● Enhorabuena, pues, a los inculpados y, también, a nuestro sistema de justicia.
Madrid, 15 Septiembre de 2019. -(ECSaharaui)
Redacción Elhadj Mohamed Lamin/ECS
Hay motivos para la alegría:
1.La independencia de nuestra Justicia.
2.La libertad de unas personas que estaban en prisión provisional;
La noticia de la decisión del juez de instrucción de retirar los cargos de traición a la patria, a los tres detenidos, pone de manifiesto que, efectivamente, nuestra justicia es un Órgano independiente del poder político. Cuando un juez adopta una decisión que, suponemos, contraria a los deseos del poder político, no podemos sino alegrarnos del grado de independencia y rectitud moral de nuestros profesionales de la judicatura.
Ahora bien. Si la noticia resulta falsa y, al final, no se produce la retirada de cargos anunciada, por favor, que nadie nos venga con el cuento de que los jueces no son independientes. Por la sencilla razón de que no podemos hacer el feo de afirmar que los jueces son independientes, cuando sus decisiones nos benefician, y que no son independientes, cuando sus decisiones no nos benefician.
Los tres detenidos permanecen en la cárcel
Las actuaciones de la Fuerza Pública, durante los últimos meses, siguen ocupando la atención de buena parte de la opinión pública saharaui y constituyen una materia altamente inflamable, donde la maquinaria enemiga está dispuesta a echar todo el combustible que haga falta.
Todo ello, teniendo en cuenta que las actuaciones policiales, a este lado delmuro, están mucho más expuestas a la lupa y el escrutinio de la Comunidad Internacional, que las que acontecen al otro lado del muro, a manos de las fuerzas de represión marroquíes.
Un comunicado de un tribunal de la RASD con fecha del 20 de junio decía que los tres hombres serán investigados por difamación, insultos e “incitación a la desobediencia”. En un email recibido por Human Rights Watch el 15 de julio, Sidi Omar, representante del Frente Polisario ante la ONU en Nueva York, escribió que “los acusados permanecen en prisión preventiva bajo investigación judicial por cargos que incluyen traición contra la nación, actos de agresión contra el Estado saharaui, sedición, vandalismo, injurias y calumnias”. Estos cargos conllevan sentencias que van desde cinco años de prisión hasta cadena perpetua.
Hasta el día de hoy, 15 de septiembre, los tres hombres seguían detenidos en un prisión fuera de los campamentos de refugiados saharauis.
Algunas de las familias afectadas ya han hecho efectivamente pública su disconformidad con el relato del Comunicado que la justicia saharaui difundió y han efectuado aseveraciones sobre la conducta de algunos responsables que, de resultar veraces, serían de extraordinaria gravedad. Algunas de las afirmaciones de las familias contradicen de lleno lo afirmado, en el Comunicado, en relación al estricto cumplimiento del artículo 16 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Según estas familias, un parlamentario presente en la manifestación llamó por teléfono al Fiscal General y éste le contestó diciendo que no tenía conocimiento del caso, lo que se contradice con lo establecido en el apartado primero de dicho artículo, donde se exige la comunicación sin demoras, al Ministerio Fiscal, de las actuaciones que la policía judicial lleve a cabo.
Para evitar que la bola de nieve siga creciendo, las autoridades de Justicia e Interior tienen que salir a defender su actuación. Por ejemplo, podrían convocar a la TV pública y a las ONGs, para, al menos, disipar las dudas entorno al efectivo respeto de las formalidades legales referentes a la detención, al mandato judicial y al aviso a los familiares, además del lugar, estado físico y de salud de los detenidos.
Insistimos, es la escasa relevancia penal de los delitos imputados, lo que aconseja mayores dosis de flexibilidad y transparencia en un proceso penal, cuyos pormenores, la prensa internacional reproduce en tiempo real. Y porque además, con toda la justicia del mundo, las familias de los detenidos así lo reclaman. Y, sobre todo, porque los detenidos, hasta este mismo momento, no lo olvidemos, siguen siendo inocentes de todo cuanto se les imputa, por lo que ese gesto de flexibilidad y transparencia sería la mejor prueba de que nuestras autoridades de Justicia e Interior respetan plenamente el principio de presunción de inocencia.
