La defensora de los Derechos Humanos saharaui tenía que renovar el permiso de residencia, concedido por razones humanitarias, todos los años. En 2018 pidió uno permanente, pero le fue denegado.
En Jaén, donde tuvo la residencia antes de trasladarse a Madrid, fue controlada y la policía acudió a su domicilio en varias ocasiones.
El caso va a ser recurrido por la vía judicial.
Alfonso Lafarga.-
Madrid (ECS).- En la denegación del permiso de residencia en España a la activista saharaui defensora de los Derechos Humanos Aminetu Haidar hay una decisión política, afirma su abogada, Fatma El Galia.
Aminetu Haidar tenía un permiso de residencia desde 2007 que debía renovar todos los años, por lo que en 2018 solicito el permiso de larga duración, pero le fue denegado.
Para letrada, nos encontramos ante una decisión política, “pues la fundamentación utilizada carece de toda la lógica jurídica: no hay motivo alguno que justifique la denegación, aducen que se ha solicitado fuera de plazo, cuando no es así; está claro que hay una intencionalidad de denegar”, y anuncia que van a la vía judicial al entender que “son los tribunales los que tienen que dar respuesta”.
Fatma El Galia manifiesta a Contramutis que el caso de Aminetu ha sido tratado desde el inicio de manera distinta, ya que no podía renovar su autorización de residencia en Jaén, donde estaba empadronada, si no era a través de una orden desde Madrid. “La presión que sufrió en Jaén no era normal, fue controlada constantemente para ser preguntada por su empadronamiento», declara.
Relata que a Aminetu se le concedió la autorización de residencia por razones humanitarias, que renovaba sin ningún problema en la misma comisaría de Jaén, donde presentaba un informe médico actualizado. Esto ocurrió hasta 2020, año en el que fue denegada la prórroga de la residencia alegando que había estando más tiempo del permitido fuera de España.
“No se tuvo en cuenta –dice la letrada– que durante la pandemia se aprobó una norma que ampliaba los plazos de las autorizaciones de residencia de las personas que se encontraban fuera y en el caso de Aminetu se daba esa situación. La intención de la Oficina de Extranjería de Jaén al denegar la residencia fue clara, era evidente que había alguna otra razón detrás, porque Aminetu cumplía con los requisitos para que se le renovara y no se hizo así”.
Se presentó un recurso, que fue estimado, y se prorrogó el permiso, pero al año siguiente al acudir a hacer la correspondiente prorroga dijeron que, probablemente, iba a ser denegada.
En este trámite, Aminetu trasladó su residencia a Madrid por cuestiones médicas, ya que se ve obliga a pasar mucho tiempo en la capital de España, donde se empadrona y solicita que trasladen el expediente de Jaén.
“Para nuestra sorpresa –prosigue la abogada–, la autorización de residencia tarda más de un año y cuando llega el expediente, en mayo, deniegan la residencia diciendo que se había solicitado fuera de plazo, entendiendo en Madrid que la fecha de solicitud era en la que se había solicitado el traslado del expediente iniciado en febrero ante la oficina de extranjería de Jaén”.
“Entendemos que es un argumento que no tiene sentido ninguno, carece de toda fundamentación jurídica y lógica lo que se está diciendo y por la tanto es una decisión política, insiste. “Se denegó en mayo, recurrimos ese mismo mes y la respuesta negativa ha sido en noviembre”.
Fue precisamente en noviembre cuando hace 14 años Aminetu inició una huelga de hambre para conseguir volver a su tierra, de donde fue expulsada por las autoridades marroquíes y enviada a Lanzarote. Después de 32 días en el aeropuerto de la isla sin ingerir alimentos, Marruecos cedió y el 18 de diciembre consiguió volver a El Aaiún.
La abogada considera que la negativa a renovar la residencia a Aminetu “es la ampliación de la práctica de la violencia administrativa que está ejerciendo este Gobierno con los saharauis, como ocurre con la nacionalidad y los apátridas, y Aminetu no podía ser menos”. ¿Qué hay detrás? se pregunta, y responde: “Una decisión política”.
Ahora, Aminetu Haidar administrativamente está en situación regular por tener un recurso en trámite, según Fatma El Galia, que añade que “se complica el asunto porque es defensora de los Derechos Humanos y necesita viajar de forma permanente” y “va a depender del criterio de la Oficina de Extranjería, del Ministerio del Interior, el que tenga una autorización de regreso, ya que si sale de España no podría regresar si no es con un visado”.
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