El movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui adopta una nueva estrategia ante la situación actual en el Sáhara Occidental.


Por Lehbib Abdelhay/ECS

Las Palmas de Gran Canarias (ECS).- En representación de organizaciones de todo el mundo, la Coordinación Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO) celebró su 45ª conferencia en Canarias. Sus miembros acordaron adoptar una nueva estrategia que tenga en cuenta el conflicto armado y los medios para aplicar plenamente el derecho internacional.

La 45ª jornada de la Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO) finalmente pudo celebrarse en Las Palmas, en la isla de Gran Canaria, a pesar de un nuevo brote de Covid-19. Reunidos desde el viernes 10 de diciembre, representantes de asociaciones, diplomáticos y parlamentarios de los cinco continentes tuvieron dos días para desarrollar un nuevo programa de acción. Discutieron adoptar recomendaciones sobre diversos temas, entre ellos la consolidación del estado saharaui, los derechos humanos en los territorios ocupados por Marruecos, el saqueo ilegal de los recursos naturales y otros temas relacionados con la política y la información.

La Guerra y la legalidad internacional en el Sáhara Occidental.

La elección del 10 de diciembre no es fortuita ya que en el que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. "Esta ocasión nos recuerda que los derechos humanos se violan a diario a cien kilómetros de nuestra isla, y que la gente está sufriendo en el Sáhara Occidental por haber reivindicado el legítimo principio de autodeterminación", dijo durante la ceremonia de inauguración Inés Miranda, miembro de la Asociación Internacional de Abogados del Sáhara Occidental.


Al margen de la conferencia, Pierre Galland, presidente del grupo de trabajo EUCOCO, explicó que ''la reanudación del conflicto del Sáhara Occidental el 13 de noviembre de 2020 es un elemento nuevo a tener en cuenta.'' Para él, la vuelta a las armas es "legítima", ya que el Frente Polisario intervino como reacción a una "agresión del ejército marroquí contra la población civil".

"Al atacar a manifestantes civiles en El Guerguerat, el gobierno marroquí violó todos los acuerdos concertados bajo los auspicios de la ONU, en particular el del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Esta situación explosiva obligó al Frente Polisario a encontrar una fórmula para defenderse ya que la ONU no ha hecho su trabajo. Sus líderes han tomado nota del fin del acuerdo de alto el fuego firmado con Marruecos y, por tanto, han decidido reanudar la lucha por la liberación. Esta es una opción legítima reconocida por la Carta de las Naciones Unidas que especifica que las personas victimizadas tienen derecho a elegir los medios que consideren oportunos para defenderse'', subrayó Galand.

Por su parte, Saïd Layachi, presidente del Comité Argelino de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (CNASPS), cree que el conflicto del Sáhara Occidental impone nuevas exigencias a las organizaciones miembros de este movimiento solidario.

"Hay que tener en cuenta esta situación de guerra para adecuar la acción del Movimiento de Solidaridad Internacional. Es una nueva realidad. Así, las demandas del movimiento de solidaridad hacia la ONU, la Unión Africana y la Unión Europea, las denuncias en materia de derechos humanos, la explotación ilegal de los recursos naturales por parte de Marruecos tendrá que presentarse en una nueva forma. Los activistas que acompañan al pueblo saharaui tendrán que ser más exigentes y más resistentes porque es un pueblo que está más que nunca en peligro", señaló Saïd Layachi, que encabeza la delegación argelina en Las Palmas.

Pierre Galland cree que además de la reanudación del conflicto, los equilibrios están cambiando en los últimos meses gracias al recurso de nulidad interpuesto por el Frente Polisario ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el acuerdo de asociación celebrado entre Marruecos y la Unión Europea el 28 de enero de 2019. 

"Es un vuelco total en la propia concepción de la Comisión Europea que, hasta ahora, decidía soberanamente sus relaciones con los demás Estados según sus intereses y no según el derecho internacional. El terremoto es tal que la Comisión también ha alojado un recurso [en apelación] ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que ya no son cuatro jueces los que están llamados a fallar sino 16 jueces para confirmar o invalidar las 513 páginas de la sentencia que se definió el 29 de septiembre. El tribunal tiene unos veinte meses para dictaminar'', indico el galo.

Para el presidente del grupo de trabajo EUCOCO, lo que está sucediendo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es "crucial porque estos magistrados están en el proceso de restaurar el derecho internacional como base de las relaciones entre los pueblos".

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