tamaño natural, revelando a plena luz del día la calamitosa gestión de la red viaria de la metrópoli.
Gérmenes en regiones abiertas.
Peor aún, mientras el discurso oficial habla durante todo el día sobre la resiliencia de la economía marroquí y el atractivo del reino para los inversores, los indicadores socioeconómicos están en rojo, como muestra, en particular, la deuda externa que batió récords, en una economía plagada de corrupción, mecenazgo y blanqueo de capitales.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), en 2020, Marruecos perdió seis putos en la clasificación mundial en comparación con 2019, posicionándose en el 80º lugar en un ranking de 180 países.
Esta alarmante situación podría ser el preludio de una revuelta social que probablemente dará el toque de gracia a un simulacro de estabilidad política que la monarquía está luchando por camuflar por todos los medios posibles a su alcance.
Se podría argumentar que los esfuerzos del rey Mohamed VI para ocultar la crisis que desgarra al país no serán suficientes para evitar el riesgo real de un estallido social, cuyas semillas están en las regiones abiertas, donde la precariedad erosiona a las poblaciones. Numerosos indicadores podrían corroborar este análisis de la situación en Marruecos.
El primer indicador se refiere al deterioro de las condiciones socioeconómicas de las poblaciones desfavorecidas. En la ley de finanzas de 2021 se observó al alza el déficit presupuestario y aumentó la deuda estatal del 65% al 76% del PIB, superando así el estándar del 60%, que pone al Reino en números rojos.
Además, según un estudio del Bank al-Maghrib (BAM), publicado a principios de enero de 2021, el sector informal en Marruecos representa el 30% del PIB. Y eso no es todo. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este mismo sector informal absorbe el 80% de la población activa en Marruecos.
Estas cifras espantosas corren el riesgo de ampliar aún más la brecha de las desigualdades entre ricos y pobres, y aumentar la vulnerabilidad a la tasa de pobreza de las poblaciones que sufren cada vez más la marginación y exclusión social. La tasa de desempleo en Marruecos se acerca ahora al 12%, alcanzando el 31,2% entre los jóvenes y el 18,5% entre los graduados, según cifras oficiales. A la vista de estos datos, la crisis socioeconómica podría exacerbar la frustración social y reavivar la protesta, que ha ido en aumento en los últimos años.
Hirak RIF.
Después de Hirak el Rif en 2016, la importante movilización de profesores en prácticas y estudiantes de medicina desde 2018, Marruecos se vio sacudido por protestas en Taza y en la ciudad minera de Jerada (noreste) y, muy recientemente, huelgas de estudiantes de escuelas de ingeniería.
Esta situación atestigua una fuerte correlación entre la actual crisis socioeconómica y el auge de las protestas en el Reino, lo que explica precisamente la firme movilización de la monarquía para querer anticiparse a los riesgos de implosión social que les aguardan.
Ante este impasse, las autoridades no dudan en volver a recetas antiguas, como la que consiste en crear comisiones.
La más reciente es la comisión asesora especial encargada por el monarca para elaborar un "nuevo modelo de desarrollo". Esta comisión está formada principalmente por fieles cercanos al Palacio Real y su labor escapa a cualquier control del gobierno y más aún del Parlamento.
Una clase política repudiada.
El segundo indicador que podría presagiar una revuelta social es inherente al rechazo de la clase política. Además de la precariedad, los marroquíes, en su mayoría, no dan mucho crédito a la acción política y menos aún a los políticos.
De hecho, según los resultados de una encuesta a jóvenes, realizada por el Alto Comisionado de Planificación en 2012, solo el 1% de los jóvenes marroquíes se afilian a un partido político y el 4% participa en reuniones de partidos o sindicatos.
La confianza entre gobernantes y gobernados se desmorona día a día, como lo demuestra acertadamente la tasa de abstención de las elecciones legislativas de 2016, que alcanzó un récord del 62%, según datos oficiales.
A medida que se acercan las próximas elecciones de 2021, los partidos políticos ciertamente tendrán dificultades para movilizar a los votantes en torno a programas obsoletos que no reflejan las aspiraciones del pueblo.
El clientelismo y el nepotismo continúan afectando a la mayoría de los partidos, que parecen tener dificultades para proponer ofertas electorales que emanan de las necesidades y expectativas de la población, especialmente entre los jóvenes de entornos desfavorecidos.
La llegada del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), creado en 2008 por Fouad Ali El Himma, amigo y consejero del rey, solo ha desacreditado aún más a los partidos ante los ojos de los marroquíes, muchos de los cuales todavía se preguntan cómo el PAM logró imponerse en el ámbito partidista en tan poco tiempo.
El apoyo apenas declarado que habían recibido los candidatos con los colores del PAM, en particular de la administración central, durante las últimas elecciones legislativas, no ayudó a mejorar la situación.
De hecho, el espectro del boicot continuaría flotando sobre las próximas elecciones, con el riesgo real de que la diferencia se amplíe entre poblaciones en apuros y partidos políticos con votantes ausentes.
