Reportero de investigación y defensor de los Derechos Humanos, Radi cumple una condena de seis años de cárcel por cargos de “violación y espionaje”.
La situación de los medios de comunicación en Marruecos es la peor desde que Mohamed VI accedió al trono, en 1999, segun RSF.
Contramutis.-
Madrid (ECS).- El periodista marroquí Omar Radi, que lleva más de diez años investigando temas sensibles como la corrupción y cumple una condena de seis años de cárcel, ha sido reconocido por Reporteros Sin Fronteras (RSF) con el Premio a la Independencia.
En la trigésima edición de los premios a la Libertad de Prensa, celebrada en París, RSF ha distinguido también a la periodista iraní Narges Mohammadi con el Premio al Coraje y a los periodistas ucranianos Mstyslav Tchernov y Yevhen Maloletka con el Premio al Impacto.
Sobre Omar Radi, RSF dice que es víctima de acoso judicial. En junio de 2020, se abrió contra él una investigación por «espionaje», justo después de que Amnistía Internacional revelara que su teléfono había sido pirateado utilizando el software espía Pegasus. Un mes después, fue encarcelado tras una denuncia por «violación». Estos dos casos diferentes fueron tratados, sin embargo, de forma conjunta por las autoridades, lo que plantea dudas sobre la imparcialidad de su juicio, sobre todo porque este periodista y activista de los derechos humanos ya estaba en su punto de mira desde hacía varios años.
En diciembre de 2019, se le impuso una condena de cuatro meses de prisión por «desacato», por un tuit publicado ocho meses antes. Para denunciar su detención preventiva, Omar Radi llevó a cabo una huelga de hambre, que tuvo que abandonar 21 días después, debido a la enfermedad de Crohn que padece. Desde entonces, permanece muy debilitado.
Reporteros Sin Fronteras denunció a finales de julio pasado que la situación de los medios de comunicación en Marruecos es la peor desde que Mohamed VI se convirtió en rey, en 1999.
Khaled Drareni, representante de RSF en el Norte de África, declaró que “el regreso a las prácticas de los años más oscuros de Marruecos es inquietante e inaceptable, lo que contradice la imagen respetable que al Gobierno le gusta mostrar al mundo y, por encima de todo, va en contra de las legítimas aspiraciones de los marroquíes a ejercer sus libertades, incluida la de prensa, de forma efectiva”.
La libertad de prensa en su peor momento en Marruecos
Según RSF, la libertad de prensa es más precaria ahora que en cualquier otro momento desde los tiempos más opresivos del rey Hassan II. Los periodistas Taoufik Bouachrine, Souleiman Raissouni y Omar Radi están oficialmente en prisión por delitos no políticos, “pero la realidad es que se les ha perseguido por su trabajo como periodistas, debido a que el tono independiente y crítico de su periodismo desagrada a las autoridades”.
Bouachrine, director del clausurado periódico Akhbar Al-Yaoum, cumple una condena de 15 años de prisión por cargos de tráfico de personas, abuso de poder con fines sexuales, violación e intento de violación. Él siempre ha negado estas acusaciones, que su defensa calificó como otro intento de presionar a su periódico. Bouachrine ya fue procesado en 2009 por una caricatura que se consideró una falta de respeto a la familia real y a la bandera marroquí; en 2015 por un artículo que dañaba«la reputación de Marruecos»; y en 2018 por «difamar»a dos ministros.
Para RSF los casos de Raissouni y Radi son los más emblemáticos dentro de la dramática situación en la que se encuentran los periodistas independientes en Marruecos. Raissouni fue condenado a 5 años de cárcel por un tribunal de Casablanca, en julio de 2021, tras un juicio con flagrantes irregularidades. Su condena (basada en una acusación de agresión sexual claramente falsa que siempre ha negado) fue confirmada en apelación en febrero de 2022
Cuando Raissouni fue repentinamente trasladado a la prisión de Ain Borja en mayo, los guardias destrozaron muchas de sus notas y libros, y a su llegada a la nueva cárcel, fue puesto en aislamiento.
