Madrid, 23 Abril de 2020. -(ECSAHARAUI)
En mayo de 2019, Amnistía Internacional apoyó acciones judiciales para llevar ante los tribunales al Ministerio de Defensa de Israel y exigirle que retirara la licencia de exportación a NSO Group. La organización alegó que el Ministerio de Defensa pone en peligro los derechos humanos al permitir a NSO que siga exportando sus productos a gobiernos de todo el mundo.
Estos ataques se inscriben en un patrón más amplio de represalias emprendidas en los últimos años por el gobierno marroquí contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente tras la intensificación de la represión del movimiento de protesta en la región del Rif, al norte del país, desde 2016. En la actualidad, los defensores y defensoras de los derechos humanos marroquíes sufren hostigamiento, intimidación y cárcel, y las autoridades recurren cada vez con más frecuencia al uso de leyes represivas contra ellos sólo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en Marruecos y Sáhara Occidental.
Uno de los activistas que fueron blanco del software de NSO, Abdessadak El Bouchattaoui, fue condenado injustamente a dos años de cárcel por un tribunal de lo penal marroquí en abril de 2018 por unos comentarios que publicó en Internet en los que criticaba el uso excesivo de la fuerza por las autoridades durante las protestas del Rif. El activista, que ha pedido asilo en Francia, dijo a Amnistía Internacional que lo habían seguido y lo habían amenazado de muerte reiteradamente, y que a sus familiares y sus clientes los habían hostigado.
Abdessadak El Bouchattaoui describió a Amnistía Internacional el impacto psicológico que supone sentirte bajo vigilancia todo el tiempo: “La vigilancia es un tipo de castigo. No tienes libertad para actuar. Parte de la estrategia [de las autoridades] es hacerte sospechar que te vigilan, y así tienes todo el tiempo la sensación de que estás bajo presión.
En 2015, las autoridades marroquíes acusaron a Maati Monjib y a otras cuatro personas de “amenazar la seguridad interna del Estado” mediante “propaganda” que podría poner en peligro “la lealtad que los ciudadanos deben al Estado y a las instituciones del pueblo marroquí” en virtud del artículo 206 del Código Penal, según los documentos judiciales. De ser declarado culpable, podría ser condenado a penas de hasta cinco años de prisión. Los cargos se presentaron simplemente porque Monjib promovió una aplicación para teléfonos móviles para el periodismo ciudadano que protegía la privacidad de los usuarios.
El juicio aún está en marcha, y se cree que también Maati Monjib ha sido blanco de vigilancia mediante ataques de inyección de su red de telefonía móvil que permiten al atacante acceder a la conexión de red de la víctima para controlar y redirigir las solicitudes web hacia descargas maliciosas. Este tipo de ataques se ejecutan de forma “invisible” en la red y prácticamente no dejan rastro.
El Grupo NSO afirma que su tecnología sólo se utiliza con fines lícitos, como la lucha contra el terrorismo y el delito. La empresa publicó recientemente una política de derechos humanos y asegura tener mecanismos de diligencia debida en materia de derechos humanos para investigar y evitar abusos gubernamentales. Sin embargo, la falta de transparencia sobre las investigaciones respecto al uso indebido de su tecnología pone en tela de juicio estas afirmaciones.
“Los últimos indicios muestran a las claras que en la actualidad NSO no es capaz de evitar que los gobiernos utilicen ilegalmente su tecnología de vigilancia como herramienta para violar los derechos humanos”, ha afirmado Danna Ingleton.
“En vez de intentar encubrir las violaciones de derechos humanos relacionadas con sus productos, NSO debe implementar con urgencia procesos de diligencia debida más eficaces para que sus programas de vigilancia dejen de utilizarse indebidamente.”
Conforme a los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU, NSO Group y su principal inversor, la empresa británica de capital privado Novalpina, tienen la obligación clara de tomar medidas urgentes para garantizar que no están causando abusos contra los derechos humanos en todo el mundo ni contribuyendo a ellos.
