Por Lehbib Abdelhay /ECS
Ginebra (Suiza). - Marruecos debe dejar de atacar a los activistas y periodistas que defienden la libertad los derechos humanos en el Sáhara Occidental, así dijo el jueves una relatora de la ONU en un informe.
En respuesta, el embajador de Marruecos ante la ONU en Ginebra, Omar Zniber, expresó en una carta su "gran sorpresa y asombro" por la comunicación de Mary Lawlor, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
Le pidió que, "en aras de la imparcialidad", publicara la información que le había proporcionado "negando categóricamente las acusaciones" formuladas en el informe, que detalle la realidad en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.
Lawlor, que no habla en nombre de la organización, dirigió su carta a la comunidad internacional y recordó los casos de los activistas Naâma Asfari y Khatri Dadda, dos presos políticos saharauis detenidos desde 2010 y 2019, respectivamente, y que cumplen injustamente condenas de 30 y 20 años de prisión en una cárcel marroquí.
La relatora quiso recordar a la administración Biden que el territorio del Sáhara Occidental, es un territorio ocupado sometido a un régimen especial impuesto por Marruecos para reprimir a los saharauis. "Los defensores de los derechos humanos que trabajan en cuestiones de derechos humanos en Marruecos y en el Sáhara Occidental no solo siguen siendo encarcelados injustamente y criminalizados por sus actividades legítimas, sino que además son condenados a penas de prisión desproporcionadas y, mientras están en prisión, son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como a tortura", denunció Lawlor en du informe difundido por la ONU.
La relatora citó informes según los cuales activistas saharauis, periostas y defensores de DD.HH fueron objeto de "intimidación, acoso, amenazas de muerte, criminalización, encarcelamiento, agresiones físicas y sexuales, amenazas de violación y vigilancia".
Por su parte, el embajador marroquí en Ginebra, un poco molesto y confuso por la realidad del informe, confirmó lo denunciado por la relatora Lawlor de que algunas de las personas afectadas "fueron condenadas por la justicia marroquí por graves delitos, incluido el asesinato de miembros de fuerzas del orden".
El jueves, la experta de la ONU mencionó también el caso de la activista saharaui Sultana Jaya y su familia, víctimas de "ataques" por parte de agentes de policía a mediados de mayo en Bojador.
Según el texto, Sultana y Luara Jaya son miembros de la Instancia Saharaui Contra la Ocupación Marroquí (ISACOM), una organización fundada en 2020 para defender el derecho a la autodeterminación de la población saharaui y que trabaja por la liberación de los presos.
El vasto territorio desértico del Sáhara Occidental, una antigua colonia española, está ocupada en su mayor parte por Marruecos, que propone un estatuto de autonomía bajo su soberanía. En 2020, Trump poco antes de dejar la Casa Blanca reconoció el territorio como parte integral de Marruecos.
Pero el Frente Polisario, que lucha por la independencia del Sáhara Occidental, siguen exigiendo un referéndum de autodeterminación inicialmente previsto por la ONU, que mantiene una misión en el territorio desde 1991.
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