Ahmed Zain.
En dos entrevistas diferentes con el digital ruso Sputnik, el representante del Frente Polisario en Europa y ante la Unión Europea (UE), Oubbi Buchraya, y el catedrático de derecho constitucional Carlos Ruiz Miguel, director del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental de la Universidad de Santiago de Compostela (España) donde comentaron acerca del posible acuerdo petrolero entre Marruecos y una empresa israelí para la exploración en el mar del Sáhara Occidental. Según afirman, "las consecuencias serán graves sobre el proceso de paz en la región".
Durante la entrevista, Oubbi Bucharaya explicó que "en el caso del lanzamiento de la explotación del bloque atlántico de Dajla por parte de la empresa israelí Ratio Petroleum Partnership, el Frente Polisario utilizará todos los medios legales a su alcance para llevar ante los tribunales internacionales una moción solicitando la suspensión inmediata de esta actividad.''
El 29 de septiembre, día en el que el TJUE anuló los acuerdos UE-Marruecos por incluir al Sáhara Occidental, los medios informaron que el 24 del mismo mes se concluyó un acuerdo de prospección de hidrocarburos entre dicha empresa israelí y la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos (ONHYM). El contrato cubre la exploración del llamado bloque atlántico de Dajla en busca de petróleo y gas.
La información fue difundida el mismo día en que la justicia de la Unión Europea canceló los dos acuerdos agrícolas y pesqueros entre la UE y Marruecos debido a la explotación ilegal de los recursos del Sáhara Occidental. Las dos sentencias rechazan así, una vez más, la supuesta soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, considerado por la ONU como un territorio no autónomo pendiente de descolonización.
Para el representante saharaui, "desde la proclamación unilateral de Donald Trump reconociendo la supuesta marroquinidad del Sáhara Occidental, en flagrante violación del derecho internacional y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, Marruecos se ha beneficiado (...) de sus relaciones diplomáticas con Israel para protegerse política, militar y ahora económicamente (...) para seguir saqueando los recursos del pueblo saharaui.''
Cabe recordar que en febrero de 2002, el Consejo de Seguridad solicitó en un caso similar al entonces Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos y Asesor Jurídico de la ONU, Hans Corell, una opinión jurídica sobre la legalidad de determinados contratos firmados por Marruecos con empresas extranjeras para la exploración de recursos minerales en el Sáhara Occidental ocupado.
Corell fue tajante e indicó en su respuesta que los respectivos contratos, que tratan del reconocimiento y evaluación del petróleo, no implican la explotación o extracción física de recursos minerales. Por lo tanto, concluyó que "los contratos específicos cubiertos por la solicitud del Consejo de Seguridad no eran en sí mismos ilegales".
Sin embargo, la nota subraya que "si las nuevas actividades de exploración y explotación continuaran sin respetar los intereses y deseos del pueblo del Sáhara Occidental, los contratos violarían los principios legales internacionales relacionados con los territorios no autónomos". Algo que ha sido confirmado por el TJUE al no hallar consentimiento del pueblo saharaui para explotar sus recursos tras la ''jugarreta jurídica'' de la Comisión Europea que consultó a organizaciones de los colonos establecidos en el territorio anexado y no a los saharauis.
Para Carlos Ruiz Miguel, "el posible acuerdo entre Marruecos y la empresa israelí en cuestión entra en la misma categoría jurídica de contratos sobre los que se pronunció Hans Corell en febrero de 2002. A tal efecto, si el acuerdo entre las dos partes se limita únicamente a la investigación y actividades de exploración, no será ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. El petróleo y el gas, como lo anuncian los medios de comunicación, la opinión y los intereses del pueblo saharaui deben ser imperativamente tomados en cuenta a la hora de consultar su único, legítimo y representante legal; el Frente Polisario. De lo contrario, este contrato será declarado estrictamente ilegal en lo que respecta a los principios legales internacionales relativos a los territorios no autónomos.''
En el mismo sentido, el catedrático indica que ''en este caso, la ONU podría ordenar la prohibición de la exportación de hidrocarburos producidos en el Sáhara Occidental y retener cualquier embarcación que los transporte para su exportación en aguas internacionales. En ese caso, si el objetivo de este proyecto es exportar petróleo y gas del bloque atlántico de Dajla, la ONU podría detenerlo en seco.''
El Ministerio de Energía, Minas y Medio Ambiente de Marruecos otorgó la semana pasada un derecho exclusivo a la empresa israelí Ratio Petroleum Partnership para explorar casi la mitad de las aguas saharauis, desde la ciudad de Dajla ocupada hasta La Güera, aproximadamente 109.000 kilómetros cuadrados de superficie marina.
Los derechos exclusivos otorgados ilegalmente se refieren a la exploración de agua a 3.000m de profundidad para buscar gas y petróleo. El susodicho acuerdo contiene una cláusula en la que se contempla la formalización de un acuerdo de producción e investigación de hallarse hidrocarburos por la empresa israelí, pasando así a ser una licencia de explotación y producción de petróleo.
Por su parte, la Autoridad Saharaui de Petróleos y Minerales denunció el acuerdo calificándolo de ''un capítulo más en la serie de delitos económicos perpetrados por la ocupación marroquí en los territorios del Sáhara Occidental''. La Autoridad Saharaui recordó el estatus legal del Sáhara Occidental como territorio no autónomo susceptible de ser descolonizado y sobre el cual Marruecos carece de soberanía siendo reconocido por la ONU como fuerza ocupante ilegítima, por lo que los acuerdos firmados carecen de base jurídica como ya afirmó el CJI en su momento en 1975 y más recientemente la sentencias del TJUE en 2016, 2018 y 2021.
En el territorio saharaui se vive en estado de guerra desde que las fuerzas marroquíes intervinieran militarmente en El Guerguerat el pasado Noviembre, desencadenando la ruptura del alto el fuego después de 29 años de paz con el Frente Polisario, advirtiendo éste a todas las empresas y particulares que desarrollan su actividad extractiva ilegal en el territorio a retirarse del mismo por encontrarse éste en conflicto bélico.
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