Por Salem Mohamed/ECS
● Mientras desarrolladores sospechan que el programa espía "Pegasus" sigue funcionando, la oficina de documentación y seguridad nacional (DGED) no ha confirmado si terminó o no su relación con este software de una compañía israelí.
La empresa israelí NSO Group, muy conocida en le mundo de la seguridad, vende a los servicios secretos marroquíes el 'malware' conocido como Pegasus, quizá uno de los más potentes y peligrosos que atacan tanto a iPhone como a Android. La adquisición se realizó para controlar a los periodistas y militantes en las redes sociales e impedir "El Hirak" (las revueltas el RIF) y las manifestaciones en el Sáhara Occidental, según un informe conjunto presentado en Rabat por una organización nacional y la británica Privacy International.
El Programa Secreto atribuido a la inteligencia marroquí, hace posible espiar los teléfonos inteligentes gracias al software de vigilancia cibernética Pegasus diseñado por la compañía israelí grupo NSO, el mismo que explotó una falla en la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp para tomar el control a los teléfonos móviles.
Según un reciente estudio publicado la semana pasada por Citicen Lab se han encontrado pruebas que Pegasus se ha usado en 45 países del mundo. Aunque por lo que parece España no es uno de ellos, sí que los son países cercanos como Francia, Reino Unido o Marruecos.
Este tipo de 'malware' comercial despierta algo más que recelos entre expertos de seguridad, activistas, políticos y en cualquier persona al que le preocupe su privacidad o la integridad sus datos. “Pese a que es muy costoso un gobierno podría espiar a sus ciudadanos usando Pegasus.
La empresa ahora se enfrenta a varias demandas por el 'malware' que ha desarrollado, aunque NSO Group se defiende diciendo que no son responsables del mal uso que hagan de la herramienta sus clientes, normalmente gobiernos que pagan decenas de millones de dólares por licencia. “Nuestro producto está destinado a ser utilizado exclusivamente en la investigación y prevención del crimen y del terrorismo”, comentó la empresa recientemente al New York Times.
● Mientras desarrolladores sospechan que el programa espía "Pegasus" sigue funcionando, la oficina de documentación y seguridad nacional (DGED) no ha confirmado si terminó o no su relación con este software de una compañía israelí.
La empresa israelí NSO Group, muy conocida en le mundo de la seguridad, vende a los servicios secretos marroquíes el 'malware' conocido como Pegasus, quizá uno de los más potentes y peligrosos que atacan tanto a iPhone como a Android. La adquisición se realizó para controlar a los periodistas y militantes en las redes sociales e impedir "El Hirak" (las revueltas el RIF) y las manifestaciones en el Sáhara Occidental, según un informe conjunto presentado en Rabat por una organización nacional y la británica Privacy International.
El Programa Secreto atribuido a la inteligencia marroquí, hace posible espiar los teléfonos inteligentes gracias al software de vigilancia cibernética Pegasus diseñado por la compañía israelí grupo NSO, el mismo que explotó una falla en la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp para tomar el control a los teléfonos móviles.
Según un reciente estudio publicado la semana pasada por Citicen Lab se han encontrado pruebas que Pegasus se ha usado en 45 países del mundo. Aunque por lo que parece España no es uno de ellos, sí que los son países cercanos como Francia, Reino Unido o Marruecos.
Este tipo de 'malware' comercial despierta algo más que recelos entre expertos de seguridad, activistas, políticos y en cualquier persona al que le preocupe su privacidad o la integridad sus datos. “Pese a que es muy costoso un gobierno podría espiar a sus ciudadanos usando Pegasus.
La empresa ahora se enfrenta a varias demandas por el 'malware' que ha desarrollado, aunque NSO Group se defiende diciendo que no son responsables del mal uso que hagan de la herramienta sus clientes, normalmente gobiernos que pagan decenas de millones de dólares por licencia. “Nuestro producto está destinado a ser utilizado exclusivamente en la investigación y prevención del crimen y del terrorismo”, comentó la empresa recientemente al New York Times.
