ECS. Madrid. | La multinacional francesa ENGIE continuará con sus planes para construir ilegalmente una planta desaladora en la ciudad saharaui ocupada de Dajla, según advirtió Western Sahara Resource Watch (WSRW), el observatorio encargado de monitorear la explotación de los recursos naturales en el territorio no autónomo del Sáhara Occidental, invitando a la empresa francesa a publicar los dictámenes legales que permitan la firma de dicho proyecto.
Según ha entendido Western Sahara Resource Watch (WSRW) de un correo electrónico recibido de ENGIE el 13 de abril de 2021, la eléctrica francesa continuará con sus planes que prevén la construcción de una planta desaladora en el Sáhara Occidental ocupado a través de un contrato con el gobierno del país vecino, Marruecos, que ocupa el Sáhara Occidental, dijo en una nota publicada en su web.
WSRW recordó que Marruecos mantiene ocupado ilegalmente la mayor parte del Sáhara Occidental desde 1975, según la Corte Internacional de Justicia y la Corte de Justicia de la UE.
La misma fuente aclaró en su nota que ENGIE reconoce no haber respondido a ninguna de las preguntas planteadas por WSRW el 9 de diciembre de 2020 y el 3 de febrero de 2021 respecto a los fundamentos legales de dicho proyecto.
"En cambio, la empresa se refiere a dos análisis legales realizados por bufetes de abogados, un estudio de impacto social y ambiental y una consulta con las comunidades locales", dijo WSRW, agregando que solicitó por correo a ENGIE hacer públicos estos documentos para su evaluación.
El observatorio responsable del seguimiento de la explotación de los recursos naturales en el Sáhara Occidental explica, además, que el último documento al que se refiere ENGIE, "una consulta a las comunidades locales", fue elaborado por Global Diligence, una consultora con sede en Londres que se presenta como un equipo de juristas internacionales que ofrecen servicios de derecho penal internacional, derechos humanos y responsabilidad corporativa.
En enero de 2021, la compañía invitó a WSRW a participar en la fase inicial del proceso preliminar de participación de las partes interesadas. "WSRW se negó a participar en un proceso de este tipo porque el estudio, tal como se presentó, no tiene en cuenta el hecho de que el Sáhara Occidental está separado y es distinto de Marruecos, y este último no tiene mandato legal para administrar el territorio'', añadiendo que ''la población del territorio tiene derecho a la autodeterminación.''
En este sentido, WSRW deplora el hecho de que "Global Diligence no haya respondido a ninguna de sus preguntas respecto a su metodología, autoridad o evaluación de los hechos legales relacionados tanto con la tierra como con su población."
Citando a los medios de comunicación marroquíes, WSRW destacó que la instalación debería beneficiar principalmente a los agronegocios cerca de Dajla, unas enormes plantaciones que pertenecen a los conglomerados franco-marroquíes y al propio rey de Marruecos, Mohamed VI, y que contribuyen al agotamiento de las reservas de agua subterránea no renovables de la región.
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