Amnistía Internacional cuestiona al gobierno marroquí sobre el caso del preso político saharaui saharaui Mohamed Lamin Haddi. La ONG llama a las autoridades marroquíes a respetar las convenciones internacionales de DD.HH relativos a la política de encarcelación.
Por Teresa de Alba/ECS
(ECS). - En una carta dirigida al jefe del gobierno de Marruecos, Saad Eddine El Othmani, Amnesty International (AI) ha vuelto a pedir a las autoridades marroquíes que pongan fin al encarcelamiento en régimen de aislamiento de Mohamed Lamin Haddi, en el que se encuentran desde casi cuatro años junto a otros activistas. La ONG de derechos humanos exige también el acceso inmediato a los servicios médicos necesarios y garantizar que sus condiciones de reclusión cumplan las normas internacionales, en concreto las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela). Las autoridades marroquíes tienen, recalca AI, que garantizar las visitas familiares, a la representación letrada y a que, de acuerdo con las Reglas Mandela –que según la regla 59 las personas presas deben ser asignadas, en la medida de lo posible, a prisiones próximas a sus hogares–, tanto él como los demás activistas de Gdeim Izik sean trasladados a El Aaiún, para que estén más cerca de sus familias. “Le escribo para expresar mi preocupación por la reclusión prolongada en régimen de aislamiento y la falta de atención médica que sufre el activista saharaui Mohamed Lamin Haddi en la prisión Tiflet II de Rabat (Marruecos), así como por el encarcelamiento en régimen de aislamiento de otros activistas de Gdeim Izik”, escribo Amnesty International.
Amnistía Internacional ofrece en su informe más detalles sobre el caso del preso político saharaui saharaui Mohamed Lamin Haddi. “Su situación de salud es delicada tras pasar 69 días en huelga de hambre para protestar por los malos tratos que sufre en la prisión Tiflet II de Rabat (Marruecos) y su reclusión en régimen de aislamiento durante más de tres años”. “En julio de 2017 fue condenado a 25 años de prisión tras un macrojuicio injusto del grupo de “Gdeim Izik”, sobre la base de confesiones obtenidas por medio de tortura”. “El 13 de enero, Mohamed Lamin Haddi se declaró en huelga de hambre para pedir que le permitiera recibir visitas de su abogado y de su familia, y poner fin a su reclusión en régimen de aislamiento. Protestaba también por su traslado a otra prisión tras haber sufrido malos tratos, hostigamiento de las autoridades penitenciarias y falta de atención médica en Tiflet II”, detalla AI.
“El 23 de marzo dijo por teléfono a su familia que, tras 69 días en huelga de hambre, los guardias de la prisión lo habían alimentado a la fuerza por medio de un tubo insertado en la nariz y le habían administrado tres inyecciones de sustancias desconocidas. Según el derecho internacional, la alimentación forzada constituye un trato cruel, inhumano y degradante”. “Mohamed Lamin Haddi explicó también a su familia que durante la huelga de hambre no ha recibido ninguna visita de médicos y que sufría una parálisis parcial del lado izquierdo, temblor de piernas, pérdida de memoria y dolor severo de estómago y de riñones”. “Desde el 17 de septiembre de 2017, las autoridades mantienen a Mohamed Lamin Haddi y a otros activistas de Gdeim Izik recluidos en régimen de aislamiento en la prisión de Tiflet II, a 1.227 kilómetros de sus familias, que viven en El Aaiún, la mayor ciudad del Sáhara Occidental. Mohamed Lamin Haddi permanece solo en su celda, sin contacto con otros reclusos, durante al menos 23 horas diarias. Las visitas familiares a las prisiones han estado prohibidas desde marzo de 2020 debido a las restricciones asociadas a la COVID-19. Incluso después del levantamiento de estas medidas, a la familia de Mohamed Lamin Haddi se le ha impedido visitar su hijo en dos ocasiones, el 1 y el 3 de marzo de 2021”, denuncian en Amnesty International.
¿Quién es el preso aislado desde hace 4 años? Mohamed Lamin Haddi.
Mohamed Lamine Haddi es un activista y periodista saharaui que, en 2010, participó en el campamento de protesta de Gdeim Izik contra las condiciones socioeconómicas del pueblo saharaui. Fue detenido en noviembre del mismo año tras el desmantelamiento violento del campamento. En 2013 fue condenado a 25 años de prisión por cargos de relación y complicidad con una “organización criminal” y participación en actos de violencia contra las fuerzas públicas que causaron muertes intencionadas, en aplicación de los artículos 293, 129 y 267 del Código Penal marroquí. El tribunal militar que lo juzgó junto con otros 24 saharauis no investigó sus denuncias de haber sido obligados a firmar confesiones a través de tortura. Un tribunal civil confirmó su condena en 2017 basándose en declaraciones que él afirmaba haber hecho bajo tortura.
Según su abogado, durante su primer año en la prisión de Tiflet II, sólo se le permitió salir de su celda una vez al día y únicamente durante 15 minutos. Desde entonces sólo puede estar fuera de ella una hora al día como máximo. En invierno no le permiten ducharse con agua caliente, como los demás reclusos, y el 14 de diciembre de 2020 el director de la prisión ordenó confiscar sus objetos personales. Desde que está en Tiflet II, Mohamed Lamine Haddi tiene prohibidas las visitas de su abogado, y en marzo de 2020 se prohibieron las visitas familiares.
El contexto de la COVID-19 no justifica la prohibición de las visitas familiares durante tanto tiempo. El 16 de enero de 2021 su abogado escribió al fiscal del rey y al director de la prisión de Tiflet II para pedir que se abriera una investigación sobre sus condiciones de reclusión. Ninguno de los dos respondió. Antes de declararse en huelga de hambre, Mohamed Lamine Haddi dijo a su abogado que prefería morir a soportar las condiciones de Tiflet II.
Otros dos activistas de Gdeim Izik presos, Sidi Abdallah Abbahah y Bachir Khadda, se encuentran también recluidos en régimen de aislamiento en Tiflet II, a 1.227 kilómetros de sus familias, que viven en El Aaiún.
En los últimos años se ha vuelto cada vez más difícil el acceso de observadores internacionales al Sáhara Occidental, a medida que la situación de los derechos humanos ha seguido deteriorándose. El Consejo de Seguridad de la ONU ha hecho oídos sordos a las peticiones de Amnistía Internacional y otras organizaciones para que se incorpore un componente de derechos humanos a la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), lo que le permitiría observar e informar sobre abusos contra los derechos humanos.
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