A ello hay que añadir el intervencionismo del Ministerio del Interior en la remodelación del carnet partidista, a juzgar por la adopción de numerosos textos normativos relacionados con las elecciones, algunos de los cuales reducen el número de distritos electorales que adoptan el sistema de listas (votación sobre programas) en beneficio de quienes adoptan el sistema uninominal (voto por personas).
En otro registro, hay que reconocer que la falta de alternativas políticas institucionales para satisfacer las expectativas de los votantes podría así incentivarlos a emprender el camino de la protesta.
La voluntad no declarada del régimen de querer debilitar, e incluso desacreditar, a los partidos políticos es sin embargo obvia: el Partido Justicia y Desarrollo (PJD, islamistas) ha sufrido en los últimos años una campaña orquestada por el estado profundo (el Majzén) y sus asociados con el objetivo de debilitar a los partidarios del Islam político institucional.
Como prueba, el pasado 3 de marzo, el Ministerio del Interior, apoyado por partidos, algunos de los cuales pertenecen a la mayoría, impuso una disposición antidemocrática que revive las prácticas autoritarias de antaño, ligadas al cociente electoral, que ahora basa su cálculo para la asignación de escaños en el número de inscritos y no en el número de votos emitidos.
Al votar en contra de este lamentable proyecto, que insulta la inteligencia de los marroquíes, el PJD estima que su aplicación le hará perder al partido unos 25 escaños en la Cámara de Representantes. Otro intento más del régimen de Mohamed VI de eludir sus "compromisos" de garantizar la liberalización política, como se describe en la constitución de 2011.
Al atacar a los islamistas legalistas, el gobierno se cree invulnerable. Tanto es así que parece haber olvidado el apoyo dado por casi toda la clase política, empezando por el PJD, a la monarquía alauí, mientras ésta flaqueaba bajo los golpes del M20F.
Como recordatorio, esto fue apoyado principalmente por la asociación Al Adl Wal Ihsane (un movimiento islamista radical con fuertes raíces populares que no reconoce el mando de los creyentes encarnado por el rey y aspira a establecer un modelo califal) y por partidos de izquierda, como el Partido Socialista Unido (PSU), el Partido de Vanguardia Socialista Democrática (PADS), el Congreso Nacional Ettahadi (CNI) y Ennahj Democrati (extrema izquierda).
Ahora bien, si el PJD alguna vez pierde las próximas elecciones, por una razón u otra, lo que todavía parece poco probable dada la sólida base electoral de la que goza el partido en el gobierno, es muy probable que los islamistas se apoderen del poder, comenzando por la juventud del partido (achabiba), y decidan dejar de mostrar su apoyo incondicional al régimen, aunque eso signifique apoyar subrepticiamente las movilizaciones colectivas.
Y esto ocurriría incluso si el PJD decide integrar una mayoría gubernamental liderada por otro partido supuestamente favorito, el Rally Nacional de Independientes (RNI), liderado por el multimillonario de origen sousi, Aziz Akhannouch.
En este caso, es muy probable que los frágiles equilibrios que gobiernan la creación de mayorías gubernamentales aceleren el aumento de las protestas en todo el territorio. En ese momento, el régimen de Mohamed VI no podrá contar con el apoyo inquebrantable del PJD, que se enfrenta a las protestas por proteger la monarquía. Si este improbable escenario alguna vez se hiciera realidad, el rey se enfrentaría a la gente de Al Adl Wal Ihsane.
Represión de las libertades.
El tercer indicador que podría generar protestas está vinculado a la represión de las libertades. Recordemos aquí las detenciones arbitrarias y las fuertes sanciones contra los activistas del Hirak, pero también contra muchos periodistas críticos con el régimen, como Taoufik Bouachrin, Souleiman Raissouni y Omar Radi, entre otros. Recientemente, el régimen de Mohamed VI dio un paso más al decidir encarcelar al académico y activista de derechos humanos Maâti Monjib, con la esperanza de sofocar las voces de los intelectuales que se oponen al poder. Para silenciar las voces críticas que denuncian el autoritarismo, la injusticia y las desigualdades, el gobierno utiliza todos los medios a su alcance, en particular la cooptación de intelectuales y académicos dóciles y patriotas. Estos últimos se despliegan implacablemente para ocupar los medios de comunicación para inculcar un discurso unánime que alaba la política oficial y aboga por la infalibilidad de la monarquía.
Muy recientemente, las autoridades decidieron acelerar el proceso llevando a varios magistrados ante la comisión disciplinaria del Consejo Superior de la Autoridad Judicial por haber expresado sus opiniones sobre el funcionamiento de la institución de justicia en el reino.
Además, hay que recordar que la regla de plomo puesta en marcha por el gobierno se basa en un formidable aparato de seguridad, que también ha seguido fortaleciéndose en los últimos diez años, a juzgar por el notable aumento del presupuesto dedicado al Ministerio de Interior (de alrededor de 1,5 a casi 3 mil millones de euros).
Al hacerlo, los marroquíes comienzan a darse cuenta de que el estado profundo está tratando de dar un giro preocupante hacia la “total seguridad”. ¿De qué otra manera explicar la negativa de las autoridades a autorizar manifestaciones pacifistas?
