El Reino de Marruecos, que ocupa militar e ilegalmente el 80% del Sáhara Occidental, un área desértica del norte occidental de África con un área de 266,000 km², ubicado entre Mauritania en el sur, Argelia en el este y Marruecos en el norte, continúa reclamando la soberanía de la antigua colonia española basándose en un delirio ideológico-expansionista de hace más de mil años.
En la otra parte, las fuerzas de resistencia saharauis están reclamando un referéndum de autodeterminación, que decida el futuro político de la antigua colonia española, Sáhara Occidental, registrada desde 1963 en la lista de los territorios no autónomos de la ONU pendientes de descolonización.
El referéndum prometido al pueblo saharaui como parte de la descolonización ratificada en 1991, desafortunadamente no pudo llevarse a cabo a pesar de las mediaciones y conversaciones mantenidas a través de enviados especiales designados por varios Secretarios Generales de las Naciones Unidas desde la década de 1980, para resolver, en vano, el estado colonial de esta rica región africana.
Sin embargo, en mayo de 1975, a petición de Marruecos, las Naciones Unidas solicitaron la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la situación política del entonces Sáhara español con vistas a la retirada española. Menos de 5 meses después, la CIJ declara que "el Sáhara Occidental no era terra nullius antes de la ocupación española.'' Aunque se reconocen los vínculos históricos del territorio y su población con Marruecos y Mauritania, se consideran insuficientes para que el territorio pueda ser reclamado por Mauritania o Marruecos.
Se estableció así el derecho de la población local a ejercer su derecho a la libre determinación y se rechazaron los reclamos de Marruecos. Una decisión que no agradó a Rabat, que decidió, desafiando al derecho internacional, invadir el Sáhara Occidental en noviembre de 1975. Un plan que se mantuvo en secreto con las autoridades españolas y estadounidenses desde Mayo del mismo año.
España se retiró oficialmente de la región y transfirió la administración del territorio, ilegalmente de acuerdo con el derecho internacional, a Marruecos y Mauritania el 27 de febrero de 1976. El mismo día, el Frente Polisario declaró la creación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Inicia una guerra completamente asimétrica, dos países; Marruecos y Mauritania, apoyados por dos superpotencias; EE.UU y Francia, luchan contra un movimiento de liberación.
En 1979, Mauritania es derrotada y fulminada su economía. En el mismo año el Frente Polisario fue reconocido como el representante legítimo y único del pueblo saharaui a través de la Resolución 3437 de la Asamblea General del 21 de noviembre. Posteriormente el gobierno de Mauritania reconoció el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y firmó la paz con la RASD.
Tras años de tácticas dilatorias marroquíes con el consiguiente estancamiento del conflicto durante la década de los noventa, ni el Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, ni el Enviado Especial de los Estados Unidos, James A. Baker, ni el nuevo Secretario General, Kofi Annan, pudieron imponer una solución en la dirección del resultado final del último conflicto territorial africano.
Idas y venidas, obstrucciones marroquíes al censo de votantes, concluyeron en 2003 con el beneplácito e indiferencia del Consejo de Seguridad. Tras 4 años de incertidumbre, el 10 de abril de 2007, el Frente Polisario, a través de quien fuera su representante en las Naciones Unidas, Ahmed Bujari, presentó una propuesta para una solución política, asegurando la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental.
El 11 de abril de 2007, Marruecos propuso al nuevo Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, una propuesta de estatuto de autonomía para la región del Sáhara, con el apoyo de Francia y España.
Pero una vez más, las negociaciones incondicionales a las que llamó la ONU, no pudieron tener éxito, Marruecos tropezó con el requisito previo de abandonar su declaración de soberanía sobre el Sáhara Occidental.
5 años después, Christopher Ross, es designado nuevo enviado especial de Ban Ki-moon para la mediación en las negociaciones entre los saharauis y los marroquíes. Marruecos lo declara persona non grata en 2015 después del rechazo de Ban Ki-moon de la solicitud marroquí de cambiar al mediador, acusado según ellos de parcialidad tras la publicación en uno de sus informes donde le pedía a Rabat mejorar la deplorable situación de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.
En 2017, el actual Secretario General, António Guterres, nombra al ex presidente alemán Horst Köhler como el nuevo enviado especial a cargo del expediente del Sáhara Occidental.
Este último logró convocar una mesa redonda en Ginebra, donde el Frente Polisario y Marruecos, junto a los países vecinos de Mauritania y Argelia se reunieron en diciembre de 2018. Aunque estas negociaciones no fueron exitosas, marcaron una reanudación de las conversaciones y una nueva oportunidad para poner fin a la lastrada descolonización del Sáhara Occidental, algo que Rabat teme por su alergia a la legalidad internacional.
