Su caso originó fuertes criticas desde las Naciones Unidas y organizaciones de Derechos Humanos.
Condenada por trabajar de periodista sin titulación oficial.
Marruecos impidió el acceso al juicio de doce observadores internacionales.
Madrid. 09 Julio de 2019- (ECSaharaui)
Por Alfonso Lafarga/Contramutis
La periodista saharaui Nazha El Khalidi ha sido condenada a una multa de de 4.000 dirhams (unos 400 euros) por ejercer el periodismo sin titulación oficial en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, proceso que originó fuertes críticas desde las Naciones Unidas y organizaciones de Derechos Humanos.
Nazha El Khalidi fue juzgada el 24 de junio pasado en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, acusada de usurpación de funciones al ejercer una profesión “sin reunir las condiciones exigidas”, lo que según el artículo 381 del Código Penal marroquí podría haber supuesto una pena de tres meses a dos años de cárcel y una multa de 120 dírham (12 €) a 5.000 (500€).
El delito de la periodista fue informar de una manifestación saharaui, el 4 de diciembre de 2018 en El Aaiún, con motivo de las negociaciones en Ginebra entre el Frente Polisario y Marruecos. Fue detenida, golpeada y confiscado su móvil, y en la comisaría sufrió un interrogatorio de cuatro horas. El 21 de agosto de 2016 ya fue detenida mientras cubría una manifestación de mujeres. En la sentencia, el Tribunal de Primera Instancia de El Aaiún establece que la periodista podrá recuperar al final del proceso judicial el teléfono que le fue confiscado.
El juicio se celebró después de dos aplazamientos y la expulsión de doce observadores internacionales: ocho abogados españoles amparados por el Consejo General de la Abogacía Española, dos observadores noruegos y dos enviados de la Fundación Clooney para la Justicia, de EE.UU.
Nazha El Khalidi, perteneciente al colectivo de periodistas saharauis Equipe Média, que lucha contra el bloqueo informativo que Marruecos impone en el Sáhara Occidental, se encuentra en España y tiene previsto regresar a El Aaiún en los próximos días, lo que habría hecho igualmente si hubiese sido condenada a prisión, según ha declarado.
El caso de esta periodista, que ejerce la profesión desde 2010 como corresponsal de RASD TV, provocó una “grave preocupación” en varios organismos de la ONU, según manifestaron la vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, Elina Steinerte, el relator especial para la promoción del derecho a libertad de opinión y expresión, David Kaye, y el relator especial sobre la tortura y otros tratos crueles, Inhumanos o Degradantes, Nils Melzer.
Pidieron al gobierno marroquí la abolición de una legislación que criminaliza a las personas que ejercen periodismo sin autorización previa, y señalaron que el artículo del Código Penal marroquí por el que Nazha El Khalidi ha sido condenada a una multa se contradice con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por Marruecos.
El proceso contra la periodista saharaui también fue criticado por las organizaciones Human Rights Watch (HRW), que consideró incompatible el procedimiento contra Nazha con el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas que garantiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como por Amnistía Internacional (AI), la Organización Mundial Contra la Tortura y Front Line Defenders.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció que ejercer el periodismo en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos es “un acto de heroísmo” y que los periodistas saharauis son acusados de presuntos delitos cada vez más “creativos” para “torpedear cualquier atisbo de continuidad en el ejercicio de su profesión” y encerrarlos “con parciales y farragosos procesos judiciales de por medio”.
Antes de ser juzgada la periodista manifestó a EFE que el trabajo para romper el bloqueo informativo en el Sáhara ocupado lo realizan desde azoteas y lugares clandestinos, para evitar la dificultad de salir a la calle con una cámara y “ser detenidos por filmar una manifestación en un territorio vetado al periodismo internacional”.
A Contramutis declaró que no iban a frenar su trabajo como periodista: “Yo puedo pagar el impuesto de entrar en la cárcel por mi trabajo, pero otros lo van a seguir haciendo para mostrar al mundo lo que está pasando”.
