Sucesos del juicio del 26 de diciembre contra 24 saharauis.

Rabat, 03/01/2017 - El Confidencial Saharaui

Vergonzosa decisión de aplazar el juicio a activistas saharauis, una nueva mancha en el sistema de justicia de Marruecos.

Foto de los presos políticos saharauis durante juicio.

El lunes 26 de diciembre de 2016, un tribunal de Salé/Marruecos ha aplazado hasta el 23 de enero 2017 el juicio contra los 24 presos políticos saharauis acusados, conocidos popularmente como el "Grupo de Gdaim Izik'' justificando este aplazamiento de que dos acusados Mohamed Ayoubi que se encuentra en libertad condicional y Hasana Alía que se les concedió asilo político en España no estaban presentes durante el juicio.

Varios observadores internacionales, abogados, juristas y activistas de derechos internacionales asistieron al juicio.

Al entrar, los presos fueron puestos en una sala cerrada y sin micrófonos lo que les impedía escuchar lo que se habla durante el juicio, los jueces y durante más de 6 horas se centraron en escuchar los testimonios de  los abogados de acusación y negando constantemente las intervenciones de la defensa.

A dos de los abogados franceses se les permitió unirse a la defensa debido al acuerdo existente entre Francia y Marruecos donde se centraron en su intervención al incumplimiento de las normas internacionales sobre investigaciones efectivas e independientes sobre los malos tratos y la tortura, y describiendo cómo se utilizó la tortura en las comisarías y los centros de detención de la gendarmería durante las detenciones de los acusados para obtener confesiones que se están utilizando como pruebas de acusación en el juicio. 

Los abogados internacionales han recordado ,como prueba, la decisión del Comité de Prevención de la Tortura de la ONU donde destacó que uno de los presos políticos fue brutalmente torturado.

Asegurando que "el tribunal no mostró ningún interés en examinar las confesiones obtenidas bajo torturas que motivaron el proceso y carece de atribuciones para absolver a los acusados de los cargos que se formularon en su contra. 

No obstante, concluyó que el nuevo tribunal civil rechazó la libertad condicional a los acusados, ordenó el encarcelamiento de nuevo  y no siguió correctamente los procedimientos legales establecidos."

Durante el juicio, se impidió la entrada a la sala a los familiares de los acusados y activistas así como todo los saharauis procedentes de todas las ciudades del Sáhara Occidental ocupado y otras ciudades del sur de Marruecos. 

Familiares de los presos políticos, activistas saharauis de los derechos humanos y cientos de saharauis provenientes de los TTOO del Sáhara Occidental y de distintas ciudades de Marruecos, protestaron frente al tribunal de Salé para exigir justicia e inmediata liberación de sus seres queridos.

Las autoridades marroquíes parecen haber orquestado una campaña dura y eficaz en los medios de comunicaciones oficiales para movilizar a la opinión pública marroquí, donde se concentraron cientos de marroquíes para impedir la protesta saharaui y han empleado términos racistas y humillantes contra los saharauis. 

Así como un enorme despliegue de las fuerzas de seguridad que hizo que sea imposible que los manifestantes pacíficos se sienten seguros.

"Nos atacaron civiles Marroquíes delante de las fuerzas marroquíes para impedir que no nos manifestamos para exigir justicia para los acusados, y las autoridades marroquíes no se han movilizado para impedir el ataque, parece que está todo coordinado" comenta uno de los familiares de los acusados (ver testimonio)

Informaciones complementarias

El 8 de noviembre de 2010 estallaron enfrentamientos al desmantelar un campamento de protesta saharaui en Gdeim Izik por las fuerzas de seguridad marroquíes, en las proximidades de El Aaiún, donde miles de saharauis se habían congregado para hacer una serie de demandas sociales y económicas.

Marruecos detuvo a centenares de activistas saharauis, y el 17 de febrero de 2013 un Tribunal Militar de Rabat declaró a 25 de ellos culpables de los echos, y fueron condenados de entre 20 años y cadenas perpetua. De ellos 21 están cumpliendo ahora sus condenas. Dos de los acusados fueron puestos en libertad, otro fue juzgado en abstención y otro quedó en libertad provisional por razones de salud.

* El tribunal se basó en gran medida en “confesiones” obtenidas bajo torturas, y las autoridades no investigaron estas denuncias. El relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria expresaron su preocupación por la falta de investigaciones sobre las denuncias de tortura de los presos saharauis. El Grupo de Trabajo pidió también a las autoridades marroquíes que revisaran las sentencias con arreglo al principio de que ningún civil debe ser juzgado ante un tribunal militar.

* 13 de los 21 presos saharauis declararon huelga de hambre durante 36 días entre marzo y abril de 2016 para instar a las autoridades marroquíes a ponerlos en libertad.

            

* Los 23 presos acusados presentaron un recurso contra su sentencia ante la máxima instancia judicial de Marruecos hace tres años, tras haber sido sometidos a un juicio militar injusto y empañado por denuncias de tortura que las autoridades no investigaron jamás, el Tribunal de Casación de Rabat tardó más de tres años en pronunciarse sobre la petición de los condenados, pese a que el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal del país obliga a la máxima instancia judicial marroquí a tomar una decisión sobre los asuntos en un plazo de 90 días a partir de la presentación del recurso.