Sobre la confusión y ambigüedad de la batalla legal del Frente Polisario.
Redacción
Madrid (ECS). - Frente a las continuas violaciones del derecho internacional en el Sáhara Occidental, el Frente Polisario tiene todo el derecho iniciar una batalla legal en diversas partes del mundo contra el estado de ocupación marroquí y los países o empresas que se benefician a costa del pueblo saharaui. Las decisiones judiciales ratificadas son el verdadero sustento de nuestro caso ante las actitudes perjudiciales de algunos países. Estas decisiones jurídicas contribuyen a torcer el brazo de gobiernos y empresas involucrados en el saqueo y explotación de nuestra riqueza, así como a fortalecer posiciones de simpatía y apoyos a nuestra batalla legal por parte de organizaciones internacionales, partidos políticos, sindicatos y otros (...).
Si estamos dispuestos a sacrificar la sangre de nuestros hijos en el campo de batalla, a promover la excelencia de nuestros líderes militares en posiciones de honor y a ganarnos el heroísmo de nuestras mujeres frente a la maquinaria expansionista de la represión, ¿Cómo podemos lograrlo sin luchar contra el enemigo y llevarlo ante los tribunales internacionales?
A pesar de la firmeza de la orientación dada desde el Programa de Acción Nacional en el marco de los resultados del último Congreso del Frente Polisario, que establece claramente: “Combatir el saqueo sistemático y la explotación ilegal de los recursos naturales del Sáhara Occidental como país ocupado por parte del Reino de Marruecos, Estados y empresas cómplices”. Aunque a la hoja de ruta del gobierno saharaui se le ha recordado anualmente “ampliar y extender la batalla legal a nivel de todos los continentes para repeler a países y empresas, y disuadirlos de saquear la riqueza nacional”, a pesar de todo ese arsenal rector, fue el 12 de junio de 2019, es decir, seis meses antes de celebrarse el Decimoquinto Congreso del Frente Polisario, el último día de la batalla judicial anunciada por el Frente Polisario y que fue contra los injustos acuerdos comerciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Desde aquella fecha, el Polisario no ha disparado un solo tiro al respecto, no ha presentado ninguna denuncia judicial. El reloj legal se detuvo el 12 de junio de 2019. Es como si la explotación y saqueo a gran escala de la tierra y las aguas saharauis concluyera ese día. Aunque hay querellas judiciales y recursos listos a un costo económico que el erario público no pagará ni un centavo, lo único que está esperando es una orden reglamentaria con una llamada telefónica.
¿Por qué sucede esto? ¿Por qué un alto el fuego unilateral en el frente judicial?
Inexplicablemente de la parte afectada. Simplemente porque se tomó la decisión de evitar la presentación de una denuncia judicial en nombre del Frente Polisario, lo que consideramos una decisión equivocada, peligrosa y contraproducente al mismo tiempo.
Recientemente, se presentó una demanda judicial en el Reino Unido el pasado 12 de marzo de 2021, pero esta demanda no la presentó el Frente Polisario, y se presentó a pesar de la oposición y negativa del Frente Polisario a la misma, simplemente por estar a nombre de una asociación británica conocida como “Western Sahara Campaign UK". Lo sorprendente es el hecho de que esta denuncia judicial fuera ocultada a la opinión pública saharaui, ya que no se emitió ni un solo artículo o nota informativa al respecto en los medios oficiales saharauis.
Para ser honesto: la única batalla judicial que ganó la causa saharaui tras la histórica sentencia consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 1975 y la decisión de la Corte Sudafricana en 2018, fue una impugnación legal presentada por la mencionada asociación el 19 de octubre de 2015 y la sentencia judicial definitiva se emitió el 27 de febrero de 2018. En cuanto al caso que fue llevado ante el poder judicial de Nueva Zelanda, tampoco se demandó en nombre del Frente Polisario.
Por lo tanto, a pesar de la decisión política emanada del último Congreso del Frente Polisario, órgano supremo del pueblo saharaui cuyas decisiones se consideran vinculantes y definitivas para todos las instituciones del Frente Polisario, la situación actual sigue siendo de una clara “declaración de impotencia” de presentar denuncias legales contra la ocupación marroquí y sus socios.
Cualquier situación contraria o rechazo a los resultados y recomendaciones del último Congreso del Frente Polisario sigue siendo que el argumento de que toda batalla legal debe detenerse hasta el fallo de la Corte Europea (y nadie sabe cuándo será) lo que es un argumento falso, profundamente erróneo y no hay justificación para el mismo.
La suposición de un abogado de un caso legal en particular no significa que tenga el monopolio absoluto sobre todas las demás batallas legales, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Sin embargo, debido a esta tendencia, incluso las denuncias judiciales que se pueden interponer fuera de la Unión Europea quedan congeladas hasta el fallo pendiente. Lo que es peor que eso, es que nadie tiene el valor de decirle al pueblo saharaui la verdad de la tregua unilateral en el frente legal.
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