Madrid, 15 Septiembre de 2019. -(ECSaharaui)
Redacción Elhadj Mohamed Lamin/ECS
Hay motivos para la alegría:
1.La independencia de nuestra Justicia.
2.La libertad de unas personas que estaban en prisión provisional;
La noticia de la decisión del juez de instrucción de retirar los cargos de traición a la patria, a los tres detenidos, pone de manifiesto que, efectivamente, nuestra justicia es un Órgano independiente del poder político. Cuando un juez adopta una decisión que, suponemos, contraria a los deseos del poder político, no podemos sino alegrarnos del grado de independencia y rectitud moral de nuestros profesionales de la judicatura.
Ahora bien. Si la noticia resulta falsa y, al final, no se produce la retirada de cargos anunciada, por favor, que nadie nos venga con el cuento de que los jueces no son independientes. Por la sencilla razón de que no podemos hacer el feo de afirmar que los jueces son independientes, cuando sus decisiones nos benefician, y que no son independientes, cuando sus decisiones no nos benefician.
Los tres detenidos permanecen en la cárcel
Las actuaciones de la Fuerza Pública, durante los últimos meses, siguen ocupando la atención de buena parte de la opinión pública saharaui y constituyen una materia altamente inflamable, donde la maquinaria enemiga está dispuesta a echar todo el combustible que haga falta.
Todo ello, teniendo en cuenta que las actuaciones policiales, a este lado delmuro, están mucho más expuestas a la lupa y el escrutinio de la Comunidad Internacional, que las que acontecen al otro lado del muro, a manos de las fuerzas de represión marroquíes.
Un comunicado de un tribunal de la RASD con fecha del 20 de junio decía que los tres hombres serán investigados por difamación, insultos e “incitación a la desobediencia”. En un email recibido por Human Rights Watch el 15 de julio, Sidi Omar, representante del Frente Polisario ante la ONU en Nueva York, escribió que “los acusados permanecen en prisión preventiva bajo investigación judicial por cargos que incluyen traición contra la nación, actos de agresión contra el Estado saharaui, sedición, vandalismo, injurias y calumnias”. Estos cargos conllevan sentencias que van desde cinco años de prisión hasta cadena perpetua.
Hasta el día de hoy, 15 de septiembre, los tres hombres seguían detenidos en un prisión fuera de los campamentos de refugiados saharauis.
Algunas de las familias afectadas ya han hecho efectivamente pública su disconformidad con el relato del Comunicado que la justicia saharaui difundió y han efectuado aseveraciones sobre la conducta de algunos responsables que, de resultar veraces, serían de extraordinaria gravedad. Algunas de las afirmaciones de las familias contradicen de lleno lo afirmado, en el Comunicado, en relación al estricto cumplimiento del artículo 16 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Según estas familias, un parlamentario presente en la manifestación llamó por teléfono al Fiscal General y éste le contestó diciendo que no tenía conocimiento del caso, lo que se contradice con lo establecido en el apartado primero de dicho artículo, donde se exige la comunicación sin demoras, al Ministerio Fiscal, de las actuaciones que la policía judicial lleve a cabo.
Para evitar que la bola de nieve siga creciendo, las autoridades de Justicia e Interior tienen que salir a defender su actuación. Por ejemplo, podrían convocar a la TV pública y a las ONGs, para, al menos, disipar las dudas entorno al efectivo respeto de las formalidades legales referentes a la detención, al mandato judicial y al aviso a los familiares, además del lugar, estado físico y de salud de los detenidos.
Insistimos, es la escasa relevancia penal de los delitos imputados, lo que aconseja mayores dosis de flexibilidad y transparencia en un proceso penal, cuyos pormenores, la prensa internacional reproduce en tiempo real. Y porque además, con toda la justicia del mundo, las familias de los detenidos así lo reclaman. Y, sobre todo, porque los detenidos, hasta este mismo momento, no lo olvidemos, siguen siendo inocentes de todo cuanto se les imputa, por lo que ese gesto de flexibilidad y transparencia sería la mejor prueba de que nuestras autoridades de Justicia e Interior respetan plenamente el principio de presunción de inocencia.
. Ayer vilipendiada, hoy, alabada.){kind=link}
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