Husein Bachir, que vino a España en busca de asilo y fue entregado a Marruecos, lleva nueve meses en prisión y su juicio ha sido aplazado siete veces.
Se aducen las causas más diversas para el aplazamiento, como no tener el tribunal unas sentencias o la copia de una autopsia, ausencia de dos testigos a los que no se ha citado, inasistencia de la familia de la victima…
Condenado a seis años de cárcel un periodista, a tres meses un activista, violenta represión de varias manifestaciones en El Aaiún y dos activistas danesas expulsadas del Sáhara Occidental.
Alfonso Lafarga.-Contramutis | ECSaharaui
Lleva nueve meses en prisión y su juicio ha sido aplazado hasta en siete ocasiones, la última el 22 de octubre. Hay un nuevo señalamiento, esta vez para el 26 de noviembre y el juez dice que es el último: es la “maasat” (calvario) que está sufriendo el preso político saharaui Husein Bachir Brahim, que buscó asilo en España y acabó en una cárcel marroquí.
Bachir, de 28 años, -con el nombre marroquí de Lahoucine Amaadour impuesto por las autoridades de ocupación- vio frustrados sus estudios de derecho público en la universidad de Agadir, que tuvo que interrumpir en tercero de carrera por la persecución de las autoridades marroquíes: destacado de la Asociación de Estudiantes Saharauis, no podía aparecer en público y los últimos meses los pasó escondido.
Pertenece al grupo de estudiantes saharauis conocidos como “compañeros de El Ouali”, detenidos en 2016 en Marrakech y, después de 18 meses en prisión y doce aplazamientos, condenados por un delito de homicidio, en un juicio que no fue publico y denunciado por falta de garantías, a penas de tres años once de ellos y a diez años otros cuatro. Bachir es acusado también del mismo delito.
Husein Bachir buscó la libertad en España: llegó el 11 de enero de este año a Lanzarote en patera y aquí vio que continuaba su “maasat”: a los seis días fue entregado por la policía española a Marruecos y el 21 de enero acabó en la prisión de Luidadya, en Marrakech.
De nada sirvió que en el juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife manifestase su deseo de solicitar asilo político, según consta en el acta judicial, ya que temía por su vida, al ser activista de Derechos Humanos y defensor de la autodeterminación del Sáhara Occidental. El titular del juzgado ordenó su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría, en Tenerife, y a los tres días ya estaba en Marruecos.
El máximo responsable de las Fuerzas de Seguridad del Estado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se libró de tener que dar explicaciones en el Congreso de los Diputados por la entrega del estudiante saharaui: lo impidieron el PSOE, el PP y Ciudadanos.
Husein Bachir, que estuvo en abril en huelga de hambre en protesta por los malos tratos y no poder recibir visitas de su familia, ha visto como su juicio se aplaza continuamente por las causas más diversas: incomparecencia del abogado de la parte civil, no tener el tribunal las sentencias del grupo Compañeros de El Ouali ni una copia de la autopsia, que se encuentran en el Palacio de Justicia donde se desarrolla el juicio, no haber sido emplazada la parte contraria, ausencia de dos testigos por no ser citados, inasistencia de la familia de la victima…
Pero el sufrimiento de Husein Bachir Brahim, que esperaba la protección del país que en su día consideró españoles a los saharauis, no ha sido un caso aislado de ataques a los Derechos Humanos en octubre: el periodista saharaui Walid Al-Salik, acusado de “ataques contra funcionarios públicos, bloqueo de carreteras y lanzamiento de piedras a la policía”, ha sido condenado a seis años de prisión, y el activista Mohamed Lamin Boudnani a 3 meses por “insultar a un funcionario público”. A esto hay que añadir la violenta represión de varias manifestaciones en El Aaiún y la expulsión de dos activistas danesas de la ONG Global Action, con lo que asciende a 35 el número de personas expulsadas del Sáhara Occidental en lo que va de año, según datos del grupo de comunicación Equipe Media.
Es el suma y sigue de la vulneración de los DDHH en el territorio no autónomo del Sahara Occidental, en ciudades del sur marroquí con población saharaui y en cárceles marroquíes con presos políticos saharauis, como muestra la siguiente relación, aproximada, correspondiente a octubre, según datos de organizaciones sociales y medios de información saharauis.
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