La justicia de la UE examina hoy si el nuevo acuerdo de pesca con Marruecos vulnera los derechos del pueblo del Sáhara Occidental.
El Frente Polisario denuncia que el pacto es ilegal porque explota los recursos de los saharauis sin su consentimiento explícito.
Por Lehbib Abdelhay/ECS
Luxemburgo (ECS).- La justicia de la Unión Europea examina hoy si el nuevo acuerdo de pesca de la UE con el Reino de Marruecos vulnera los derechos del Sáhara Occidental. El Tribunal General de la UE se pronunciará sobre la demanda del Frente Polisario contra el bloque europeo al cerrar este pacto con Rabat sin el consentimiento del pueblo saharaui. En concreto, el Frente Polisario se quejan de que se están explotando sus recursos pesqueros, a pesar de que los tribunales de la UE ya avisaron en 2018 que un acuerdo de este tipo se debe hacer con el consentimiento de los saharauis. El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización, pero actualmente está prácticamente ocupado por Marruecos.
El TJUE, tribunal de primera instancia de Luxemburgo, dirá hoy si este segundo acuerdo pesquero que la UE modificó para incluir las aguas saharauis es válido o no. Ahora bien, cualquiera de las partes puede presentar un último recurso ante el TJUE. Es decir, que el litigio puede ir para largo, si Bruselas no da marcha atrás.
Conflicto del Sáhara Occidental.
La UE y Marruecos firmaron un acuerdo de pesca en 2006 que facilitaba, entre otros, el acceso de barcos españoles en sus aguas, pero también a las aguas saharauis. A raíz de las denuncias de la ONG Western Sahara Campaign, en febrero de 2018 el Tribunal de Justicia de UE dictaminó que este pacto no se podía aplicar al Sáhara Occidental porque "conculcaría determinadas normas del derecho internacional" y "en especial el principio a la libre determinación".
Bruselas optó por rehacer el acuerdo e intentar garantizar el acceso a estas aguas. En octubre de 2018 la Comisión Europea propuso un nuevo pacto asegurando que consultaría diversos actores en la zona bajo ocupación de Marruecos para poder cumplir con el requisito que marcaba Luxemburgo: el consentimiento de la población. Sin embargo, el Frente Polisario no participó denunciando que Rabat no tenía autoridad para negociar con Bruselas un acuerdo sobre las aguas del Sáhara Occidental.
El consentimiento, punto controvertido
Con el apoyo del Parlamento Europeo y los Estados miembros, el nuevo acuerdo de pesca se firmó en marzo de 2019. La Eurocámara dio su visto bueno a la consulta que había hecho la Comisión Europea en los territorios saharauis asegurando que el pacto es "beneficioso para a la población local".
En cambio, el Frente Polisario denuncia que las instituciones de la UE le "impidió ejercer su competencia para expresar el consentimiento del pueblo saharaui".
Durante la vista judicial al TJUE en marzo pasado, la Comisión Europea admitió que "la situación actual en el Sáhara Occidental no permite la consulta directa de los interesados, ya que éstas no han podido ejercer su derecho a la autodeterminación y no tienen un gobierno autónomo". "La cuestión de la identificación de los miembros de la población de los territorios no autónomos es, además, una cuestión muy compleja", dijo.
De todos modos, el bloque europeo remarca que se consultó "una amplia gama de organizaciones políticas y sociopolíticas locales y de representantes de la sociedad civil", y también al Polisario. La UE llegó a la conclusión de que el pueblo saharaui estaría a favor de incluir sus aguas al acuerdo porque "no es un asunto político, sino una cuestión de desarrollo económico y social".
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