ECS. Contramutis.
Alfonso Lafarga.
La defensa pacífica de los Derechos Humanos y expresar opiniones en el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí supone sufrir detención, según el último informe de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo.
En el Informe 2020/21 Amnistía Internacional denuncia que durante 2020 en el Sáhara Occidental “continuaron la intimidación, el hostigamiento y la detención de defensores y defensoras saharauis de los derechos humanos por expresar de forma pacífica sus opiniones”.
El informe incluye la información correspondiente a los derechos humanos en el Sáhara Occidental en el mismo apartado que la de Marruecos, donde las autoridades usaron la pandemia para reprimir la disidencia aprobando legislación restrictiva e incoar procesamientos por criticar la gestión gubernamental de la crisis o por incumplir las medidas de emergencia.
De los múltiples casos de saharauis defensores de los derechos humanos que han sufrido la represión de las autoridades marroquíes, Amnistía Internacional cita el de los periodistas Ibrahim Amrikli y Essabi Yahdih.
De Ibrahim señala que fue detenido en mayo en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, y durante más de dos días fue interrogado por su trabajo para la organización de derechos humanos saharaui Fundación Nushatta y que fue golpeado e insultado “reiteradamente”.
Dice AI que fue obligado a firmar una “confesión” de cargos falsos en la que reconocía haber arrojado piedras contra agentes, y que dos días más tarde fue acusado de “infringir órdenes relacionadas con la situación de emergencia sanitaria” y de “ofender a funcionarios públicos”.
Respecto a Essabu Yahdi, fundador de Algargarat Media, AI relata que fue detenido en julio en El Aaiún “arbitrariamente” cuando se personó en la comisaría para obtener un certificado administrativo, y que permaneció recluido durante 10 horas, antes de quedar en libertad sin cargos.
“Posteriormente –continúa- dijo que la policía lo había insultado; amenazado con su “detención, violación y asesinato”, e interrogado sobre la línea editorial de Algargarat y su personal y financiación, así como sobre sus publicaciones personales en Internet, “en concreto sobre una en la que se burlaba de otra que había compartido un parlamentario marroquí sobre el rey”.
Juicios sin garantías
Amnistía Internacional recuerda a los presos de Gdeim Izik: “las autoridades continuaron manteniendo recluidos en prisiones de Ait Melloul y Bouzarkarn, (tambien estan en Kenitra y Tiflet2) en el suroeste de Marruecos, a 19 activistas saharauis condenados en 2013 y 2017 en juicios sin garantías y en los que no se investigaron de forma adecuada las denuncias de tortura”. Agrega que “están recluidos a cientos de kilómetros de sus familias y, debido a las restricciones asociadas a la COVID-19, no les permitían las visitas de familiares”.
En el informe se señala que en octubre la ONU renovó hasta octubre de 2021 el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), “sin concederle un componente de derechos humanos, a diferencia de la mayoría de las demás misiones de mantenimiento de la paz de la organización”.
También cita que en diciembre el Gobierno marroquí firmó un acuerdo con Estados Unidos “por el que accedía a establecer relaciones diplomáticas plenas con Israel a cambio del reconocimiento oficial estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental”.
Respecto al Frente Polisario, “administrador de los campamentos de refugiados saharauis en Argelia”, dice que fue detenida “al menos a una persona por expresar críticas” y que tanto el territorio del Sáhara Occidental como los campamentos del Polisario “seguían siendo inaccesibles para las organizaciones de derechos humanos, lo que dificultó la vigilancia de los abusos contra estos derechos”.
Esto último ha sido negado por el delegado del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi: asegura a Contramutis que las organizaciones de Derechos Humanos tienen acceso a los campamentos saharauis y que jamás han sido vetadas. “Si este año no han ido se ha debido a las restricciones de la Covid-19, como les ha pasado a comisiones médicas y humanitarias”.
En el informe de Amnistía Internacional no se recogen otros casos de la amplia relación de vulneraciónes de los DDHH ocurridos el Sáhara Occidental ocupado a lo largo de 2020: represión de manifestaciones, acoso a destacadas activistas, como Aminetu Haidar, El Ghalia Djimi o Sultana Jaya y su familia; detenciones, secuestros con amenazas y vejaciones, sentencias condenatorias, malos tratos a los presos políticos saharauis… y la expulsión, en febrero, de una abogada española y una delegación de parlamentarios catalanes, como se puede ver en los informes sobre Derechos Humanos publicados a final de cada mes en Contramutis.
Entre las sentencias, varias de ellas a jóvenes, destacan la de Khatri Faraji Dadda, de 21 años, a 20 años de prisión, y la del estudiante Husein Bachir, entregado por España a Marruecos a pesar de haber pedido asilo político, a 12 años.
Un caso llamativo fue el de la niña de 12 años Hayat Moulay Ahmed Sidiya, detenida en la escuela, en El Aaiún, y sometida a torturas psicológicas y físicas, como cantar el himno marroquí, arrodillarse y besar la imagen del Rey de Marruecos y recibir golpes, todo ello por llevar en su bata blanca dibujada una pequeña bandera saharaui.
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