En Mayo de 2019, Horst Kohler abandona el cargo alegando razones de salud, aunque en realidad le había contado a Antonio Guterres las restricciones impuestas por Marruecos y su falta de libertad de movimiento que le impedían tener acceso a interlocutores locales en los territorios ocupados saharauis para conocer su versión.
"La MINURSO no tiene acceso a interlocutores locales al oeste del muro de arena, lo que continúa limitando su capacidad de evaluar de forma independiente la situación en el Sáhara Occidental con fines de análisis o seguridad", escribió el secretario general en su informe final sobre el Sáhara Occidental, transmitido al Consejo de Seguridad.
Estos últimos días asistimos viendo como se ha difundido a través de varios medios el mensaje básico del régimen marroquí, basado en el uso repetitivo de ''solución justa, duradera, pragmática, realista'', terminología usada hasta la saciedad para blanquear el ficticio 'Plan de Autonomía' que proponen, tan creíble como el ''mutuamente aceptable'' que lo suele acompañar. Mohamed VI presenta al mundo la solución de una autonomía dentro de Marruecos cuando ni siquiera es capaz de otorgar derechos democráticos a su pueblo, ni hablar de los riesgos de masacre sistemática o represión contra el pueblo saharaui, como ya intentó hacer Hassán II en los 70'.
Lo primero es que no es la solución justa porque no se ajusta al derecho internacional, ni tampoco satisfará el deseo del interesado, que es pueblo saharaui y su derecho a pronunciarse para decidir su futuro libremente. Tampoco es duradera porque carece de legitimidad, en una supuesta autonomía, el malestar saharaui estallaría una y otra vez, lo que derivaría en graves episodios de represión. Igualmente no es pragmática porque implanta una solución unilateralmente en base a beneficios económicos y no atajando la génesis del conflicto, que es permitir y proteger el derecho inalienable de los saharauis a decidir su destino como última colonia africana. Asimismo, tampoco es realista porque obvia la realidad del pueblo afectado y pasa por alto sus legítimas reivindicaciones. Todas estas objeciones contraponen e invalidan el tan desgastado ''mutuamente aceptable'' a pesar de que el Polisario ya ha rechazado por activa y pasiva semejante pseudo solución.
Marruecos pretende que los saharauis acepten un plan que conlleva renunciar a su derecho más sagrado e innegociable; el de la autodeterminación e independencia, que defendieron y defienden pagando un alto precio.
Este mismo plan autonomía anula la esencia de la propia solución, que es permitir a los saharauis expresarse libremente. Hasta es contrario a la propia razón de existencia de la misión de la MINURSO, que es organizar un referéndum, de paso también obvia las negociaciones, así como de las precondiciones firmadas en el acuerdo del alto el fuego en 1991 y en el Acuerdo Marco. Esta aventura atrevida de los diseñadores de dicha solución solo se explica por medio de la impunidad de la que gozan.
Institucionalizar una ocupación militar y adaptarla en un estado autocrático como Marruecos, que ni siquiera garantiza la salud democrática en su país y teniendo en cuenta las atrocidades que cometía y comete en los territorios ocupados, nos permite concluir con que esta solución es completamente la no solución. Sin legalidad no hay legitimidad.
La autonomía no ataja ni apaga el fondo del problema simplemente porque no se tiene en cuenta a la población a la que le concierne su aplicación.
Además de todo esto, no es ni puede ser la solución porque supondría la destrucción de la identidad social, cultural e histórica de la comunidad saharaui, bien diferenciada de la marroquí, demostrándose en su momento que no existían ningún tipo de lazos entre ambas. Este genocidio cultural enmascarado de falsa autonomía supone a la vez la negación más absoluta del derecho de existencia del pueblo saharaui, al imponerle la ''marroquinidad'' y vetar su libre autodeterminación. Por lo tanto, no es una solución, es una trampa que despotencializa y cancela definitivamente a la causa saharaui. El Plan de Autonomía arroja alarmantes y desastrosas consecuencias y solo echa más gasolina al fuego.
Acorralado, el régimen marroquí sabe que los resultados de un referéndum justo podrían cuestionar la legitimidad del rey Mohamed VI y desestabilizar permanentemente a Marruecos por el efecto contagio que conllevaría a la sociedad, lo que también explicaría el apoyo francés y de España al plan de autonomía propuesto por su aliado bajo amenazas de desestabilización, terrorismo e inmigración.
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