El Frente Polisario inicia en Nueva Zelanda una batalla legal por los recursos naturales del Sáhara Occidental

Madrid, 28 Marzo de 2020.- (ECSAHARAUI)

Por Lehbib Abdelhay/ECS

El movimiento para la liberación del Sáhara Occidental, el Frente Polisario, ha presentado una queja formal en el Tribunal Superior de Nueva Zelanda para evitar que el Fondo de Pensiones de Nueva Zelanda sigue invirtiendo en el territorio en disputa del norte de África, ocupado por Marruecos desde 1975.

El Frente Polisario advirtió, en una nota difundida por SPS, que las inversiones perjudican la reputación de Nueva Zelanda como país responsable de la comunidad mundial. Por su parte el Fondo de Pensiones de Nueva Zelanda no aceptó las acusaciones y defenderá el caso.

Durante años, el Frente Polisario ha estado tratando de detener la extracción del fosfato del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, que según el derecho internacional pertenece al pueblo saharaui.

Las compañías neozelandesas Ravensdown y Balance Agri-Nutrients importan alrededor de $ 30 millones al año para distribuirlo en granjas de toda Nueva Zelanda.

Por su parte, el representante saharaui en Australia y Nueva Zelanda, Kamal Fadel, afirma que el Fondo está expuesto de dos maneras: tiene inversiones en granjas en Nueva Zelanda que usan fosfato de sangre saharaui, e invierte a través de fondos indexados en compañías que operan en el Sáhara Occidental.

Hasta 2018, el Fondo de Pensiones invirtió en la agencia estatal de fosfato de Marruecos OCP, pero desde entonces retiró su participación.

"El pueblo saharaui está decidido a proteger sus recursos naturales con todos los medios disponibles. Esta acción legal es un mensaje claro para todos los involucrados en la explotación de los recursos naturales saharauis de que enfrentan acciones legales, riesgos de reputación y retiro de los inversores", dijo Fadel.

En 2017, un buque con destino al puerto de Tauranga con un cargamento de fosfato de 5 millones de dólares fue incautado en Sudáfrica, donde un tribunal determinó que pertenecía legalmente al gobierno saharaui, y no a OCP.

Marruecos invadió la región en 1976 cuando España se retiró como potencia ocupante, expulsando a muchos saharauis a campos de refugiados al desierto argelino.

La comunidad internacional ve el territorio como un territorio no autónomo bajo la autoridad administrativa legal de España y aún bajo la ocupación civil y militar marroquí.