Agencias
Madrid (ECS).- La eurodiputada principal que dirige una investigación sobre el software espía Pegasus acusó a la Comisión Europea de ignorar la "grave amenaza para la democracia" que representa el uso ilegal de la tecnología, y a los gobiernos de no cooperar con su investigación.
La eurodiputada liberal holandesa Sophie in ‘t Veld aseguró en un informe que había detectado uso ilegal de spyware en Polonia, Hungría, Grecia y España y sospechas sobre Chipre, mientras que otros estados miembros de la UE facilitaron softwares espía.
Acusó a los gobiernos europeos de no cooperar con su investigación, que está a cargo de un comité especial del Parlamento Europeo para investigar el uso ilegl de Pegasus, el software de piratería vendido por la empresa israelí NSO Group también a países fuera de la Unión Europea como Marruecos.
Al publicar su informe preliminar el martes, la eurodiputada acusó a la Comisión Europea, el organismo responsable de hacer cumplir la ley de la UE, de silencio ante una amenaza grave a la democracia. “La Comisión está muy decidida a luchar contra los ataques a la democracia desde el exterior”, dijo, citando su plan de acción para la democracia y su respuesta a la toma de control de Twitter por parte de Elon Musk. El comisario del mercado interior de la UE, Thierry Breton, había dicho en la plataforma que "en Europa, el pájaro [Twitter] volará según nuestras leyes".
La eurodiputada agregó: “Pero cuando la amenaza a la democracia no es un extraño lejano sino los propios gobiernos de los estados miembros de la UE, la comisión de repente considera que la defensa de la democracia europea ya no es un asunto europeo, sino un asunto de los estados miembros. La comisión muestra fuerza a Musk, pero guantes de terciopelo a los estados miembros que usan software espía contra sus ciudadanos”.
El comité Pegasus del parlamento europeo, el comité de investigación que investiga el uso ilegal de Pegasus y software espía de vigilancia equivalente, se creó en marzo de 2022 después de que 17 medios de comunicación revelaran el uso generalizado de software de piratería por parte de los gobiernos, incluidos varios estados miembros de la UE.
La investigación se basó en análisis forenses de teléfonos y una base de datos filtrada de 50.000 números potencialmente de interés para los clientes de NSO, incluido el del presidente francés, Emmanuel Macron, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, además de otros funcionarios y figuras de la oposición y periodistas en 34 países.
El software espía convierte efectivamente los teléfonos de las personas en dispositivos de vigilancia sin su conocimiento, copiando mensajes, recopilando fotos y grabando las llamadas.
La eurodiputada pide que se prohíba la venta, adquisición y uso de spyware dentro de la UE a menos que los estados miembros puedan cumplir condiciones estrictas que garanticen el uso adecuado de la tecnología. Las condiciones incluyen garantizar que haya investigaciones sobre el presunto uso indebido de spyware y contar con un marco legal en línea con la legislación europea de derechos humanos.
Para usar el spyware, los estados miembros de la UE también tendrían que cooperar con la Europol y revocar las licencias de exportación que no cumplan con las regulaciones de la UE destinadas a controlar las tecnologías peligrosas que se venden a regímenes represivos.
Reconoció que cualquier respuesta se toparía con la oposición de los líderes de la UE y sus ministros. El consejo de ministros de la UE se ha negado a responder preguntas del comité especial de Pegasus sobre el uso de spyware. Una carta al que ha tenido acceso The Guardian y fechada el 12 de octubre afirmaba que la supervisión de la legislación de la UE era tarea de la comisión, sin dar respuesta a ninguna pregunta. “Algunos gobiernos están abusando del software espía, otros todavía se están comportando correctamente, pero todos ellos usan el pretexto de la seguridad nacional para crear un área de anarquía”, lamentó la ponente.
En Polonia, el informe concluyó que el spyware era “una parte integral y vital de un sistema diseñado específicamente para la vigilancia y el control ilimitados de los ciudadanos”.
El uso de Pegasus en Polonia salió a la luz por primera vez en diciembre de 2021, después de que Associated Press, con investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, informara que el software se había utilizado contra al menos tres personas, incluido Krzysztof Brejza, un senador polaco quien dirigía la campaña del partido opositor Plataforma Cívica.
En Hungría, unas 300 personas han sido víctima del software Pegasus, incluidos activistas políticos, periodistas y un exministro del gobierno, según el medio de comunicación húngaro Direkt 36, uno de los grupos de medios involucrados en la investigación. El gobierno de Budapest solo confirmó en noviembre pasado que había adquirido el software espía Pegasus, después de meses de evasión.