En mayo de 2019, Amnistía Internacional apoyó acciones judiciales para llevar ante los tribunales al Ministerio de Defensa de Israel y exigirle que retirara la licencia de exportación a NSO Group. La organización alegó que el Ministerio de Defensa pone en peligro los derechos humanos al permitir a NSO que siga exportando sus productos a gobiernos de todo el mundo.
Estos ataques se inscriben en un patrón más amplio de represalias emprendidas en los últimos años por el gobierno marroquí contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente tras la intensificación de la represión del movimiento de protesta en la región del Rif, al norte del país, desde 2016. En la actualidad, los defensores y defensoras de los derechos humanos marroquíes sufren hostigamiento, intimidación y cárcel, y las autoridades recurren cada vez con más frecuencia al uso de leyes represivas contra ellos sólo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en Marruecos y Sáhara Occidental.
Uno de los activistas que fueron blanco del software de NSO, Abdessadak El Bouchattaoui, fue condenado injustamente a dos años de cárcel por un tribunal de lo penal marroquí en abril de 2018 por unos comentarios que publicó en Internet en los que criticaba el uso excesivo de la fuerza por las autoridades durante las protestas del Rif. El activista, que ha pedido asilo en Francia, dijo a Amnistía Internacional que lo habían seguido y lo habían amenazado de muerte reiteradamente, y que a sus familiares y sus clientes los habían hostigado.
Abdessadak El Bouchattaoui describió a Amnistía Internacional el impacto psicológico que supone sentirte bajo vigilancia todo el tiempo: “La vigilancia es un tipo de castigo. No tienes libertad para actuar. Parte de la estrategia [de las autoridades] es hacerte sospechar que te vigilan, y así tienes todo el tiempo la sensación de que estás bajo presión.
En 2015, las autoridades marroquíes acusaron a Maati Monjib y a otras cuatro personas de “amenazar la seguridad interna del Estado” mediante “propaganda” que podría poner en peligro “la lealtad que los ciudadanos deben al Estado y a las instituciones del pueblo marroquí” en virtud del artículo 206 del Código Penal, según los documentos judiciales. De ser declarado culpable, podría ser condenado a penas de hasta cinco años de prisión. Los cargos se presentaron simplemente porque Monjib promovió una aplicación para teléfonos móviles para el periodismo ciudadano que protegía la privacidad de los usuarios.
El juicio aún está en marcha, y se cree que también Maati Monjib ha sido blanco de vigilancia mediante ataques de inyección de su red de telefonía móvil que permiten al atacante acceder a la conexión de red de la víctima para controlar y redirigir las solicitudes web hacia descargas maliciosas. Este tipo de ataques se ejecutan de forma “invisible” en la red y prácticamente no dejan rastro.
El Grupo NSO afirma que su tecnología sólo se utiliza con fines lícitos, como la lucha contra el terrorismo y el delito. La empresa publicó recientemente una política de derechos humanos y asegura tener mecanismos de diligencia debida en materia de derechos humanos para investigar y evitar abusos gubernamentales. Sin embargo, la falta de transparencia sobre las investigaciones respecto al uso indebido de su tecnología pone en tela de juicio estas afirmaciones.
“Los últimos indicios muestran a las claras que en la actualidad NSO no es capaz de evitar que los gobiernos utilicen ilegalmente su tecnología de vigilancia como herramienta para violar los derechos humanos”, ha afirmado Danna Ingleton.
“En vez de intentar encubrir las violaciones de derechos humanos relacionadas con sus productos, NSO debe implementar con urgencia procesos de diligencia debida más eficaces para que sus programas de vigilancia dejen de utilizarse indebidamente.”
Conforme a los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU, NSO Group y su principal inversor, la empresa británica de capital privado Novalpina, tienen la obligación clara de tomar medidas urgentes para garantizar que no están causando abusos contra los derechos humanos en todo el mundo ni contribuyendo a ellos.
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