Ahmed Zain.
ECS. Madrid. | Las aspiraciones nada ocultas del régimen marroquí para explotar el auge de las políticas climáticas para mantener su sangrienta ocupación del Sáhara Occidental guían gran parte de su agenda expansionista, una táctica que comenzó en el 2009 para capitalizar apoyos impulsando proyectos de energía verde con países europeos y los EE.UU en el Sáhara ocupado. Una vez desmontada y desgastada la amenaza del terrorismo, Marruecos pretende ahora implicar a la comunidad internacional para que prolongue su ilegal ocupación del Sáhara Occidental bajo el manto de las energías renovables.
Son ya varios los proyectos que han ejecutado tanto en Dajla como El Aaiún y Bojador, tanto parques eólicos como fotovoltaicos gracias a la colaboración de multinacionales como Siemens e Iberdrola. En este contexto, llega al gobierno marroquí un multimillonario propietario de Green Of Africa, que comparte con otro multimillonario banquero (Othman Benjelloun) y que juntos han impulsado un proyecto secreto de turbinas eólicas en la ciudad de Dajla ocupada en colaboración con la empresa holandesa Windvision, que se encargará de administrar los aerogeneradores para la construcción de un parque eólico de 200Mw. En las páginas webs corporativas de las empresas involucradas se ha ocultado toda la información relativa y solo se muestra un listado de los proyectos en Europa en el caso de Windvision, Green Of Africa no actualiza su web desde 2015.
Según señalan otras fuentes de Africa Inteligence, Aziz Akhannouch se embarcó en este atrevido proyecto momentos antes de ser elegido jefe de gobierno de Marruecos el pasado 10 de Septiembre. No obstante, la reciente decisión del Tribunal General de la UE que prohíbe a las empresas europeas explotar los recursos naturales del Sáhara Occidental por ser territorio distinto a Marruecos y no contar con el consentimiento del pueblo saharaui arrastran a la ilegalidad las ambiciones del presidente marroquí. El proyecto en sí corre riesgo y puede que incluso esté paralizado ya que la UE pidió dos meses tras anular el acuerdo UE-Marruecos con vistas a elaborar un nuevo acuerdo bilateral en el marco del derecho europeo que establezca una política de diferenciación respecto a las relaciones comerciales en el territorio del Sáhara Occidental.
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