Human Rights Watch: Marruecos restringe severamente las actividades de los saharauis.

Las autoridades marroquíes impiden sistemáticamente las reuniones de saharauis.

Golpean a activistas y periodistas bajo su custodia y en las calles, asaltan sus casas y destruyen o confiscan sus pertenencias.

Contramutis.-

Madrid (ECS). - Durante 2021 en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos las autoridades Marroquíes “continuaron restringiendo severamente las actividades y el discurso de los activistas independentistas”, según denuncia en su último informe la organización internacional Human Rights Watch (HRW).

En la 32ª edición de su Informe Mundial, presentado en Ginebra (Suiza), Human Rights Watch examina las prácticas de derechos humanos durante 2021 en los casi 100 países donde la organización trabaja.

Respecto al Sáhara Occidental, HRW afirma que las autoridades marroquíes “impiden sistemáticamente las reuniones que apoyan la autodeterminación saharaui, obstruyen el trabajo de algunas ONG locales de derechos humanos, incluso bloqueando su registro legal, y en ocasiones golpean a activistas y periodistas bajo su custodia y en las calles, o asaltan sus casas y destruyen o confiscan sus pertenencias. Human Rights Watch documentó algunas de estas palizas y redadas, incluida la casa del activista independentista Hassana Duihi en mayo de 2021”.

Sobre la activista de DDHH Sultana Jaya, que se encuentra junto a su familia bajo arresto domiciliario, sin orden judicial, en Bojador desde noviembre de 2020, HRW concreta que las fuerzas de seguridad marroquíes mantienen una fuerte presencia frente a la casa, que no han dado ninguna justificación, e impiden las visitas, incluidos familiares: “Según Jaya, las fuerzas policiales allanaron su casa varias veces, la golpearon a ella y a sus familiares y mancharon la casa con un líquido maloliente».

Otra referencia de HRW es sobre los activistas de Gdeim Izik, el campamento de protesta saharaui levantado a las afueras de El Aaiún en octubre de 2010. Afirma que en 2021, 19 hombres saharauis continuaron en prisión después de que fueran condenados en juicios injustos en 2013 y 2017 por la muerte de 11 miembros de las fuerzas de seguridad, durante los enfrentamientos que estallaron después de que las autoridades marroquíes desmantelaran por la fuerza un gran campamento de protesta en Gdeim Izik, en 2010. «Ambos tribunales se basaron casi por completo en sus confesiones a la policía para condenarlos, sin investigar seriamente las denuncias de que los acusados ​​habían firmado sus confesiones bajo tortura. El Tribunal de Casación, máxima instancia judicial de Marruecos, confirmó el veredicto de apelación el 25 de noviembre de 2020”.

De Marruecos, Human Rights Watch dice que tomó medidas enérgicas contra periodistas y críticos, incluso a través de enjuiciamientos por delitos penales aparentemente motivados por motivos políticos: “Las leyes que restringen las libertades individuales siguieron vigentes, incluidas las leyes que discriminan a las mujeres y las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGTBI)».

Bajo el título “Sistema de justicia criminal”, HRW detalla que el Código de Procedimiento Penal marroquí otorga al acusado el derecho a ponerse en contacto con un abogado después de 24 horas bajo custodia policial, ampliable a 36 horas, pero que los detenidos no tienen derecho a la presencia de un letrado cuando son interrogados por la policía o les presentan sus declaraciones para que las firmen: “En los últimos años, los agentes de policía a menudo coaccionaron o engañaron a los detenidos para que firmaran declaraciones incriminatorias, en las que los jueces se basaron más tarde para condenar, incluso cuando los acusados ​​repudiaron esas declaraciones en el tribunal”.

HRW señala, también, que las autoridades marroquíes continuaron en 2021 impidiendo el trabajo de la organización defensora de los derechos humanos más importante e independiente del país, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH).

El informe detalla varios casos de críticos perseguidos por vía judicial, en base a que el Código Penal castiga con prisión y multas las ofensas verbales, como «causar daño» al islam o a la monarquía e incitar contra la integridad territorial de Marruecos, en referencia al Sáhara Occidental.