Algunos defensores patentes del régimen plantearon la idea de que las manifestaciones pacifistas corren el riesgo de convertirse en manifestaciones masivas que podrían amenazar la estabilidad del país. Otros van más allá blandiendo el espantapájaros de la guerra civil, como lo que está pasando en Siria.
Sin embargo, la represión de las libertades revela sobre todo una reticencia del poder, que ya no apoya la crítica y menos aún las movilizaciones colectivas destinadas a denunciar la crisis socioeconómica y el incumplimiento de los derechos humanos.
Finalmente, no podemos ignorar la importancia de la dimensión identitaria dentro de la sociedad marroquí, como indicador de la estabilidad del régimen vigente. No hace falta decir que cualquier denigración política de las identidades locales en favor de un discurso oficial que defienda una identidad nacional homogeneizadora contribuye en última instancia a avivar las tensiones étnico-tribales, llegando incluso a generar conflictos comunales en un contexto de "separatismo".
Esto corre el riesgo de socavar el poder soberano del Estado marroquí, que predica la unidad nacional como garante de la paz social. Sin embargo, en la historia de los movimientos de protesta en Marruecos, podemos decir que la opción "separatista" nunca ha estado en la agenda, salvo en el caso del Frente Polisario, que reivindica la justa autodeterminación del pueblo saharaui en el vecino Sáhara Occidental.
En el caso del M20F, la dimensión identitaria no estaba en la agenda de los manifestantes, incluidos los más radicales, a saber, los partidos de extrema izquierda y el movimiento islamista de Al Adl Wal Ihsane.
Y en 2016, durante el hirak del Rif, las demandas sociales y políticas no formaban parte de una lógica separatista, contraria a lo que había afirmado torpemente el gobierno liderado por el PJD.
¿Hacia una radicalización de la protesta?
De hecho, los activistas del Hirak habían movilizado marcadores de identidad, como la bandera Amazigh y el idioma Rif, como parte de una estrategia racional para diferenciar una comunidad estigmatizada del régimen y las élites de poder.
Incluso la movilización en torno al Emir Abdelkrim al-Khattabi, fundador de la República del Rif en 1923, no tenía ambiciones ideológicas de orden separatista. El repositorio histórico probablemente se usó con fines utilitarios destinados a impulsar a las multitudes recurriendo a un pasado glorioso compartido por la comunidad del Rif.
Lo mismo ocurre con el uso de la lengua Rif que facilitó la comunicación y la movilización de una comunidad en la que la mayoría no hablaba árabe ni darija (dialecto marroquí).
En cuanto a la bandera bereber, tuvo una función simbólica en la medida en que representa la lengua y cultura bereber en todo el norte de África, pero también y sobre todo la relación entre Cielo y Tierra, Hombre y Dios, en lo que parece ser una construcción mítica destinada a celebrar el coraje y la sabiduría de los amazighs.
Por tanto, fue un error de los políticos a cargo del gobierno estigmatizar al Hirak del Rif acusándolo de movimiento "separatista", aunque haya, es cierto, reclamos políticos y de identidad que están en las antípodas de la política y el discurso oficial. Por eso, sería peligroso que el régimen de Mohamed VI continúe su enfrentamiento con los movimientos de protesta social, incluidos los que presentan un registro de identidad a nivel comunitario.
Negarse a perdonar a Ahmed Zefzafi y a los líderes del Hirak y seguir prohibiendo las manifestaciones pacifistas, incluidas las que ponen en primer plano las demandas políticas basadas en la identidad, solo puede contribuir a producir el efecto contrario, a saber, la radicalización de la protesta y el aumento del extremismo por todos lados.
Frente a un poder central que favorece el enfoque de seguridad, los partidos políticos, en su mayoría, parecen haber abandonado su papel esencial de frenos y contrapesos. Frente a las élites en gran parte resignadas, el camino parece despejado para que políticos amargados y corruptos continúen con impunidad para "administrar" los asuntos del estado bajo las garras de un aparato de seguridad que trabaja incansablemente para restringir drásticamente las libertades.
En un contexto de crisis económica pandémica y sin precedentes, el régimen de Mohamed VI descuida el papel de los movimientos sociales como un componente activo dentro de una nueva sociedad civil no instituida.
Sin embargo, en la Constitución de 2011, el legislador le otorgó nuevos poderes en el marco de una democracia participativa. Una forma de contener el descontento social participando en una estrategia de cooptación de actores sociales "desde abajo". Esto podría favorecer el surgimiento de una nueva forma de solidaridad que, a su vez, podría favorecer el surgimiento de nuevas alternativas políticas.
Sin embargo, en realidad, la terquedad del poder para realizar transformaciones "desde arriba" corre el riesgo de generar tensiones sociales y políticas capaces de convertirse en una revuelta social que no pronuncia su nombre, cuando menos lo esperaríamos.
Esta revuelta social podría ser, en última instancia, la culminación de muchos levantamientos esporádicos que ciertamente variarán en el tiempo, la forma, la frecuencia y la intensidad dependiendo de la contingencia política nacional, pero también regional e internacional.
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