Laya abandona Exteriores de España, pero dejó algunas declaraciones que hay que reflexionar.

"Muy poca gente sabe que España sigue teniendo responsabilidades en la antigua colonia Española, (Sáhara Occidental). Es una situación curiosa, nos fuimos pero no entregamos la soberanía", recalcó Laya.

Por Lehbib Abdelhay/ECS

ECS. Madrid. | Días antes de su salida del gobierno de Pedro Sánchez, la ministra de asuntos exteriores de España, Arancha González Laya, en la que será su última entrevista con un medio de comunicación, se sumió a la posición de su socio en el gobierno de coalición, Unidas-Podemos, así como al sentir de gran parte de la sociedad española, recordando e insistiendo la responsabilidad de España en la génesis del conflicto saharaui y el sufrimiento de su población que dura hasta el día de hoy. 

En la misma línea, en respuesta a las pretensiones marroquíes sobre Ceuta y Melilla, que salen a flote siempre que hay tensiones, la ministra destituida no ha titubeado en mostrar su rotundo rechazo a negociar sobre las ciudades autónomas. En una entrevista con el diario El Correo, Laya aseguró que España no entregó la soberanía del Sáhara Occidental y que la responsabilidad de Madrid en el territorio es trabajar de manera constructiva con Naciones Unidas para encontrar una solución definitiva para un contencioso que es uno de esos que necesitan una respuesta de la comunidad internacional. "Muy poca gente sabe que España sigue teniendo responsabilidades en la antigua colonia. Es una situación curiosa, nos fuimos pero no entregamos la soberanía", recalcó Laya.

"Nuestra responsabilidad en el Sahara es trabajar de manera constructiva con Naciones Unidas con miras a llegar a una solución definitiva a una disputa que es de las que requiere una respuesta de la comunidad internacional", añade.

Vamos a tener momentos difíciles" con Marruecos, admitió Laya.

La ministra de Asuntos Exteriores de España se negó a calificar como "un error" la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. "Fue un gesto de ayuda a una persona que estaba en un estado de salud crítico, no es la primera vez que esto ocurre en nuestro país. Pero no hay que entender su llegada más allá de eso", asevera. En el mismo sentido, afirmó que España está obligada a buscar construir una relación de buena vecindad con Marruecos "porque vivimos en una era de cooperación, y esto significa que para proteger nuestros intereses, valores y ciudadanos, tenemos que cuidar de proteger los intereses y valores de nuestros vecinos", sentencia.

“Estas relaciones a veces pasan por momentos difíciles, y esta no es la primera vez, pero debemos tratar de superar la crisis a través del diálogo y el respeto mutuo. El siglo XXI no es un siglo de independencia ni de dependencia, es un siglo de interdependencia, y este es un asunto complicado, pero hay que superarlo", recalca.

Al ser preguntada sobre la posibilidad de que los dos enclaves españoles de Ceuta y Melilla puedan ser objeto de negociaciones con Marruecos, Laya respondió: ''No (rotundo), absolutamente no." 

Estas declaraciones poco habituales vienen después de la visita del Secretario General de la ONU, António Gutérres, a Madrid y Valencia, donde se reunió con el presidente Pedro Sánchez y con la canciller González Laya.

El Sáhara, una herida abierta que sitúa a España ante su responsabilidad como antigua potencia colonial.

El Gobierno de España y Marruecos conocen bien sus intereses y evitan siempre confrontarse. En la mitad del problema está el Sáhara español (Sáhara Occidental), una ex colonia de España que se siente en estos días el abandono por la potencia administradora del territorio ante los marroquíes.

Cuarenta y seis años se cumplirán en los próximos dos meses de uno de los episodios más sonrojantes de la política exterior española. La Marcha Verde orquestada por el entonces rey de Marruecos, Hasán II, empujó al Gobierno todavía franquista a ordenar la retirada del Sáhara Occidental -territorio sobre el que España ejercía un protectorado desde principios del siglo XX-, abandonándolo para siempre a su suerte en lo que supuso tanto una humillación militar como una traición a los saharauis.

Las sucesivas resoluciones de Naciones Unidas han sido taxativas al exigir la libre determinación del pueblo saharaui. Y desde el alto el fuego de 1991 alcanzado entre el Polisario y Marruecos, todas las vías de negociación tienen un único objetivo: la celebración de un referéndum con un censo pactado entre las partes.

Pero la consulta sigue sin llegar, y la actitud de dominio e intransigencia del régimen marroquí cada vez la hacen más inviable. Entre otros motivos porque, como denuncian las autoridades saharauis exiliadas en la vecina Argelia, el proceso de marroquinización de la antigua colonia española es tal que hoy en día la población autóctona apenas representa el 20% del total -el resto son, sobre todo, marroquíes obligados o favorecidos por las autoridades de ocupación a instalarse en la región-. Eso sí, casi 200.000 saharauis siguen malviviendo en los campamentos saharauis en el suroeste de Argelia.

Marruecos desoye sistemáticamente los mandatos de la ONU porque la estrategia única del régimen marroquí pasa justamente por dejar que pasen los años para que aumente el hecho consumado de la ocupación. Rabat explota los recursos estratégicos e impone a la población local una política represiva que tiene como peor cara el encarcelamiento de decenas de presos políticos. España "está al corriente" de todos los "casos de violaciones de los Derechos Humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, incluidos casos de trato degradante y tortura", pero España se encoge de hombros y guarda silencio.

España, aunque siempre abogue por una solución dialogada entre las partes, debe hacer frente a sus responsabilidades históricas. No hay que olvidar que, jurídicamente, España sigue siendo la potencia administradora del territorio, puesto que su abandono no supuso cesión de soberanía. Por ello, y por pura justicia histórica, el Gobierno -tanto el actual como los que vengan- está obligado a desplegar toda la diplomacia y ejercer presión para que el referéndum se lleve a cabo antes de que ya resulte sencillamente imposible.