Marruecos consuma el fracaso de su agenda expansionista: Los eurodiputados vinculan el chantaje migratorio con el Sáhara Occidental.

Sidi Maatala.

ECS. Bruselas. | La presión hecha por el cabildeo marroquí no impidió que la Eurocámara condenase hoy, después de más de 20 años, al estado marroquí por haber usado a menores como ''peones'' del juego político para presionar a un estado miembro de la UE a través de la frontera de Ceuta. 

El Parlamento Europeo se posicionó de forma clara responsabilizando a Marruecos de la crisis migratoria de Ceuta. En una resolución pactada por los cuatro grandes grupos de la cámara se condena el uso que hizo Marruecos de la migración en general y de los menores en particular como instrumento de presión política contra España.

La rabieta marroquí no se entiende sin el Sáhara Occidental, y todos los eurodiputados del grupo de Los Verdes y de Izquierdas denunciaron en cadena la verdadera causa de la crisis migratoria. 

En una intervención durante la votación sobre una resolución que condena a Marruecos por el uso de los menores, el eurodiputado español Pernando Barrena (BILDU) indicó que la reciente crisis migratoria en Ceuta y Melilla, y la reacción exagerada de Marruecos por la entrada del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, en un hospital de La Rioja, demostró que el régimen alauí maneja sus relaciones con amenazas y extorsiones aprovechando la debilidad de la acción exterior de la UE y la desastrosa política de inmigración.

"¿Cómo describiría a un régimen que utiliza a sus niños como medio de chantaje, y cree que puede ser el socio privilegiado de la Unión Europea?", se pregunta Barrena.

El parlamentario europeo advirtió contra el hecho de que la Unión Europea ignore todo lo que está sucediendo, señalando que es hora de activar las cláusulas de derechos humanos en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos y determinar en qué medida los derechos civiles y políticos de los ciudadanos son respetados, además de exigir a la UE que reconozcan a la RASD. 

En el mismo sentido, el eurodiputado español Manu Pineda (Unidas Podemos) dijo durante su intervención en el pleno, que la Unión Europea ''debe defender al Sáhara Occidental y dejar de aceptar el chantaje marroquí'', en una clara referencia al uso chantajista de la inmigración para lograr que la comunidad internacional se pliegue a sus pretensiones expansionistas. Además lanzó otro mensaje al gobierno español, exigiendo ''proteger a Ceuta, Melilla, Islas Canarias y Algeciras de los efectos de la extorsión marroquí y la insolidaridad de algunos estados miembro.''

Por su parte, Jordi Solé (Les Verts/ALE) estimó que "ningún conflicto de soberanía justifica jugar con la vida de familiares y menores con aspiraciones". 

Nada justifica poner en peligro su integridad física. La migración no puede ser utilizada como moneda de cambio en un conflicto diplomático, las autoridades marroquíes han transformado imprudentemente un conflicto diplomático bilateral en un conflicto humanitario con la UE. - Jordi Solé. 

El eurodiputado española fue tajante y, antes de seguir adelante, añadió que también, que“ situaciones como la del Sáhara Occidental siempre aumentan las tensiones.'' insistiendo que "Debemos trabajar para encontrar soluciones acordes a las demandas de Naciones Unidas aplicando el derecho a la autodeterminación del Sáhara Occidental, para ello la UE debe ser más proactiva y ayudar a resolver este conflicto", concluyó.

Los demás eurodiputados también fueron unánimes en la denuncia de los hechos mencionados, acusando abiertamente a Marruecos de "chantaje" y "continuas violaciones de los derechos humanos". Javier Zarzalejos (Partido Popular Europeo) dijo que es "inaceptable que una crisis diplomática se convierta en una estrategia deliberada para desestabilizar las ciudades españolas". “Marruecos ha cometido un grave error y esta resolución lo deja claro.''

Sobre el Sáhara Occidental, la Eurocámara sostiene que la presión de Rabat no le hará cambiar su posición sobre la descolonización del Sáhara Occidental, que "se basa en el pleno respeto del derecho internacional de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y el proceso político dirigido por la ONU para lograr una solución negociada justa, duradera, pacífica y mutuamente aceptable por ambas partes".