El abogado del Polisario desmonta ante el TJUE los argumentos de Francia, Marruecos y la CE sobre el Sáhara Occidental.

Por Lehbib Abdelhay /ECS - Ali Brahim Mohamed 

Luxemburgo (Francia). Ayer, durante la primera vista oral en el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) sobre el acuerdo agrícola UE-Marruecos, las intervenciones de los abogados de la parte imputada (CE) y sus partidarios, Francia y Marruecos, en el caso (T344/19), quedó claro que no pudieron negar el hecho de que la región del Sáhara Occidental es separado de Marruecos, así como la ausencia de argumentos legales que les permitan dar un carácter legítimo para extender el acuerdo de agrícola UE-Marruecos al territorio del Sáhara Occidental.

Desde la mañana de este martes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha iniciado los trabajos de la sesión pública para discutir el acuerdo de pesca y el caso registrado con el número (T-279/19) por el recurso interpuesto por el Frente Polisario contra la ampliación del alcance del acuerdo agrario celebrado entre la Unión Europea y la fuerza de ocupación - Reino de Marruecos - para incluir ilegalmente los territorios ocupados del Sáhara Occidental y comercializar con sus productos.

El Frente Polisario se presentó ante los tribunales encabezado por su defensa, realizada por el profesor Gilles Devers, mientras que el Consejo de la Unión Europea en este caso apoya al gobierno francés como un país del grupo de estados miembros de la UE, así como a la Comisión Europea y Marruecos mediante la Unión para la Agricultura y el Desarrollo Rural.

El abogado del Frente Polisario, el profesor Gilles Devers, reiteró durante su intervención ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el acuerdo agrícola celebrado entre la Unión Europea y Marruecos es ilegal y contradice flagrantemente tanto el derecho internacional como el europeo.

Durante su argumento para explicar la posición del Frente Polisario para rechazar este acuerdo, Devers se basó en las resoluciones de Naciones Unidas que estipulaban el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, así como Marruecos de no poseer soberanía alguna sobre el territorio saharaui según lo expresado en el dictamen de la Corte Internacional de Justicia el 16 de octubre de 1975, lo cual fue señalado por un informe elaborado por la Corte Europea que fue filtrado antes del inicio de la audiencia pública por el caso registrado bajo el núm. (T-279/19) por las reclamaciones interpuestas por el Polisario.

El abogado del Frente Polisario ha recordado al tribunal la misma sentencia judicial emitida el 27 de febrero de 2018, que afirmaba explícitamente que el Sáhara Occidental y Marruecos son dos entidades distintas, subrayando que esta condición jurídica niega legitimidad a la acuerdos celebrados recientemente, que incluyen los territorios y recursos del Sáhara Occidental, un territorio no autónomo, según Naciones Unidas.

También se refirió al uso del término "extensión del acuerdo" como nada más que un término astuto y un nuevo intento de allanar el camino con el objetivo de saquear los recursos naturales del Sáhara Occidental mediante el robo y evitar la decisión de la Corte Europea, que ordenó la no aplicación del acuerdo comercial en los territorios ocupados.

La Corte Europea de Justicia, en un informe que se distribuyó ayer sobre el tema que discutirá hoy, el documento hacía referencia a las diversas decisiones relevantes emitidas por la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas que exigieron a Marruecos retirar a todos los participantes en la llamada Marcha Verde, negaba la existencia de vínculos soberanos de Marruecos sobre la región y también afirmaba el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación de conformidad con la decisión de otorgar la independencia a los países y pueblos coloniales.

Está previsto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debata a lo largo de hoy, 3 de marzo, el caso registrado con el núm. (T-344/19) relacionado con el recurso del Frente Polisario contra el acuerdo de pesca celebrado entre Marruecos y el Consejo de la Unión Europea apoyado en este expediente por Francia y España.

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