En Grecia hubo indicios de que se utilizó software espía de “manera muy sistemática y a gran escala”, dijo la eurodiputada. Según informes basada en los medios de comunicación griegos, el informe afirma que al menos 33 personas habían sido atacadas, "un asombroso quién es quién en la política, los negocios y los medios".
El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha confirmado que el líder de la oposición, Nikos Androulakis, fue atacado por spyware, lo que describió como un error que nunca debería haber ocurrido. El informe de in 't Veld afirma que Androulakis presentó una denuncia oficial sobre un intento de infectar su teléfono con el software espía Predator, una alternativa más económica que Pegasus.
Mientras tanto, en España, el informe sugirió que había un sistema de justicia de dos niveles, con el caso de presunto espionaje del primer ministro, Pedro Sánchez, avanzando mucho más rápido que los casos contra el gobierno español presentados por líderes del movimiento independentista de Cataluña. Se cree que los teléfonos de Sánchez y los de sus ministros de Defensa e Interior han sido pirateados por el gobierno de Marruecos.
Este informe preliminar ha sido expuesto por la ponente de la Comisión Pegasus del Parlamento Europeo, Sophie in 't Veld. Además, también pone en el punto de mira al Gobierno español en el caso de espionaje a independentistas catalanes. "El Gobierno español probablemente fue el primer cliente de la Unión Europea del grupo NSO (creadores de Pegasus)", remarca el informe.
Marruecos ha negado haber espiado a algún líder extranjero con Pegasus y ha dicho que los reporteros que investigan a NSO son “incapaces de demostrar que [el país tenía] alguna relación” con esa empresa.
El presidente catalán, Pere Aragonès, dijo que el informe confirmaba que el Estado español había espiado a decenas de figuras independentistas catalanas simplemente porque están “trabajando por la libertad de su región”.
El expresidente catalán Carles Puigdemont, otro objetivo de Pegasus, dijo que los hallazgos del informe mostraban que España “espía y viola los derechos humanos fundamentales”.
Puigdemont, que huyó a Bélgica para evitar ser detenido por su papel en el referéndum independentista catalán unilateral celebrado hace cinco años, dijo: “El espionaje masivo, descontrolado e ilegal es muy grave, pero lo es aún más si se lleva a cabo por un estado protegido por la Unión Europea.”
El informe concluyó que Chipre era un “importante centro europeo para la industria de la vigilancia”, lo que arrojó dudas sobre las negaciones de Nicosia de que la empresa israelí detrás de Pegasus, el Grupo NSO, tuviera una subsidiaria en el estado miembro de la UE.
Bulgaria, Irlanda, la República Checa y Luxemburgo fueron nombrados como países que facilitan el negocio de la industria del spyware.
Sin embargo, el informe aún no ha sido respaldado por los otros 37 miembros del comité Pegasus del parlamento europeo. El presidente del comité, el eurodiputado holandés de centroderecha Jeroen Lenaers, se distanció del informe de in 't Veld y dijo que su "primer borrador" no debe entenderse como las conclusiones del grupo. “Solo el informe final y las recomendaciones, tal como se adoptaron al final del período de actividad, representan la posición del Parlamento Europeo en su conjunto”.
La Comisión Europea rechazó la acusación de que había sido débil frente a una amenaza a la democracia. “La comisión siempre tiene claro que cualquier intento de los servicios de seguridad nacional de acceder ilegalmente a los datos de los ciudadanos, si se confirma, incluidos periodistas y políticos, opositores políticos, es inaceptable”, dijo un portavoz. Y añade: “Los estados miembros deben supervisar y controlar sus servicios de seguridad para garantizar que respeten plenamente los derechos fundamentales, incluida la protección de datos personales, la seguridad de los periodistas y la libertad de expresión”.
El Grupo NSO ha dicho que emprenderá acciones legales contra los clientes que violen sus acuerdos. “Una vez que exista la sospecha de que un cliente hace un uso indebido de la tecnología vendida por NSO, la empresa investigará y rescindirá el contrato, si se determina que es cierto”, dijo la firma israelí en diciembre pasado en respuesta a acusaciones similares de piratería del gobierno.
La firma israelí anunció en agosto que nombraría a un nuevo director ejecutivo dentro de la firma, ya que prometió "garantizar que las tecnologías innovadoras de la compañía se utilicen para fines legítimos y dignos".
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