La palabra “compromiso” que emplean en la declaración conjunta, significa, según la RAE, “obligación contraída” y “palabra dada”.
Lo afirman un régimen denunciado por el Parlamento Europeo y las principales organizaciones internacionales de DDHH y un gobierno que mira para otro lado y guarda silencio ante lo que ocurre en el Sáhara Occidental ocupado.
Alfonso Lafarga.-
Madrid (ECS).- “Obligación contraída” es la primera definición de la Real Academia Española para la palabra compromiso, lo que España y Marruecos dicen tener con “la protección y la garantía de los derechos humanos como base imprescindible para la convivencia democrática”.
Lo afirman los gobiernos de ambos países en el punto número 3 de la declaración que acordaron en la Reunión de Alto Nivel (RAN) celebrada en Rabat y que supuso para Marruecos corroborar y propagar que el presidente de España, Pedro Sánchez, avala la propuesta del rey Mohamed VI de una autonomía para el Sáhara Occidental, un Territorio No Autónomo pendiente de descolonización, según la ONU, que el régimen marroquí invadió a finales de 1975.
Esta “palabra dada” (segunda acepción de la RAE para compromiso) la utilizan, también, en el punto número 20 de la declaración para hablar de “la paz y la estabilidad, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, particularmente en el marco de las Naciones Unidas”.
Se trata de un compromiso que sería encomiable si tuviera credibilidad, lo que resulta muy difícil: Marruecos ha recibido recientemente la condena del Parlamento Europeo por vulnerar los Derechos Humanos y perseguir a periodistas, reprobación que se suma a la de las principales ONG internacionales de DD.HH, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights o Reporteros Sin Fronteras, también las de España, que llevan años denunciando la represión de las autoridades marroquíes contra civiles, especialmente en el Sáhara Occidental ocupado.
Todo esto ocurre sin que el Gobierno socialista haya alzado la voz para condenar esas violaciones de los DD.HH, la que sí levantó en el Parlamento Europeo para votar, junto con la ultraderecha, contra la reprobación a Marruecos.
En otro de los 74 puntos de la declaración, el 21, España y Marruecos expresan “su más profunda condena” de los actos terroristas, y de “cualquier forma de violencia que atente contra los derechos y libertades de los ciudadanos”.
¿Incluye esta condena la violencia contra los derechos y libertades del pueblo saharaui? No lo parece, son atropellados a diario, como fue el caso de la activista Sultana Jaya, que pasó 560 días presa en su propia casa sin orden judicial alguna, sufriendo continuos asaltos a la vivienda, torturas y agresiones, violaciones sexuales incluidas, de paramilitares marroquíes.
Tampoco hace pensar que se refieran al medio centenar de presos políticos saharauis, condenados sin pruebas ni garantías en base a confesiones bajo tortura, según han denunciado juristas internacionales, a los que ya no se permite asistir a los juicios y se expulsa cuando acuden al Sáhara Occidental o a Marruecos.
Los reclusos saharauis, con penas de hasta cadena perpetua, padecen extremas condiciones en cárceles marroquíes, a más mil kilómetros de sus familias. Sus casos han sido denunciados por diferentes organismos de las Naciones Unidas y en campañas internacionales, como la del Observatorio para la Protección de los DDHH, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Surge una pregunta: ¿Ha dicho algo sobre todo esto el Gobierno de Pedro Sánchez, el mismo que se ha comprometido con Marruecos a la protección de los Derechos Humanos y que entregó a la policía marroquí a dos activistas saharauis, uno de ellos a pesar de haber expresado ante un juez su deseo de asilo político en España y el otro pendiente de una solicitud de silo en Francia? La respuesta es NADA.
El Gobierno, que hace gala de que España es un país profundamente comprometidocon los Derechos Humanos, cuya protección y promoción constituye un eje prioritario de su política exterior, aprobó en el Consejo de Ministros del 31 de enero pasado la Estrategia Española de Diplomacia Humanitaria para el periodo 2023-2026, uno de cuyos objetivos es “situar la seguridad humana, incluyendo el cumplimento de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en el centro de la agenda”.
El Ejecutivo asegura que España es uno de los primeros países en contar con una Estrategia de este tipo, lo que hace sea “un actor relevante en materia de protección, prevención y mediación para la población civil”.
Más preguntas: ¿Servirá la Estrategia de Diplomacia Humanitaria para proteger al pueblo saharaui? ¿Quiénes un día fueron españoles y sus descendientes encontraran amparo ante los atropellos del régimen marroquí? Una posible y casi segura respuesta: para lo mismo que la proclamada defensa de los DDHH que hace el Ministerio de Asuntos Exteriores: NADA.
“El compromiso es un acto, no una palabra”, lo dijo el gran teórico de la izquierda Jean-Paul Sartre, el filósofo francés que apoyó la guerra de liberación de Argelia.
En los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos se siguen violando los Derechos Humanos; la siguiente es una relación de algunos hechos ocurridos en enero de 2023, sobre los que no se ha pronunciado el Gobierno socialista, elaborada con datos de ONG y medios de información saharauis y españoles.
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