La AECID responde a la petición del Frente Polisario que lo tendrá en cuenta.
En los cinco campamentos saharauis de Tinduf, donde viven más de 173.600 personas según datos de ACNUR, se han registrado 688 casos de COVID-19 y 41 fallecidos.
Alfonso Lafarga.- Contramutis
El Frente Polisario ha solicitado a España ayuda para vacunar contra la COVID-19 a los refugiados saharauis que se encuentran en los campamentos ubicados en el desierto argelino, en Tinduf.
La representación del Polisario en España se ha dirigido a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y a los grupos Socialista y de Unidas Podemos en el Congreso, ante la necesidad de vacunas para proteger a los refugiados.
En los cinco campamentos saharauis de Tinduf, donde viven más de 173.600 personas según datos de diciembre de 2017 del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se llevan registrados hasta el 2 de mayo 688 casos de COVID-19 y ha habido 41 fallecidos, gran parte de ellos en los últimos meses, de acuerdo a la información facilitada por el Comité Nacional saharaui para la Prevención del Coronavirus.
La respuesta de la AECID –adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores-, que en su plan de Estrategia humanitaria 2020-2021 para la Población refugiada saharaui señala que “la respuesta a la pandemia de COVID-19 y a su impacto en los contextos humanitarios podrá ocupar un lugar importante”, ha sido que lo tendrán en cuenta.
Recientemente, el 21 de abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Andorra, subrayó el compromiso “inequívoco” del Gobierno español con el acceso universal a la vacuna para que “nadie quede atrás” y anunció que España destinará a América Latina y el Caribe 7,5 millones de dosis contra la COVID-19, vacunas que se enviarán cuando España llegue al umbral del 50% de población vacunada.
Dos días después, la AECID envió a Brasil un cargamento con seis toneladas de medicamentos destinados a la atención de casos graves de COVID-19 por valor de 450.000 euros, respondiendo a una petición brasileña.
Ante esto, el presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara), Xavier Serra, ha preguntado a Pedro Sánchez por qué la población refugiada saharaui, “con la que tenemos vínculos históricos además de responsabilidades sociales y políticas”, no merece la atención y el compromiso del Gobierno.
En una carta dirigida al presidente Sánchez, CEAS-Sáhara confía en que España asuma el liderazgo en el envío de vacunas para la población refugiada saharaui, “que depende de la ayuda humanitaria internacional para su supervivencia, en especial ante la situación generada por la COVID-19”, y urge al Gobierno a que “facilite la llegada de vacunas suficientes”.
Anteriormente, en julio de 2020, UGT apeló a la responsabilidad del Gobierno para incrementar la ayuda humanitaria y que el pueblo saharaui pudiese enfrentarse a la pandemia, señalando que España “no debe escatimar esfuerzos con un pueblo con el que mantiene históricos lazos de unidad”.
A los campamentos de refugiados saharauis llegaron el 10 de abril 5000 vacunas de la farmacéutica AstraZeneca facilitadas por el Ministerio de Salud Pública de Argelia, país que en mayo del pasado año envió un hospital de campaña con capacidad para 150 pacientes y que fue construido por el ejército argelino.
Mientras tanto, en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos, en ciudades del sur marroquí con población saharaui y en cárceles marroquíes con presos políticos saharauis se siguen violando los Derechos Humanos, con acoso a los activistas saharauis, agresiones, detenciones y juicios sin garantías, como muestra la siguiente relación, aproximada, correspondiente a abril de 2021, según organizaciones sociales y medios de información saharauis y españoles:
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