Agencias
Madrid (ECS).- Compromís ha insistido en su denuncia sobre la venta de armas por parte de España a Marruecos (385 millones de euros desde 1991). Y lo hace esta vez poniendo el foco en el Sáhara Occidental y en la amenaza sobre las dos ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Así, el partido valenciano con representación en las Cortes Generales preguntó al Gobierno si “¿continúa pensando que es buena idea continuar armando a Marruecos como hace España?”, después de una larga recopilación y argumentación que incluía un artículo entero elaborado por edte medio (ECSaharaui), en el que se aseguraba que el presidente, Pedro Sánchez, recibió el pasado mes de noviembre un informe que le alertaba “de la estrategia marroquí para ocupar Ceuta y Melilla evitando una guerra con España”.
Ese artículo a su vez citaba otro, en este caso de un digital marroquí, 'Le Collimateur' y ponía el foco en la visita del ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, a Marruecos el pasado 22 de noviembre: “Todos sabemos que la nación española está en peligro; el lobby judío es el más poderoso e influyente del mundo y, como resultado, el acercamiento entre Rabat y Tel Aviv coloca a Marruecos en una posición de fuerza y aumenta sustancialmente sus pretensiones en la región”, rezaría el informe entregado al presidente del Gobierno, según la información del diario marroquí.
Tras recibir una escueta respuesta, Compromís ha censurado la misma: “una gran parrafada para no decir nada, y permitir que las armas de fabricación en España sirvan para masacrar a la población saharaui”.
Para el grupo valenciano la respuesta significa una defensa de las ventas de armamento a Marruecos por parte del Gobierno central. Pero la “gran parrafada”, que cita Compromís son en realidad dos párrafos:
“El Gobierno de España desea mantener la mejor relación de vecindad posible con Marruecos, socio estratégico. Así, el Gobierno trabaja y seguirá trabajando en los ámbitos de cooperación sobre los que se sustenta nuestra relación con Marruecos, buscando la mejor relación y el beneficio mutuo, y defendiendo siempre los intereses de España.
Por otra parte, se señala que la negociación y firma de un contrato privado entre una empresa española exportadora y un comprador, tanto privado como institucional, no están sometidas a autorización previa en la legislación española. Los controles sobre el comercio exterior e intracomunitario de material de defensa, de otro material y de doble uso se realizan conforme con lo establecido en la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control de comercio exterior de material de defensa y de doble uso, cuya finalidad es la de contribuir a una mejor regulación del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, evitar su desvío al mercado ilícito, y combatir su proliferación, al tiempo que se da cumplimiento a los compromisos internacionales contraídos por España a este respecto y se garantizan los intereses generales de la defensa nacional y de la política exterior del Estado”, es la respuesta íntegra recibida del Gobierno por el senador de Compromís, Carles Mulet.
Y lo cierto es que la Ley 53/2007 que cita si que establece que es preceptiva una autorización administrativa para vender armas desde España a otro país. “Las transferencias de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso previstas en el artículo 1 se realizarán previa autorización administrativa”, recoge el artículo 4 de esa Ley.
Entre las exigencias para la concesión de la autorización está el compromiso de no reexportación del material y que “quede suficientemente garantizado que el destino y el uso final de los materiales, productos y tecnologías se atengan a los límtes de la correspondiente autorización”.
La autorización la debe conceder el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e incluso la propia Ley contempla la creación y composición de una Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso. El organismo está adscrito al Ministerio de Industria, pero en esa Junta da cabida a los de Asuntos Exteriores, Defensa, Economía y Hacienda (entonces estaba unificado) e Interior.
No sólo eso, la Ley prevé un registro obligatorio de las empresas que quieran vender armas y se compromete a remitir cada semestre al Congreso una relación de las armas autorizadas a venderse por países.
Fuente Ceuta Al Día
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