Condenada por trabajar de periodista sin titulación oficial.
Marruecos impidió el acceso al juicio de doce observadores internacionales.
Madrid. 09 Julio de 2019- (ECSaharaui)
Por Alfonso Lafarga/Contramutis
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| Nezha Khalidi |
La periodista saharaui Nazha El Khalidi ha sido condenada a una multa de de 4.000 dirhams (unos 400 euros) por ejercer el periodismo sin titulación oficial en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, proceso que originó fuertes críticas desde las Naciones Unidas y organizaciones de Derechos Humanos.
Nazha El Khalidi fue juzgada el 24 de junio pasado en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, acusada de usurpación de funciones al ejercer una profesión “sin reunir las condiciones exigidas”, lo que según el artículo 381 del Código Penal marroquí podría haber supuesto una pena de tres meses a dos años de cárcel y una multa de 120 dírham (12 €) a 5.000 (500€).
El delito de la periodista fue informar de una manifestación saharaui, el 4 de diciembre de 2018 en El Aaiún, con motivo de las negociaciones en Ginebra entre el Frente Polisario y Marruecos. Fue detenida, golpeada y confiscado su móvil, y en la comisaría sufrió un interrogatorio de cuatro horas. El 21 de agosto de 2016 ya fue detenida mientras cubría una manifestación de mujeres. En la sentencia, el Tribunal de Primera Instancia de El Aaiún establece que la periodista podrá recuperar al final del proceso judicial el teléfono que le fue confiscado.
El juicio se celebró después de dos aplazamientos y la expulsión de doce observadores internacionales: ocho abogados españoles amparados por el Consejo General de la Abogacía Española, dos observadores noruegos y dos enviados de la Fundación Clooney para la Justicia, de EE.UU.
Nazha El Khalidi, perteneciente al colectivo de periodistas saharauis Equipe Média, que lucha contra el bloqueo informativo que Marruecos impone en el Sáhara Occidental, se encuentra en España y tiene previsto regresar a El Aaiún en los próximos días, lo que habría hecho igualmente si hubiese sido condenada a prisión, según ha declarado.
El caso de esta periodista, que ejerce la profesión desde 2010 como corresponsal de RASD TV, provocó una “grave preocupación” en varios organismos de la ONU, según manifestaron la vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, Elina Steinerte, el relator especial para la promoción del derecho a libertad de opinión y expresión, David Kaye, y el relator especial sobre la tortura y otros tratos crueles, Inhumanos o Degradantes, Nils Melzer.
Pidieron al gobierno marroquí la abolición de una legislación que criminaliza a las personas que ejercen periodismo sin autorización previa, y señalaron que el artículo del Código Penal marroquí por el que Nazha El Khalidi ha sido condenada a una multa se contradice con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por Marruecos.
El proceso contra la periodista saharaui también fue criticado por las organizaciones Human Rights Watch (HRW), que consideró incompatible el procedimiento contra Nazha con el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas que garantiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como por Amnistía Internacional (AI), la Organización Mundial Contra la Tortura y Front Line Defenders.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció que ejercer el periodismo en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos es “un acto de heroísmo” y que los periodistas saharauis son acusados de presuntos delitos cada vez más “creativos” para “torpedear cualquier atisbo de continuidad en el ejercicio de su profesión” y encerrarlos “con parciales y farragosos procesos judiciales de por medio”.
Antes de ser juzgada la periodista manifestó a EFE que el trabajo para romper el bloqueo informativo en el Sáhara ocupado lo realizan desde azoteas y lugares clandestinos, para evitar la dificultad de salir a la calle con una cámara y “ser detenidos por filmar una manifestación en un territorio vetado al periodismo internacional”.
A Contramutis declaró que no iban a frenar su trabajo como periodista: “Yo puedo pagar el impuesto de entrar en la cárcel por mi trabajo, pero otros lo van a seguir haciendo para mostrar al mundo lo que está pasando”.
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