La actuación de la gendarmería marroquí con los migrantes africanos hace preguntarse qué no se hará con los presos saharauis.
La actuación policial sobre los migrantes ha sido grabada y vista en todo el mundo, mientras que de la represión contra los presos saharauis no hay testigos.
El MPPS afirma que la situación de los presos políticos saharauis es insostenible.
Alfonso Lafarga.- Contramutis
Madrid (ECS). - Si la gendarmería marroquí hace lo que todo el mundo ha visto con los migrantes africanos, a los que tira como si fueran fardos, sin importar si están heridos o muertos y a los que sigue golpeando en el suelo, qué no se hará a los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes, donde no hay testigos.
Se lo plantea al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS), que cada lunes se concentra ante la sede de su departamento, en la plaza de la Provincia de Madrid, para pedir que actúe por los presos saharauis, que viven el terror “sin Cruz Roja Internacional, sin abogados, sin ONG que les puedan visitar para dar fe de lo que allí ocurre”.
El MPPS señala que las imágenes de Nador han salido a la luz pública y se ha podido comprobar de qué son capaces los cuerpos de seguridad marroquíes, “la misma policía que tortura y maltrata a los presos políticos saharauis en lugares donde no hay testigos”, y afirma que “cuando los presos políticos saharauis claman por que se conozca su situación es porque es insostenible”.
Insiste el movimiento que España es la potencia administradora de derecho del Sáhara Occidental y que cada día que pasa desde la entrega del Sáhara Occidental a Marruecos, hace casi 47 años, permanece la obligación de reparar la traición a un pueblo hermano, que se decía era español.
Pero España no lo ha hecho y se ha limitado a encomendarse a la ONU, pasivamente, “cuando su obligación exigía otro protagonismo”, “y ahora ha ido más lejos alineándose con la ocupación marroquí”. Ante esto, el MPPS pide que se acate, al menos, el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, relativo a la responsabilidad con los territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, y que se preocupe por los Derechos Humanos de los presos saharauis.
PEDRO SÁNCHEZ HABLA DE DDHH
Precisamente la defensa de los Derechos Humanos, la que organizaciones internacionales denuncian se vulnera continuamente en el Sáhara Occidental, fue planteada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, igual que la de la Carta de Naciones Unidas.
Fue el 28 de junio, cuatro días después de morir 37 migrantes (23 según fuentes oficiales) y producirse decenas de heridos en el asalto a la valla de Melilla, lo que para el presidente del Gobierno fue un caso “bien resuelto”, expresión de la que no se arrepintió hasta el 30 de junio en laSexta , aunque siguió respaldando la actuación de la gendarmería marroquí, como había hecho un día antes en la SER, cuando centró la culpa en las mafias.
Precisamente el 28 de junio, Pedro Sánchez y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordaron una nueva Declaración Conjunta España-EEUU, en la que se cita en cuatro ocasiones la promoción, respeto y defensa de los Derechos Humanos.
Cuarenta días antes, el 19 de mayo, el presidente del Gobierno aprovechó una reunión con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para decir que España incrementó en 2021 la contribución voluntaria para la defensa de los DDHH hasta los 2,75 millones de euros.
Ese día, Pedro Sánchez participó en la una conferencia de la Fundación Mujeres por África, que reunió líderes políticas africanas, latinoamericanas y a responsables de organizaciones internacionales, ante las que aseguró: «No descansaremos hasta que todas las mujeres y niñas puedan disfrutar del pleno ejercicio de los derechos humanos. No cesaremos hasta que eliminemos toda violencia contra las mujeres y las niñas. No pararemos hasta que las mujeres participen en todos los procesos de toma de decisiones».
Cuando hacía esas afirmaciones, una mujer saharaui cumplía más de año y medio presa en su propia casa, sin orden judicial, acosada y maltratada a diario y violada en varias ocasiones por paramilitares marroquíes, lo mismo que su madre y hermana. Su delito, una acción no violenta y de resistencia: levantar a diario la bandera saharaui en la azotea de su casa, en Bojador, en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.
Es el caso de la activista Sultana Jaya, que desde el 1 de junio se encuentra en España en tratamiento médico, para la que partidos políticos y ONG han reclamado la actuación del Gobierno de España. El MPPS lo ha llevado ante el Ministerio de Exteriores, sin que haya habido respuesta alguna. Los DDHH de los saharauis no figuran entre las preocupaciones del Ejecutivo.
En una entrevista, Sultana Jaya mandó un mensaje, “el mensaje de todo el pueblo saharaui”, a Pedro Sánchez: “Su apoyo a la autonomía marroquí es apoyar las violaciones en el Sáhara Occidental, que nos sigan violando y maltratando. El pueblo saharaui es el que tiene que decidir sobre su futuro. El pueblo saharaui es el que está sufriendo en este conflicto”.
Mientras el presidente del Gobierno y líder del PSOE habla en distintos foros de los Derechos Humanos, estos principios se siguen violando en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, especialmente con los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes, como muestra la siguiente relación, aproximada, correspondiente a junio de 2022, elaborada con datos de organizaciones no gubernamentales y medios de información saharauis y españoles.
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