Madrid, 14/03/2017 - El Confidencial Saharaui.
Las organizaciones abajo firmantes. "Manifestamos nuestra preocupación por el sometimiento a un proceso judicial ilegal sin garantías expulsando a observadores internacionales como ha sido ayer (12/03/2017) de Jesús Martín Morillo (Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias) que había sido autorizado por el Consejo General de la Abogacía Española para asistir al juicio contra los 24 presos saharauis de Gdeim Izik al que han denegado la entrada sin motivos ni alegaciones que puedan justificar su denegación a asistir como observador".
Condenan las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de ocupación marroquíes contra la población civil en general y muy particularmente contra los presos políticos saharauis sometiéndoles a un proceso judicial interminable siendo esta ocasión la tercera vez que les sientan delante de un tribunal fuera de los territorios saharauis, lejos de sus familiares y de su propio país, el Sáhara Occidental.
Exigen la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos saharauis de la cárcel de Salé así como todos los detenidos saharauis en las cárceles de Marruecos o asegurar su juicio por la justicia ordinaria en los propios territorios ocupados con las debidas garantías de imparcialidad e independencia, con la presencia de observadores internacionales.
Expresan su solidaridad y apoyo con los familiares de todos los presos políticos saharauis.
Lanzan un llamamiento urgente a la Comunidad Internacional, a las Naciones Unidas, a la Unión Africana, a la Unión Europea, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, a parlamentos, a todas las personalidades y fuerzas defensoras de paz y justicia para que actúen ante el Estado marroquí para que cumpla con la Legislación Internacional vigente en cuando al trato de todos los presos políticos.
Solicitan al Consejo de Seguridad, a su Secretario General de la ONU y del Consejo de Derecho Humanos la creación de un mecanismo independiente de monitorización de los derechos humanos, ya sea a través de la dotación de competencias a la MINURSO para ello o mediante la apertura de una oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos o cualquier otro mecanismo eficaz a tal efecto
Exigimos a España como potencia administradora según Naciones Unidas y responsable directa de todo lo que acontece en el Sáhara Occidental que se implique directamente y exija explicaciones por el atropello de derechos hacia la población saharaui e igualmente al Gobierno colonial marroquí que ponga fin a la represión contra saharauis, facilitando sin más demora el paradero de los cientos de desapariciones y la apertura de los territorios ocupados de la República Árabe Saharaui Democrática a los observadores internacionales y a los medios de comunicación.
El Consejo de la Juventud de España, CJE, y la Unión de Juventud de Saguia El Hamra y Rio de Oro, UJSARIO, siguiendo con gran preocupación las graves y sistemáticas violaciones de Derechos Humanos por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes, y muy particularmente la alarmante situación de los presos políticos saharauis de Gdaim Izik, considerando que todas estas personas, entre ellas destacados defensores de derechos humanos, fueron detenidas arbitrariamente a raíz del desmantelamiento violento de la protesta pacífica en el campamento de Gdeim Izik, el 8 de noviembre de 2010.
Sec. UJSARIO/foto Hamdi Yusuf junto a la responsable de CJE. |
Teniendo en cuenta que han sido condenado saber en un juicio militar, a pesar de su condición civil, y su codena a duras penas de 20 años a perpetuidad, el 17 de febrero de 2013, en violación flagrante de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 1955, considerando igualmente que su detención arbitraria viola los tratados de derechos humanos y los convenios de Ginebra en cuando al tratamiento de los presos en los territorios ocupados, al mismo tiempo denunciamos que fueron objeto de torturas y malos tratos desde el primer día de su detención ilegal, y permanecen en duras condiciones de detención que atenta contra su integridad física y psíquica, algunos en un estado de salud deplorable,
Las organizaciones abajo firmantes. "Manifestamos nuestra preocupación por el sometimiento a un proceso judicial ilegal sin garantías expulsando a observadores internacionales como ha sido ayer (12/03/2017) de Jesús Martín Morillo (Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias) que había sido autorizado por el Consejo General de la Abogacía Española para asistir al juicio contra los 24 presos saharauis de Gdeim Izik al que han denegado la entrada sin motivos ni alegaciones que puedan justificar su denegación a asistir como observador".
Condenan las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de ocupación marroquíes contra la población civil en general y muy particularmente contra los presos políticos saharauis sometiéndoles a un proceso judicial interminable siendo esta ocasión la tercera vez que les sientan delante de un tribunal fuera de los territorios saharauis, lejos de sus familiares y de su propio país, el Sáhara Occidental.
Exigen la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos saharauis de la cárcel de Salé así como todos los detenidos saharauis en las cárceles de Marruecos o asegurar su juicio por la justicia ordinaria en los propios territorios ocupados con las debidas garantías de imparcialidad e independencia, con la presencia de observadores internacionales.
Expresan su solidaridad y apoyo con los familiares de todos los presos políticos saharauis.
Lanzan un llamamiento urgente a la Comunidad Internacional, a las Naciones Unidas, a la Unión Africana, a la Unión Europea, organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, a parlamentos, a todas las personalidades y fuerzas defensoras de paz y justicia para que actúen ante el Estado marroquí para que cumpla con la Legislación Internacional vigente en cuando al trato de todos los presos políticos.
Solicitan al Consejo de Seguridad, a su Secretario General de la ONU y del Consejo de Derecho Humanos la creación de un mecanismo independiente de monitorización de los derechos humanos, ya sea a través de la dotación de competencias a la MINURSO para ello o mediante la apertura de una oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos o cualquier otro mecanismo eficaz a tal efecto
Exigimos a España como potencia administradora según Naciones Unidas y responsable directa de todo lo que acontece en el Sáhara Occidental que se implique directamente y exija explicaciones por el atropello de derechos hacia la población saharaui e igualmente al Gobierno colonial marroquí que ponga fin a la represión contra saharauis, facilitando sin más demora el paradero de los cientos de desapariciones y la apertura de los territorios ocupados de la República Árabe Saharaui Democrática a los observadores internacionales y a los medios de comunicación.
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