La jefa de la diplomacia española elude pedir a Biden que cambie la decisión de Trump sobre el Sáhara Occidental.

Madrid, 22 Enero de 2021. - (ECSAHARAUI) 

 Por Salem Mohamed /ECS 

González Arancha Laya, RTVE 


El gobierno español todavía no quiere asumir sus responsabilidades en el conflicto del Sáhara Occidental. Su puesto sigue siendo lavarse las manos y hacer declaraciones vacías de contenido, haciendo que toda la responsabilidad de la resolución del conflicto recaiga en Naciones Unidas.

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Arancha González Laya, en respuesta al analista político David Jiménez, en el programa de TVE "La noche 24 horas", declinó comentar si la llegada de Biden a la Casa Blanca contribuirá a revertir el reconocimiento del gobierno estadounidense de la soberanía de Marruecos sobre la ex colonia española. 

La ministra dijo en su respuesta "no voy a entrar a este juego, es una decisión que corresponde a Estados Unidos y España, ni quitará ni cuestionará esa discusión".

La titular de Asuntos Exteriores se limitó a repetir el discurso habitual de la administración española con el que pretende eludir toda responsabilidad, pretendiendo demostrar que Naciones Unidas debe asumir la tarea de encontrar una solución a este conflicto.

Cabe recordar que España es directamente responsable y culpable de la situación actual en el Sáhara Occidental. España fue la potencia administradora durante casi un siglo y propició la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975, que hicieron posible la ocupación ilegal del Sáhara Occidental.

Durante los más de 40 años de ocupación, ningún gobierno español ha denunciado esta situación ni ha denunciado la continua violación de los derechos humanos en los territorios ocupados por Marruecos. En cambio, promovió iniciativas a favor del ocupante marroquí como la firma de acuerdos preferenciales con la UE. España sigue siendo el poder administrativo "de iure" del territorio.

Naciones Unidas considera nulo el acuerdo de Madrid, España no podría transferir la soberanía a Marruecos y Mauritania, por lo que el traspaso de la administración no altera el estatuto del territorio pendiente de la descolonización del Sáhara Occidental. Por tanto, Naciones Unidas considera que España es el poder administrativo “de iure”, a pesar de que Marruecos ejerce el control del territorio, y que sigue teniendo la obligación de garantizar la descolonización de la colonia.

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