Por Salem Mohamed /ECS
Bruselas (Bélgica). En el Sáhara Occidental está la cinta transportadora de fosfatos más larga del mundo; desde el final de ésta, buques cargueros transportan los fosfatos a varios países, donde son utilizados, además de otras industrias, en la producción de fertilizantes. Esta industria ha estado proporcionando grandes ingresos a Marruecos desde el inicio de la ocupación. Paralelamente, este expolio está generando graves daños ambientales en el territorio saharaui.
Desde el Observatorio de Recursos Naturales del Sáhara Occidental, WSRW, han denunciado que hay un altísimo componente ético y moral asociado a las adquisiciones de los recursos naturales del Sáhara Occidental por parte de las empresas porque, señalan, que las autoridades marroquíes están violando los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.
Marruecos se está beneficiando ilegalmente de los recursos naturales y cualquier negocio con recursos naturales de un país ocupado contribuye a prolongar la situación de ocupación.
Acuerdos ilegales de UE-Marruecos
Con la aprobación del acuerdo pesquero con Marruecos en 2018, la Unión Europea se ha convertido en cómplice del robo que el ocupante marroquí seguirá perpetrando al pueblo saharaui.
El acuerdo aprobado por parte del Parlamento Europeo va en contra del derecho internacional y contradice la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (2015, que establece que no se pueden incluir las aguas territoriales del Sáhara Occidental, un Territorio No Autónomo pendiente de descolonización.
La sentencia del TJE dictamina que para la explotación de las aguas del Sáhara Occidental es necesario el consentimiento del pueblo saharaui y de su legítimo representante reconocido por la ONU, el Frente Polisario, lo que no se ha tenido en cuenta. La ilegalidad del acuerdo ha sido denunciada por las organizaciones internacionales, como Human Rights Watch (HRW)
Los europarlamentarios y europarlamentarias que han votado a favor del acuerdo son responsables de que continúe el expolio de los recursos naturales del Sahara Occidental y se han convertido en colaboradores de la opresión y persecución que el régimen marroquí ejerce contra el pueblo saharaui, que sufre a diario la violación de los derechos humanos.
El Parlamento Europeo con este encuerdo obstaculiza los esfuerzos de la ONU y la Unión Africana para llegar a una solución definitiva en el conflicto del Sáhara Occidental que garantice la autodeterminación del pueblo saharaui.
Es lamentable el papel que juega España, que hace 45 años abandonó su colonia y entregó el territorio a Marruecos incumpliendo con las obligaciones internacionales que marcaron las Naciones Unidas y ahora, junto a Francia, respalda un acuerdo ilegal con el que, el ocupante marroquí pretende seguir en un país sobre el que ningún Estado le reconoce soberanía.
El Gobierno de España vuelve a traicionar a un pueblo al que dio la nacionalidad española y lo hace sin tener en cuenta el sentir mayoritario del pueblo español, que apoya la justa causa saharaui.
Al día siguiente de la aprobación del acuerdo en 2018 se produjo la visita de los Reyes de España a Marruecos, en la que debería estar presente la defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Entre los ministros que acompañaron a Felipe VI se encontraba el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuyo departamento deportó un mes antes a Marruecos a un estudiante saharaui que buscó asilo político en Lanzarote, huyendo de la policía marroquí al ser perseguido por su activismo político.
El Frente Polisario va a seguir luchando con todos los medios a su alcance contra la nueva agresión al pueblo saharaui que supone el nuevo acuerdo pesquero y agrícola, sabiendo que le asiste la legalidad internacional, que lamentablemente no han respetado los europarlamentarios y europarlamentarias que han votado para que Marruecos siga oprimiendo al pueblo saharaui.
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