Del ahora premiado Omar Radi, que lleva más de 2 años encarcelado, RSF dice que es un reputado reportero de investigación y defensor de los derechos humanos. Cumple una condena de 6 años por cargos de «violación» y «espionaje». Su compañero de profesión Imad Stitou fue condenado a 12 meses en prisión (de los cuales 6 no suponían su entrada en la cárcel) en relación con el caso de violación, pero evitó la pena huyendo de Marruecos 4 meses antes de que la sentencia fuera confirmada. Stitou está convencido de que la única razón por la que fue condenado es su negativa a ceder ante las presiones policiales para testificar en contra de Radi.
Encarcelado por primera vez en diciembre de 2019 por criticar la decisión de un juez de enviar a prisión a los participantes en las protestas de «Hirak», en la región del Rif, en 2016 y 2017, Radi estuvo en el punto de mira de la monarquía durante años. De acuerdo con su familia y compañeros, las autoridades nunca le han perdonado sus opiniones en medios y redes sociales durante los dos años previos a su arresto.
Realizó reportajes de investigación sobre la incautación de terrenos públicos por parte de especuladores y sacó a la luz el escándalo de corrupción de los llamados «servidores del Estado» en el que estaban implicadas un centenar de personas, entre ellos altos funcionarios.
En diciembre de 2019, fue puesto en libertad a los pocos días de ser detenido gracias a la presión de RSF y otras organizaciones, y finalmente se le impuso una sentencia de 4 meses de cárcel que, sin embargo, no conllevó su ingreso en prisión. No obstante, la persecución no se detuvo. En junio de 2020, Amnistía Internacional denunció que las autoridades marroquíes habían usado Pegasus, el programa espía comercializado por la empresa israelí NSO Group, para hackear el móvil de Radi. Al mes siguiente, el periodista entró por segunda vez en la cárcel.
No se toleran medios de comunicación independientes
RSF señala el caso de otros periodistas marroquíes que han hecho gala de un gran valor frente a un régimen que no tolera ningún medio de comunicación independiente, como Hanane Bakour, que lleva tiempo en el punto de mira del Gobierno y que recibió una citación judicial el 27 de junio, justo después de que el partido del primer ministro Aziz Akhannouch, el RNI, presentara una denuncia contra ella por una publicación en Facebook. La periodista usa habitualmente sus redes sociales para criticar las decisiones económicas del Gobierno y. con la ayuda de hashtags, tachar de antisociales las medidas del primer ministro.
Otros dos periodistas, Ali Anouzla y Maati Monjib, han sido sometidos a procesos judiciales interminables. Anouzla está siendo acosado por investigar el presupuesto de la monarquía y los gastos de la familia real. Como resultado de sus publicaciones sobre este tema tabú, se han presentado contra él absurdas acusaciones de apoyo a «movimientos terroristas». .
Fundador del sitio de noticias web Lakome.com, AliAnouzla fue noticia en septiembre de 2013 después de poner en un apuro a la monarquía por revelar que Daniel Galván, un ciudadano español condenado y encarcelado en Marruecos por violar niños, había sido puesto en libertad por medio de un indulto real. Tras la negativa inicial acerca de conocer la gravedad de los cargos contra Galván, el rey dio marcha atrás y anuló el indulto. Poco después, Anouzla fue detenido por una acusación de terrorismo falsa y pasó cinco semanas en prisión.
Como uno de los principales defensores de Derechos Humanos en Marruecos y respetado columnista, RSF afirma que Maati Monjib ha pagado caro su papel en la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa. En octubre de 2015, se puso en huelga de hambre durante 21 días como protesta contra la prohibición de viajar al extranjero que le impedía asistir a conferencias internacionales (una restricción impuesta por haber sido acusado de poner en peligro la seguridad del Estado).
Tras ser encarcelado el 20 de diciembre de 2020, Monjib fue condenado a un año de prisión y a una multa de 15000 dirhams (1400€) en enero de 2021, con cargos infundados de «fraude» y «socavar la seguridad del Estado». Sus abogados y comité de apoyo denunciaron no solo la sentencia en sí, sino también el hecho de que se dictara en una vista celebrada en ausencia de Monjib y que ni siquiera se notificara a sus abogados que se estaba celebrando la vista o se les invitara a asistir.
Monjib inició una huelga de hambre como protesta a la sentencia del 4 de marzo de 2021 y, finalmente, se le concedió la libertad provisional tras no comer durante 20 días.
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