El Partido Popular se sumó al PSOE en 2019 para que el ministro del Interior no tuviese que explicar la entrega a Marruecos de un estudiante saharaui que pidió asilo político en España y que después fue condenado a 12 años de cárcel.
Fernando Grande-Marlaska se libra de una comisión de investigación por la tragedia de la valla de Melilla gracias al PP, aunque afirma que se reserva esta posibilidad si no le convencen las explicaciones que dé en el pleno del Congreso.
Contramutis.-
Madrid (ECS).- El Partido Popular ha salvado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de someterse a una comisión de investigación en relación con los Derechos Humanos por la tragedia de la valla de Melilla, como hizo en otra ocasión al impedir que compareciese en el Congreso de los Diputados por la entrega a Marruecos de un activista saharaui que pidió asilo político en España.
El ministro del Interior no tendrá que comparecer ante una comisión de investigación parlamentaria por lo que ocurrió en la valla de Melilla el 24 de junio pasado, donde murieron al menos 23 migrantes, ya que el PP, Vox y Cs se unieron el 18 de noviembre al PSOE e impidieron que prosperase una propuesta respaldada por Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, Más País y Compromís.
El PP ha dicho que se reserva la posibilidad de la comisión de investigación si no son convincentes las explicaciones que dé el ministro del Interior cuando comparezca el 30 de noviembre en el pleno del Congreso. Grande-Marlaska niega que hubiese muertos en suelo español y afirma que la actuación de las fuerzas de seguridad españolas fue proporcionada ante el violento asalto que se produjo a la frontera con Marruecos, en cuyo suelo afirma tuvieron lugar las muertes.
Sobre la muerte de los migrantes, 23 según las autoridades marroquíes y muchos más según organizaciones de DDHH, hay una investigación de la Fiscalía y otra del Defensor del Pueblo, que ha cuestionado la versión del Ministerio del Interior. Considera esta institución que las imágenes oficiales evidencian que la Guardia Civil tenía conocimiento de la “situación de riesgo” en la que se encontraban los migrantes, la mayoría refugiados sudaneses, que estaban “amontonados” y, en algunos casos, “aplastados” en la puerta de acceso al lado español en el paso fronterizo de Barrio Chino, según un informe del Defensor del Pueblo publicado por elDiairo.es.
El estudiante saharaui que fue entregado a la policía marroquí
El PP se sumó en otra ocasión, en enero de 2019, al PSOE para impedir que Fernando Grande-Marlaska compareciese en el Congreso y diese explicaciones por la entrega a Marruecos del estudiante saharaui Husein Bachir Brahim, que llegó en patera el 11 de enero de 2019 a la isla de Lanzarote huyendo de la policía marroquí por su activismo en defensa de la autodeterminación del pueblo saharaui.
Tres días después, Bachir compareció en el juzgado de instrucción número 4 de Arrecife y en el acta judicial consta textualmente: “Que pide asilo porque es estudiante universitario y activista de derechos humanos, que defiende la autodeterminación del Sáhara y su grupo llamado compañeros de El Luali ha sido perseguido por las autoridades y dos de los integrantes de su grupo han sido asesinados”. A esto se añade: “Si regresa tiene miedo que vaya a ser detenido o asesinado como otros integrantes de su grupo”.
El juez de Arrecife ordenó su ingreso en el CIE de Hoya Fría (Tenerife) y a los tres días, el 17, fue entregado a Marruecos por funcionarios del Ministerio del Interior. Desde este departamento se dijo a Contramutis que Husein Bachir no pidió asilo. Fuentes próximas al caso aseguraron que en lugar de ser llevado a Hoya Fría fue trasladado a Las Palmas de Gran Canaria y desde allí a Marruecos.
En noviembre de 2019 Husein Bachir Brahim fue condenado en Marrakech (Marruecos) a doce años de cárcel, acusado de formar parte del grupo de estudiantes saharauis «El Uali» y participar en el asesinato de un joven marroquí.
La defensa del estudiante saharaui planteó que la única prueba fue un atestado policial con declaraciones autoinculpatorias sin firmar, que el estudiante saharaui negó haber hecho. Según los abogados Pablo Gutiérrez Vega y Ana Sebastián Gascón, que asistieron al juicio como observadores del Consejo General de la Abogacía Española, la Fiscalía no presentó ni una sola prueba o indicio de su participación.
El grupo de estudiantes saharauis conocidos como “compañeros de El Uali”, detenidos en 2016 en Marrakech, fueron condenados por un delito de homicidio a penas de tres años once de ellos y a diez años otros cuatro, en un juicio que no fue público y que se denunció por falta de garantías. Husein Bachir declaró entonces que era juzgado por ser saharaui, defender la autodeterminación de su pueblo y “por querer un Sáhara libre”.
Cuando se produjo la entrega del estudiante saharaui a Marruecos, Unidas Podemos y Compromís, con el apoyo del PNV y ERC, pidieron la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero la impidieron PSOE, PP y Ciudadanos.
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